Por Victoriano Martínez
Sea durante los nefastos gobiernos del pasado o en el actual gobierno autoproclamado del cambio, la fiscalización sobre el uso de los recursos públicos ni ha servido para inhibir las malas prácticas en la administración del erario, ni mucho menos para recuperar los recursos sobre los que se presume que existieron irregularidades, sino todo lo contrario.
Se trata de una de las más grandes y costosas mascaradas con las que los integrantes de la administración pública se lavan las manos y muchas otras cosas para proyectar la imagen de ser servidores públicos que trabajan por ser cada vez más eficientes al administrar los impuestos con honradez.
No obstante, la relación entre el monto de las irregularidades detectadas y los de los resarcimientos logrados hablan por sí solos, y aunque podrán manejar cifras con las que quizá logren impresionar a más de uno, no soportan ni una somera revisión sobre sus alcances.
Si el órgano fiscalizador, se llame Auditoría Superior del Estado (ASE) o Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), trabajara para inhibir las malas prácticas, los montos de las irregularidades no se habrían incrementado en los últimos cinco años auditados en un 155.65 por ciento.
La ASE, IFSE o como se pueda llamar, tendrá siempre en el manejo de esas cifras sobre irregularidades montos lo suficientemente grandes para impresionar como una institución fiscalizadora capaz de detectar tantas fallas.
Este año, el IFSE reporta 2 mil 782 millones 057 mil 385.46 pesos entre pliegos de observaciones y solicitudes de aclaración como resultado de las auditorías a la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2022.
Impresionante: casi tres mil millones de pesos. Más impresionante: en uno de cada cinco pesos revisados encontraron irregularidades, Es decir, de una muestra de 14 mil 081 millones 733 mil 348 pesos, encontraron irregularidades en la aplicación de 2 mil 782 millones 057 mil 385.46 pesos.
Claro, el sabueso que busca las fallas no falla. Pero más importante que detectar las fallas resulta que esas acciones abran paso a consecuencias sobre quienes incurren en ellas como una forma de evitar que las vuelvan a cometer.
De ese lado las cifras también son impresionantes, pero en sentido opuesto: increíble que de cada cien pesos sobre los que se detectan irregularidades se logre el resarcimiento, la recuperación, de apenas algunos centavos.
Del total de irregularidades por un total de 2 mil 782 millones 057 mil 385.46 pesos, sólo se logró el resarcimiento de 2 millones 463 mil 120 pesos, es decir, 9 centavos de cada cien pesos. Pero eso se maneja como dato accesorio que esperan que pase inadvertido… o que sólo se tome suelta la cifra de 2 millones 463 mil 120 pesos, que podría llegar a impresionar a algún despistado.
El crecimiento en los montos observados da cuenta del nulo trabajo preventivo del órgano fiscalizador, en tanto que la reducción constante de los resarcimientos, por un lado, explica por qué no se inhiben las malas prácticas y por el otro exhibe la poca efectividad del IFSE para proteger la integridad del erario.
Aun así, la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado determinó que el IFSE realizó la función de fiscalización con apego a las disposiciones constitucionales legales y normativas aplicables en la materia.
O sea, si se llama Contaduría Mayor de Hacienda, Auditoría Superior del Estado o Instituto de Fiscalización Superior del Estado resulta irrelevante, porque el resultado es el mismo: simular que se busca eliminar malas prácticas, cuando la primera que tendría que eliminarse es esa práctica simuladora que alienta el crecimiento de aquellas.
