Ex titulares de Salud obtendrían libertad por 55 mdp; ya pagaron 30

Abelardo Medellín

Los ex titulares de los Servicios de Salud de San Luis Potosí que actualmente están vinculados a proceso, podrían salir libres si pagan 55 millones de pesos por reparación del daño, de los cuales ya se pagaron 30 millones, reveló el fiscal general del Estado, José Luis Ruíz Contreras.

Explicó que hasta el momento se ha recibido un pago parcial de 30 millones de pesos al Gobierno del Estado a través de una cuenta que proporcionó la Fiscalía General del Estado (FGE) y comentó que esta tarde se revisaría con la defensa de Miguel Ángel N. si también en esta cantidad se encuentra su pago por la reparación del daño.

“Sí, tenemos aproximadamente 30 millones de pesos, estamos revisando con la Secretaría de Finanzas también esa parte y con los Servicios de Salud que son la parte ofendida”, comentó.

El fiscal explicó que, de concluir los pagos por la reparación del daño que ascienden a 55 millones de pesos, es probable que se libere a los ex funcionarios, tal como lo anunció desde ayer el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

El fiscal también reveló que fueron los ex servidores públicos los que propusieron realizar el pago por la reparación del daño, por lo que actualmente se estudia la forma de solución, ya sea parcial o definitiva.

“Esperemos que en el transcurso de los días se realice el pago total, no va a obtener su libertad si no pagan el total de la reparación del daño”.

Pese a que se ha decidido liberar a los ex secretarios por la suma de 55 millones de pesos, el fiscal afirmó que no se tiene el cálculo de qué porcentaje de esa suma deberá pagar Miguel Ángel N.

Al respecto de si no se emprendería una penalización administrativa o de inhabilitación contra los ex funcionarios que podrían recibir su libertad, el fiscal explicó que este tipo de sanciones corresponden a otra materia.

“La inhabilitación no impide que también pueda solucionarse el caso en nuestro sistema (…) no quedan exonerados. Este sistema permite diversas formas de solución; la postura de la Fiscalía es imponer una pena y en su momento accederán a ciertos beneficios que la propia ley establece, siempre y cuando paguen la reparación del daño”.

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