Por Victoriano Martínez
Hoy es el décimo día del mes y, si lo que dicen las leyes, sus reglamentos y lineamientos se cumpliera, a partir de hoy cualquier persona podría consultar en la Plataforma Estatal de Transparencia (y en la nacional también) las declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscales de los servidores públicos del estado.
A los servidores públicos se les venció el plazo para presentar su 3 de 3 el pasado 31 de mayo, y, de acuerdo con los Lineamientos para la Difusión, Disposición y Evaluación de las Obligaciones de Transparencia Comunes y Específicas de los Sujetos Obligados, hoy ya tendrían que estar publicadas.
No obstante, este lunes, día límite según la fracción IV del séptimo lineamiento, ninguna dependencia ha hecho públicas las declaraciones patrimoniales, ni en el portal de la Contraloría General del Estado, donde se concentran todos los documentos de los servidores del Poder Ejecutivo.
En el caso del portal de la Contraloría General del Estado, desde 2016 se publican las tres declaraciones en una versión que corresponde al formato desarrollado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), organización que promovió el movimiento a favor de la difusión de la #3de3.
Paulatinamente se ha ampliado la difusión de la información y las mayores deficiencias corren a cargo de los servidores públicos que, en algunos casos, omiten información al llenar los formatos. De 2016 aparecen sólo 165 declaraciones #3de3, para 2017 la cantidad se disparó a 3 mil 195 y en 2018 llegó a 3 mil 237.
Hoy tendrían que estar publicadas ya todas las declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscales conforme a la fracción IV del séptimo lineamiento, pero como lo que en la administración pública prevalece es la opacidad, desde la propia CEGAIP encontrarán un argumento para saltarse ese lineamiento que ellos mismos aprobaron.
“Las declaraciones, de situación patrimonial, fiscal, y de intereses se publicarán año con año, a más tardar quince días después de ser presentadas por el servidor público ante el órgano competente”, dice el último párrafo del lineamiento trigésimo segundo. Ya está. Todavía tienen unos días más para mantener ocultos esos documentos.
La opacidad gana cinco días más, pero como la opacidad prefiere computarlos en días hábiles, todas las declaraciones tendrán que estar publicadas hasta el 21 de junio, sin importar que dice “después de ser presentadas por el servidor público”. Esto implicaría que desde el pasado viernes ya tendrían que estar publicadas las declaraciones presentadas antes del 20 de mayo.
Si aparecen publicadas hasta el 21 de junio, significará que todos los servidores públicos presentaron sus declaraciones el viernes 31 de mayo.
Independientemente del tiempo que retrasen la publicación de los documentos, la opacidad está asegurada, sólo con una leve ventana que representan los formatos del bien llenados y presentados en la página de la Contraloría General del Estado.
Los que publica el resto de las dependencias que se limitan a seguir el mal ejemplo de versión pública que de esas declaraciones les da la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP): un formato testado prácticamente en su totalidad. Publicarlo como sugiere la CEGAIP y no hacerlo da lo mismo.
Las declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal constituyen así el más claro ejemplo de vocación de opacidad, comenzando por el organismo garante de la transparencia, porque con esos documentos ni cumplen los plazos legales para hacerlos públicos y sí, en cambio, nulifican el sentido de la obligación de difundir esos documentos al testarlos por completo.
