Fernanda Durán
Entre prórrogas y mesas de trabajo que no se llevan a cabo, las iniciativas como la interrupción legal del embarazo, la “Ley Malena” y otras en materia de feminicidio o delitos contra menores siguen “congeladas” en las comisiones del Congreso del Estado, mientras las y los diputados esperan que la creación de la nueva Ley Orgánica y el Reglamento Interno puedan acelerar los procesos, aunque esa reforma también tiene más de cuatro meses en comisión.
El diputado Rubén Guajardo Barrera, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), afirmó que los temas detenidos en el Congreso forman parte de las áreas de oportunidad detectadas por el legislativo en las que buscan desempeñarse de mejor manera, por lo que trabajan en el proyecto para emitir una nueva Ley Orgánica del Poder Legislativo en este sexto periodo ordinario, por lo que las propuestas legislativas seguirán el mismo curso que hasta ahora.
“Es que tenemos comisiones que tienen cuellos de botellas, que tienen una carga de trabajo mayor. Lo que es Puntos Constitucionales, Gobernación, Justicia, Hacienda del Estado, entre otras. Lo que estamos buscando que estas comisiones puedan trabajar de una forma más eficiente”.
Sin embargo, en agosto del año pasado el proyecto que pretende la reingeniería del Congreso comenzó su desarrollo en la Comisión de Puntos Constitucionales con asesores y la presidencia, con 20 iniciativas —una de ellas de la Jucopo— entre las que se adicionan comisiones legislativas, pero actualmente no se ha entregado un dictamen final ni desarrollado mesas de trabajo en torno al tema.
La promesa de las mesas de trabajo con instituciones ha perdurado desde hace ocho meses en cuanto al análisis de las iniciativas sobre la despenalización de la interrupción del embarazo en San Luis Potosí a sólo seis meses para que finalice la LXIII Legislatura y con las titulares de algunas comisiones apunto de pedir licencia por el proceso electoral 2024, como la presidenta de la Comisión de Justicia, Cinthia Segovia Colunga, y de la Comisión de Derechos Humanos, Gabriela Martínez Larraga.
En esta legislatura recibieron dos paquetes de iniciativas: una de la Colectiva ILE, que tienen el objetivo de establecer la interrupción legal del embarazo; y la otra del Frente Marea Verde, a fin de “garantizar el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, por medio de las reformas a la normativa vigente, que criminaliza la decisión de interrumpir de manera voluntaria el embarazo”.
Desde marzo de 2023, la diputada Martha Patricia Aradillas presentó la iniciativa de la “Ley Malena” para reconocer y sancionar las lesiones por ataques con ácido o cualquier sustancia corrosiva, la cual ha caducado y el 16 de marzo vence su segunda prórroga de tiempo para su análisis en la Comisión de Justicia.
Hace seis meses, la diputada Lidia Vargas Hernández presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado conocida como la “Ley Ingrid”, en la que establece sanciones a la persona servidora pública que exponga, difunda, entregue, revele, publique, copie, transmita, reproduzca, remita, distribuya, videograbe, audio grabe, fotografíe, filme, comercialice, oferte, intercambie, copie o comparta imágenes, audios, videos, documentos, información, indicios, hallazgos del hecho, evidencia, objeto alguno relacionado con un procedimiento penal que obren en una carpeta de investigación de un hecho o hechos que la ley señale como delitos.
La propuesta que pretende adicionar el artículo 342 BIS al Código Penal del Estado y también turnada a la Comisión de Justicia ya cuenta con una prórroga, que vencerá el 13 de abril.
De igual forma, otras iniciativas de las diputadas Lidia Vargas y Aranza Puente con las que se pretende establecer la perdida de la patria potestad por el delito de feminicidio: una con modificación al artículo 135 del Código Penal del Estado; y otra al artículo 293, cuentan con prórroga vencida o próxima a vencer en la Comisión de Justicia.
Mientras que hay casos donde la iniciativa se ha retirado antes de su votación en el Pleno, en más de tres ocasiones, como la propuesta para establecer la imprescriptibilidad de los delitos cometidos contra libertad sexual, seguridad sexual y el normal desarrollo psicosexual contra menores de 18 años o personas que no tengan la capacidad para comprender el significado del hecho.
