Por Victoriano Martínez
Alejandro Fernández Montiel fue declarado culpable de violación específica agravada en perjuicio de un menor de edad bajo la tutela del Estado, lo que representa una determinación del Tribunal de Enjuiciamiento Colegiado que pone en la agenda pública la urgencia de pagar una deuda con un amplio sector de menores de edad considerados como hijos del Estado o niños institucionalizados.
Paradójicamente, la defensa de Alejandro Fernández Montiel –hoy ya plenamente identificable por haber sido declarado culpable y quedado atrás la presunción de inocencia– con su burda intención de desacreditar a la víctima aportó elementos para visibilizar los graves riesgos que enfrentan los menores de edad en la estructura institucional que debería de protegerlos.
El juez relator de la determinación del Tribunal expuso que la forma en que la defensa señaló al menor de edad como agresivo, abusivo y manipulador sólo reveló la ineficacia de las instituciones para cuidar de un infante con esas características.
Es decir, las pruebas que la defensa aportaba para demostrar que la víctima no pudo tener un desarrollo normal de la personalidad, lejos de hablar mal del menor afectado demostraban el fracaso de las instituciones que debieron garantizarle ese desarrollo, pero poco tenían que ver con el hecho concreto que pretendían controvertir.
El juez relator calificó esa demostración de la defensa como la descripción de un “estado fallido”. El de las circunstancias vividas por la víctima de Fernández Montiel se vuelve así un preocupante botón de muestra de verdaderas historias de terror que viven los hijos del Estado.
Nunca faltará un funcionario o servidor público que, como Fernández Montiel, se pueda aprovechar de la confianza que inspiran desde la posición formal casi de benefactores de aquellos niños que les toca la desgracia de vivir situaciones, por cualquier circunstancia, de abandono u orfandad.
Tampoco el funcionario o servidor público que, como Fernández Montiel, cuente con recursos y relaciones para pretender acomodar los hechos a su interés, aunque siempre también puede ocurrir que cometan errores como el detectado por los jueces: los testigos que intentaban situar al imputado en un lugar diferente lo colocaban en dos lugares distintos a la misma hora.
Afortunadamente también habrá jueces que, en un fluir de presiones que dejaban ver un juicio con irregularidades, aplazamientos y demás indicios de cierto favoritismo para el imputado, al final no cedan y actúen conforme a lo que les dicte su sentido de la justicia, lo que habrá de quedar plasmado y debidamente justificado en la sentencia que habrá de ser pública en los próximos días.
Una sentencia que es muy posible que la defensa de Fernández Montiel recurra a la siguiente instancia para intentar revertirla, de acuerdo con los publicado por Marco Polo Méndez Alonso en su página de Facebook: “El Tribunal nunca tiene la última palabra”.
En su derecho está el recurrir a la revisión de la determinación del Tribunal para el caso específico. Independientemente, lo expuesto en las 18 audiencias que se llevó el juicio en poco más de cuatro meses, incluso desde la perspectiva de los juzgadores, ha abierto el expediente de la necesaria corrección del fracaso de las instituciones encargadas de la protección de la niñez.
El de Fernández Montiel es una muestra de que el historial de fracasos lleva décadas, pero en las últimas semanas se ha tenido noticia de que las condiciones en las que viven los hijos del Estado cada día son más graves.
El suicidio de Arely, una niña de nueve años en la Casa de Salud Mental “Nuestra Señora del Carmen”, ubicada en la colonia Mártires de la Revolución y la denuncia por violación de tres menores en el Centro de Asistencia Social Rafael Nieto, adheridos al DIF estatal, son dos ejemplos más que deberían encender una alerta máxima.
Toda una vida sometido a abusos y a una cadena de atrocidades, más tres años para que se le comience a hacer justicia, es lo que le ha tocado a la víctima de Fernández Montiel, ¿cuántas historias similares o con otro tipo de agravios han ocurrido y están ocurriendo si quienes conocen el trabajo del DIF estatal consideran que el servicio se ha degradado aún más en el último año?
Es loable que los jueces Francisco Pablo Alvarado Silva, Carlos Alberto Ávalos Hernández y Javier Pérez Contreras no hayan cedido a las presiones que resultaban tan evidentes. Ahora el foco debe estar puesto en corregir ese “estado fallido” del que habló el juez relator para evitar las atrocidades contra ese grupo vulnerable y hacer real y efectiva la protección del interés superior de la niñez.
