Angélica Campillo
A pesar de que los integrantes del colectivo Voz y Dignidad celebraron la reforma a la Ley de Personas Desaparecidas en San Luis Potosí por parte del Congreso del Estado, consideraron que aún falta modificar el Código Civil en esta materia.
El pasado 18 de noviembre el pleno del Congreso del Estado aprobó el decreto que expide la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares, y del Sistema Estatal de Búsqueda de Personas en la entidad, a fin de armonizarla con la legislación federal, que entró en vigor el 16 de enero del 2018, hace casi cuatro años.
El fin de esta legislación es establecer la forma de coordinación entre las autoridades estatales y municipales para implementar las acciones de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas, esclarecer los hechos, prevenir, investigar, sancionar y erradicar los delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, así como los delitos vinculados que establece la Ley General.
Se constituirá un Sistema Estatal de Búsqueda para que, al igual que su similar nacional, obligue a diversas instituciones estatales y municipales a colaborar activamente con las acciones y estrategias de búsqueda que emprenda la Comisión Estatal.
Además, se integrará la Unidad de Atención a Personas Desaparecidas y Extraviadas (UAPDE) y la Coordinación de Alerta Amber, con presencia en todo el estado.
De igual forma, se implementarán las bases de datos siguientes: el Banco Estatal de Datos Forenses, el Registro Estatal de Personas Fallecidas y No Identificadas, el Registro Estatal de Fosas y el Registro Administrativo Estatal de Detenciones.
Se creará la Unidad Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos en Materia de Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición Cometida por Particulares de la Fiscalía General del Estado (FGE), encargada de la investigación y persecución de los delitos de desaparición forzada de personas y la cometida por particulares, de acuerdo con el modelo federal.
Asimismo, se aprobó integrar acciones para que en los casos en los que a partir de la denuncia de desaparición presentada hayan transcurrido tres años, de acuerdo con lo establecido en el artículo 651 del Código Civil, se pueda expedir la declaración de presunción de muerte, siempre y cuando los familiares de las personas desaparecidas así lo consideren, lo cual fue propuesto por los diputados integrantes de los grupos parlamentarios de los partidos Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT).
En ese sentido, los integrantes de Voz y Dignidad por los Nuestros A. C. se mostraron emocionados por dicha reforma, ya que era una demanda de las familias de las personas desaparecidas, la cual se había detenido por trámites administrativos, ya que el tema no era considerado como un problema.
“No había ni cómo llamarles, y aún sigue siendo un problema porque, aunque jurídicamente se establezca una declaración especial de muerte, en los corazones no cabe que estén sin vida. La particularidad es que cada persona o familia, a su bien lo solicite porque habrá quien no quiera que se le considere como una persona presuntamente muerta; simbólicamente pesa mucho”, señalaron.
De acuerdo con el colectivo, hay entre 250 y 300 familias en busca de una persona desaparecida en el estado de San Luis Potosí y cada una tiene su particularidad.
A su consideración, está pendiente la reforma al Código Civil para que estos trámites se puedan dar con mayor facilidad y, además, falta “ponerle más dientes” a la Comisión Estatal de Búsqueda y a la Mesa Especializada de Búsqueda de la Fiscalía General del Estado para homologar sus atribuciones a nivel nacional y, sobre todo, en los apoyos para los familiares de las personas desaparecidas que no están claros, puesto que no existen lineamientos específicos.
Si bien, últimamente, el colectivo ha recibido varias amenazas del crimen organizado, no van a desistir hasta encontrar a sus familiares.
4 jóvenes desaparecidos desde hace 12 años
El 12 de octubre de 2009, familiares de los jóvenes Moisés Gámez Almanza, Luis Francisco Medina Rodríguez, Julio César Coronado Noriega y Marco Antonio Coronado Castillo presentaron denuncias por su desaparición, ante la entonces llamada Procuraduría General de Justicia del Estado (hoy Fiscalía General del Estado).
En ese entonces, la Procuraduría dio a conocer que la última vez que se les ubicó fue cuando salían de una fiesta de XV años en una discoteca localizada en la avenida José de Gálvez, en la colonia Jardines de Oriente, el 9 de octubre de 2009.
Los cuatro jóvenes apoyaban la campaña del candidato a la gubernatura por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Fernando Toranzo Fernández, hecho que fue mediáticamente conocido como “los desaparecidos de Toranzo”.
Al respecto, María del Carmen Almanza Baruch, madre de Moisés Gamez Almanza aseveró que quitarle a su hijo fue el “pago” del exgobernador priista, “pero no quitamos el dedo del renglón, encontremos lo que encontremos, seguimos con la lucha”.
Lamentó que transcurridos 12 años de la desaparición de su hijo y de los tres jóvenes más, no haya avances en el caso, “seguimos igual porque el caso lo hicieron político y a la gente que nos quiere ayudar la desaparecen”.
De igual forma, criticó que, como gobernador, Toranzo Férnandez nunca recibió a los familiares de los cuatro jóvenes, ni tampoco lo hizo su esposa María Luisa Ramos, “ese fue el pago que me dieron, quitarme a mi hijo”, recalcó la madre de Moisés Gámez.
