Por Victoriano Martínez
Todo diálogo implica, además de los datos que pudieran intercambiarse, actitudes que definen las posturas de las partes que, ante la falta de información, se convierten en los primeros indicadores sobre lo que realmente haya ocurrido en un encuentro.
Con un comunicado con el título “Gobierno del Estado y SUTSGE inician diálogo” y dos fotografías en las que aparece Bernardina Lara Argüelles, lideresa de los burócratas, con dos colaboradoras, frente a Gallardo Cardona flanqueado por José Guadalupe Torres, secretario de Gobierno, y Noé Lara Enríquez, oficial Mayor, el gobierno estatal mostró su urgencia por difundir el encuentro.
La permanencia del plantón del SUTSGE frente al Palacio de Gobierno, al menos hasta el momento de la elaboración de este texto, sin señales de movimientos para su retiro, confirman que el gobierno de Gallardo Cardona no podía presumir más que el inicio del diálogo, por mucho que hubieran preferido comunicar la solución del conflicto.
El escaso contenido que revela el comunicado sobre lo conversado en el encuentro, centrado totalmente en una versión en la que pareciera que sólo los funcionarios tuvieron intervenciones, deja ver la incomodidad que seguramente les causaron los planteamientos de Lara Argüelles, quien se distingue por una férrea defensa de los intereses de sus agremiados.
Dados los acontecimientos y pronunciamientos durante los 34 días que lleva el plantón del SUTSGE, que se afirme que el propósito del encuentro sea “mantener un canal de comunicación vigente, actual y fluido, en el cual se establezcan las necesidades del Sindicato y la forma en que el Estado puede resolvérselas” tiene un tufo a tratar de imponer antes que acordar.
Si a ese tono se le añade que el comunicado destaca la necesidad de evitar los plantones “que a nadie benefician” y de los que “San Luis Potosí ya está cansado” como condición previa para agregar un “sin embargo estamos conscientes de que deben respetarse los derechos de las y los trabajadores”, se exhibe un afán restrictivo para quienes pretendan cualquier reivindicación.
“El resultado fue tener un contacto directo en el que se estará trabajando constantemente a partir de este momento, por lo cual se espera que en breve se den los acuerdos necesarios entre ambas partes”, es el sexto y penúltimo párrafo del comunicado que describe con precisión el alcance de lo que realmente ocurrió: prácticamente una sesión de pesaje previo a la pelea.
El tono del comunicado y la forma tan profusa como se distribuyó a los medios de comunicación que, en un número elevado, reprodujeron palabra por palabra, sólo dan cuenta de la actitud de incontinente promoción que caracteriza al actual gobierno, que presenta como grandes logros todo arranque de obras, aunque no cuenten con proyectos que puedan hacer públicos.
Dosificar información con claros fines de proyección de imagen no sólo viola el artículo 134 de la Constitución, sino que además resulta un atentado en contra del derecho a la información que, más allá de configurar un gobierno en la opacidad, lo hace acumular actos con los que procura hacer creer a la población ofrecer concesiones y beneficios que no lo son tanto.
