Desiree Madrid
A pesar de que la Ley Santi permanece sin ser dictaminada por el Congreso del Estado, sus impulsores aseguraron que mantienen la confianza en que durante los próximos tres meses pueda construirse una propuesta consensuada que permita fortalecer el marco legal en materia de movilidad y seguridad vial en San Luis Potosí.
La postura surge después de que el Tribunal Electoral del Estado ordenara al Poder Legislativo resolver la iniciativa en un plazo determinado, tras reconocer la omisión en el tratamiento de la propuesta ciudadana.
Durante una rueda de prensa, los activistas fueron cuestionados sobre la falta de prioridad que, a su juicio, han recibido las reformas relacionadas con movilidad por parte de las autoridades y del Congreso local. La pregunta se dio en el contexto de los señalamientos realizados previamente por integrantes de la Comisión de Movilidad y Transportes, quienes han señalado que el tema permanece pendiente mientras no existan mayores acercamientos para su discusión.
Ante ello, Josué Santiago sostuvo que actualmente existe una oportunidad para que las autoridades trabajen de manera coordinada con una sociedad civil que ha demostrado capacidad de organización y participación en temas urbanos.
Consideró que uno de los principales obstáculos para impulsar transformaciones en la movilidad es que muchas de las medidas necesarias implican redistribuir el espacio público históricamente destinado al automóvil, una decisión que suele generar resistencias políticas y sociales.
El activista señaló que los colectivos y organizaciones ciudadanas están dispuestos a respaldar las decisiones que permitan construir calles más seguras y accesibles para todas las personas. Como ejemplo, mencionó la necesidad de contar con entornos urbanos que privilegien el tránsito peatonal, con espacios arbolados y condiciones adecuadas para caminar, similares a las que pueden encontrarse en algunos corredores emblemáticos de la ciudad.
Santiago explicó que la prioridad debe centrarse en evitar muertes y lesiones por siniestros viales, por lo que deben darse recursos e intervenciones hacia los puntos donde actualmente se concentra el mayor riesgo para peatones, ciclistas y usuarios vulnerables de la vía pública.
En ese sentido, defendió la implementación de acciones puntuales en cruceros conflictivos mediante estrategias de urbanismo táctico y “acupuntura urbana”, como una forma de generar cambios graduales sin esperar grandes proyectos de infraestructura.
Por su parte, Claudio Aldrete afirmó que los promoventes de la Ley Santi mantienen una expectativa positiva respecto al proceso legislativo que deberá desarrollarse durante los próximos meses.
Señaló que el objetivo no es imponer una redacción específica de la iniciativa, sino abrir espacios de trabajo que permitan incorporar observaciones y construir una legislación funcional para el estado.
“No tiene que ser tal como metimos la ley”, expresó Aldrete, quien consideró que tanto el Congreso del Estado como el Gobierno estatal tienen elementos valiosos para enriquecer el contenido de la propuesta.
Añadió que la administración pública cuenta con experiencia sobre la ejecución de políticas de movilidad y seguridad vial, aspecto que puede resultar fundamental para garantizar que las disposiciones legales sean aplicables en la práctica.
Finalmente, el activista sostuvo que los impulsores de la iniciativa privilegiarán el diálogo institucional antes que la confrontación política, por lo que buscarán reuniones con diputadas y diputados para revisar el contenido de la propuesta y generar acuerdos que permitan su aprobación.
