Astrolabio

La Legislatura más… peor

La Legislatura más… peor

Por Victoriano Martínez

Hoy termina el quinto de los seis periodos ordinarios de sesiones de la LXII Legislatura y los 27 diputados prácticamente no se han distinguido en nada de sus antecesores, a quienes incluso han superado en algunas pifias.

Podrán decir que no han protagonizado escándalos como los de la ecuación corrupta, pero eso no los libera de la sospecha de que algo similar –y hasta más efectivo– operó, al grado de que las irregularidades observadas a los ayuntamientos disminuyeron de 905 millones 243 mil 986 pesos sobre las cuentas de 2018 a 484 millones 2 mil 916.60 pesos sobre las de 2019.

Si la Auditoría Superior del Estado (ASE), la Comisión de Vigilancia y los 27 diputados del Congreso que aprobaron los informes de auditoría como mero trámite no hicieron un reconocimiento y una descripción detallada de las medidas adoptadas por los ayuntamientos para reducir en un 46.53 por ciento el monto de las observaciones, la sospecha de que lo irregular fue la revisión prevalece.

Al no dejar en los informes de auditoría, ni en los dictámenes y debate en el Pleno, constancia de las prácticas que permitieron a los ayuntamientos manejar con el doble de pulcritud los recursos públicos, para promoverlas como buenas prácticas, hace pensar que lo que realmente hay detrás de esa mayor limpieza es algo más parecido a lo descrito por el exdiputado Enrique Flores.

Por lo tanto, tal limpieza en el manejo del erario resulta poco creíble, sobre todo cuando la ASE tampoco se ha distinguido de sus antecesores y surgen datos como el presentado este lunes por el Frente Ciudadano Anticorrupción sobre irregularidades detectadas como resultado de denuncias ciudadanas y que en su momento no había detectado.

Se trata de observaciones por 11 millones 358 mil 436.77 pesos que en su momento se le pasaron a la ASE, que fueron escándalo público y hasta motivo de pronunciamiento contra la impunidad de esos casos por parte de los actuales diputados, cuando aún tenían el carácter de electos.

Si al avalar los informes de auditoría a las cuentas 2019 con uno que otro presidente municipal con diploma del mejor alcalde del mundo, casi estilo ecuación corrupta, los diputados alcanzan cierto parecido a sus antecesores, no ser los primeros en promover las sanciones contra los 16 diputados sobre quienes la ASE ya confirmó la simulación de entrega de apoyos, los hace sus cómplices.

Pero no sólo han fallado en distinguirse de la que fue considerada la Legislatura más corrupta de la historia, sino que la han superado en la comisión de pifias a la hora de emitir decretos sobre los que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha tenido que enmendarles la plana cuando menos en seis ocasiones.

A los seis decretos anulados por la SCJN hay que añadir las acciones incongruentes en diversos nombramientos a modo de las propuestas del gobernador Juan Manuel Carreras López, y hasta otros anularos por tribunales federales como el del titular de la Unidad de Evaluación y Control que, en fast track, aprovecharon para deshacerse de Jorge Ovidio Robledo Gómez y sustituirlo por Lorena Guadalupe Palomo Colunga.

En enero pasado, la SCJN invalidó las reformas a la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad por no haber realizado la consulta obligada a los discapacitados, pero la experiencia no les sirvió para aquilatar la trascendencia de las consultas y en junio aprobaron una nueva Ley Electoral sin consultar, ni a las personas con discapacidad, ni a las comunidades indígenas.

La omisión de la consulta indígena constituye una falta doble, porque además de incumplir una obligación igual que con las personas con discapacidad, representa la violación a una ley específica que obliga a que toda determinación gubernamental que afecte a las comunidades indígenas les debe ser consultada.

Podría ser que no aprendieron del revés que les notificaron en enero, así haya sido un asunto heredado de la anterior Legislatura, y recibieron un nuevo revés de mayores consecuencias: el 5 de octubre la SCJN invalidó la Ley Electoral por falta de la consulta indígena. Aunque también es muy posible que la omisión haya sido intencional para evitar avances en la representación indígena.

En un transitorio de la frustrada Ley los diputados delegaron las acciones positivas a favor de las comunidades indígenas al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC), pero sus lineamientos fueron anulados por la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (SRM-TEPJF) porque… “omitió realizar una consulta para que esas comunidades se pronunciaran al respecto”.

Se repitió el esquema que operó en el Legislativo. O el requisito de la consulta, por las dificultades que pudiera representar, se ha convertido en una medida contraproducente para garantizar los derechos de los indígenas, o ambas instancias encontraron en la omisión de ese requisito la vía para mantener en la marginación a las comunidades indígenas.

Las actitudes discriminatorias y racistas de los diputados, especialmente al menospreciar el trabajo de consulta ya iniciado por el Grupo Técnico Operativo (GTO), incluso sin pagarles sus honorarios ni reponerles sus gastos, inclina la balanza a pensar en omisiones intencionales.

Por cierto, en el amparo de los integrantes del GTO el juez no exoneró al Congreso del Estado del pago de los adeudos como lo han querido hacer creer desde el Legislativo. Simplemente se pronunció porque esa no era la instancia, pero tienen a salvo su derecho a reclamarlo por otra vía. Una suma de indicadores de racismo y discriminación en contra de las comunidades indígenas.

Ningún esfuerzo por distinguirse de la Legislatura más corrupta de la historia, que se van a receso legislativo con aguinaldos y primas vacacionales más abultados que los de sus antecesores.

Hoy termina el quinto de los seis periodos ordinarios de sesiones de la LXII Legislatura y los 27 diputados mantienen señales de que las cuentas públicas se limpian más que antes, los actos de corrupción se toleran de manera cómplice, y la labor legislativa se realiza con deficiencias negligentes… pero también a conveniencia.

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