Adriana Ochoa
El espectáculo es grotesco, pero en la política los gestos de la mezquindad suelen hacerse pasar por “estrategia”. Hay gobernantes que convierten la arena pública en un baratillo de vanidades donde las acciones y las obras de infraestructura urbana -esa que le cambia la vida diaria al ciudadano de a pie- no se mide en metros de concreto ni en fluidez vehicular, sino en ganancia de sus colores partidistas.
El diferendo entre el gobernador Ricardo Gallardo Cardona y el alcalde capitalino Enrique Galindo Ceballos ha rebasado los cauces del forcejeo institucional para instalarse en una lamentable exhibición de vanidades. El mecanismo de asfixia es tan pedestre como efectivo: el Gobierno del Estado, parapetado tras la Contraloría General, mantiene un bloqueo sistemático a la obra pública del Ayuntamiento.
No importa que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) haya ordenado a la dependencia estatal pronunciarse en un plazo perentorio de cinco días sobre las solicitudes de “no objeción” de 14 proyectos municipales. En el papel, la burocracia estatal dice haber liberado los expedientes; en los hechos, la maniobra continúa: demoras deliberadas, observaciones improcedentes que invaden atribuciones técnicas y un tortuoso laberinto administrativo maquinado para paralizar al rival.
El caso del fraccionamiento Villa Magna sintetiza con precisión quirúrgica el absurdo. El Ayuntamiento licitó la construcción de un paso elevado sobre el Río Santiago para desahogar una zona sofocada por el tráfico. La respuesta del mandatario estatal no fue la coordinación institucional, sino el despliegue del baladroneo habitual: anunciar una obra propia en el mismo punto exacto. Ante el amago, el alcalde Galindo ha ofrecido una tregua pragmática: si el Estado arranca y ejecuta el gran distribuidor prometido, la capital retira su proyecto y destina esos recursos a otra carencia. El problema estriba en que confiar en la palabra empeñada del gobernador requiere un acto de fe que la hemeroteca desaconseja por completo.
Sobran antecedentes de la volatilidad y la ligereza con que el Ejecutivo estatal empeña y retira sus compromisos. El 12 de abril de 2024, Gallardo acudió entre pompas al Campus Pedregal de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) a dar el banderazo para el reforzamiento de la Torre 2 de la Facultad de Ciencias. Ahí, entusiasmado, prometió a los estudiantes un gimnasio y el estacionamiento. El despliegue de generosidad se financió con saliva: las obras se ejecutarían -aseguró- con la partida presupuestal federal que su administración recibiría ese año para la universidad. La realidad posterior fue la de siempre. Pasado el entusiasmo del micrófono, las obras no se realizaron, pero los recursos federales adeudados tampoco llegaron a las arcas universitarias y jamás se transparentó si el dinero fue devuelto a la Federación como exige la norma. En el expediente de la UASLP quedó constancia de un estilo de gobernar que confía en que el ruido de hoy tape el incumplimiento de mañana.
El riesgo de que en Villa Magna ocurra exactamente lo mismo es real. Mientras la Contraloría desacata en la práctica los mandatos del máximo tribunal del país y el gobernador disputa el territorio como si fuera un feudo personal, la ciudadanía recibe trato de público cautivo en la promesa y la necesidad de aplauso para las causas políticas del mandante.
México cruza por un momento de agudísima polarización donde la distancia entre la clase política y los problemas cotidianos -la inseguridad, el desempleo, los servicios públicos colapsados- se ensancha cada día. La abstención o el voto resignado por el “menos peor” no son fallas de la cultura democrática; son la respuesta visceral de una sociedad que sabe que, gane quien gane, su vida seguirá siendo complicadísima.
Cuando la labor de gobernar se reduce a boicotear al vecino para evitar que cuelgue una medalla, el Estado entra en una fase de degradación moral alarmante. San Luis Potosí no necesita berrinches de poder ni retórica electoralista; requiere viaductos, agua, seguridad y un mínimo de decencia institucional. Que la Suprema Corte tenga que venir a recordarle a una Contraloría estatal cuáles son sus límites es la prueba palmaria de un aparato gubernamental que ha decidido poner el rencor político por encima del bienestar común.
ROLLOS SUELTOS
REVÉS ANUNCIADO. La Suprema Corte de Justicia tiene ya el proyecto de dictamen a la controversia que presentó el gobierno federal contra el Gobierno del Estado de San Luis Potosí y el Congreso local. El tema es que nuestros diputados aprobaron en la Ley de Ingresos del Municipio de Villa de Reyes que el ayuntamiento de esa localidad pudiera cobrar impuestos sobre “plantas, sub-estaciones (sic) eléctricas, transformadores” y “vías de ferrocarril”, así como sobre “postes, estructuras, torres” y “paneles solares”. El Gobierno del Estado se lleva su parte por publicarla. En el dictamen se declara la invalidez de las fracciones, en el artículo 22 de esa Ley de Ingresos del Municipio de Villa de Reyes, que disponen esos cobros.
DESATINO COMPLETO. La pretensión de cobro sobre instalaciones de abasto eléctrica, vías de ferrocarril, paneles solares y postes es obvia: el ayuntamiento de Villa Reyes ya se ve sacándole dinero al gobierno federal bajo esos conceptos por el tren proyectado Querétaro-San Luis. Solo la Federación puede regular y gravar todo lo relacionado con energía eléctrica y vías generales de comunicación, pero lo pasaron por alto a la hora de establecer el cobro. Además de su ignorancia constitucional y avidez recaudatoria, ayuntamiento, diputados y gobierno estatal dejaron expuesto su más hondo sentido político respecto de la mayor obra federal de movilidad para conectar Ciudad de México con Monterrey.
ENRACHADO. A fines de septiembre, el Pleno invalidó el modelo de alternancia de género aprobado por el Congreso de San Luis Potosí para las candidaturas a la gubernatura a partir de la elección de 2033.
NO ENTIENDEN. Pasó con el personal de limpieza de la Ciudad de México que levantó la voz recientemente contra la administración de Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad, debido a las condiciones de precariedad e irregularidades laborales que padecen. No les dan ni recogedores, pero eso sí, los obligan a usar un uniforme color vino para destacar el partido que gobierna. Además de indignante que los conviertan en mamparas propagandísticas, corren riesgos porque no es color que ayude a visibilizarlos para los conductores y los atropellan. A ver si el PVEM toma nota: no hay dádiva que justifique convertir a nadie en mampara de un partido.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Adriana Ochoa es periodista desde 1988. Actualmente es directora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y docente titular de Organización Política y Ciudadanía.
