Por Victoriano Martínez
A las 0:30 horas de este 2 de junio, el ganador de la elección judicial estatal es… ¡el acordeón de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (SEDESORE)!
De acuerdo con el avance de los trabajos de escrutinio y cómputo de la Elección del Poder Judicial del Estado publicado por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC), los 15 candidatos a magistrados del Supremo Tribunal de Justicia (STJE) con el mayor número de votos coinciden con los indicados en los acordeones de la SEDESORE.
En la última semana de campañas, pero de forma más marcada en los tres días de veda electoral, la que debía ser una elección entre candidatos individuales se volvió, por obra y gracia de los acordeones, en una competencia de esfuerzos por parte de partidos políticos y servidores públicos por coaccionar el voto con las guías calificadas como ilegales por el INE.
Así, la campaña que finalmente se perfila para definir la conformación del STJE se dio en los tres días previos a la elección, cuando entraron a operar las estructuras de movilización y manipulación políticas propias de las elecciones de los poderes Ejecutivo y Legislativo y exhibieron su nula vocación democrática, como en cada elección.
La efectividad de la operación de la SEDESORE se incubó desde el 4 de octubre de 2021, apenas una semana después de la llegada de Ricardo Gallardo Cardona a la gubernatura, cuando se empató la estructura de los apoyos sociales de esa dependencia y del DIF estatal con la estructura electoral.
En plena jornada de votación, desde diversos puntos de la ciudad, como las colonias Jardines del Sur, El Paseo, Rutilo Torres y Central, se denunció el reparto de acordeones por parte de personas relacionadas con la entrega de apoyos sociales del gobierno estatal a cargo de la SEDESORE.
El INE, acordó una medida cautelar de carácter inhibitoria que determinó que la distribución de acordeones constituye un acto de campaña al promover e inducir que se vote por determinados candidatos y rompe con la veda electoral. Es justo lo que hizo la SEDESORE.
Además, constituyen actos con apariencia de delito que tendrían que ser investigados y sancionados por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FISEL), dado que deriva en un acto de coacción del voto, sancionado por la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
De los partidos políticos que hayan intentado inducir el voto, entre los que los más visibles fueron Morena y Movimiento Ciudadano, y la operación del gobierno de Gallardo Cardona a través de la SEDESORE, no extraña que busquen coaccionar el voto.
Lo hacen siempre con campañas avasallantes que anulan cualquier posibilidad de voto razonado para imponer el ejercicio de un voto emocional manipulado, al extremo incluso de groseramente comprarlo.
Los candidatos que, hasta el avance del cómputo de las 0:35 horas de hoy, aparecen como beneficiarios de esa ilegal movilización con acordeones, tan solo por esa muy difícil coincidencia, se vuelven sospechosos de complicidad con una acción que no sólo atenta contra los principios democráticos, sino que al hacerlo, constituye una injusticia.
Un saldo positivo del proceso electoral extraordinario se puede considerar que fue el hecho de poner en la agenda pública la conformación del Poder Judicial y conocer un poco de los efectos que puede tener el origen de los personajes que lo encabezan.
Un ejemplo: Para los habitantes de Noria de San José, la elección judicial adquiere relevancia, genera inquietud e impulsa a la participación por el hecho de que Alberto Leija López, el abogado que orquestó con la empresa American Industries el desalojo violento de habitantes de la comunidad, sea candidato a magistrado federal en el Estado.
Si como abogado particular pudo atentar contra esa comunidad, ¿qué podrá hacer como magistrado? Desde la perspectiva de las víctimas la elección judicial representa la oportunidad de intentar evitar que lleguen personajes con ese tipo de antecedentes… o por lo menos denunciarlos durante el proceso.
Si los candidatos, como en el caso del STJE, aparecen entre los mayor votados por la difícil coincidencia de formar parte del grupo promovido ilegalmente por servidores públicos del gobierno estatal y aceptan un cargo impulsado por un acto injusto, ¿de verdad se puede confiar en que actuarán con justicia?
Los primeros magistrados electos en el Estado ¿también van a ser los primeros en pervertir –por acción (ser cómplices) o por omisión (tolerar un acto ilegal)– el proceso y están dispuestos a llegar a ocupar el cargo viciados de origen?
