Por Victoriano Martínez
La arbitraria persecución a comunicadores y defensores de derechos humanos por presunto uso indebido de la inteligencia artificial es la otra cara de la moneda de la promoción personalizada a la que tanta adicción exhiben quienes recurren, con burdas ambiciones de politiquería, para aferrarse a cargos de elección popular.
Por un lado, personajes como el gobernador Ricardo Gallardo Cardona y su esposa, la senadora Ruth González Silva, aprovechan que en el país se ha normalizado la violación al artículo 134 constitucional para mantener una permanente y ofensiva promoción personal con cargo al erario.
Tan normalizado está, que prácticamente no hay servidor público que ocupe un cargo de elección popular que no aproveche la infraestructura de comunicación social con que cuenta en cualquier dependencia para promocionar su imagen.
Lo cierto es que, como contraparte, la otra cara de esa promoción, por lógica, resulta ser el poder contar con la posibilidad de impedir cualquier manifestación o difusión de información que pueda afectar la imagen que se promociona… y, con la Ley Serrano, se ha llegado al extremo de poner en riesgo derechos humanos.
Enfrentar señalamientos negativos pasó de calificar como guerra sucia los señalamientos de corrupción y otras faltas –reales o ficticias– sin preocuparse por aclararlas o demostrar su falsedad, a crear los tipos penales que representan un riesgo grave para la libertad de expresión.
Descalificaciones con la etiqueta de guerra sucia que se reforzaron con denuncias penales como las que presentó el alcalde Enrique Galindo Ceballos en abril de 2024 por el uso ilegal de su imagen personal mediante un video generado por inteligencia artificial. Lo útil que le habría resultado la Ley Serrano en aquel momento.
El caso de Eréndira Reyes Aguillón y Alejandra Hermosillo Reyes, hoy sujetas a un proceso penal con libertad condicionada tras haber aceptado su responsabilidad tiene el elemento de la otra cara de la moneda de la promoción personalizada: haber difundido un video sobre presuntos vínculos criminales atribuidos a Gallardo Cardona y una fotografía de González Silva con el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
La guerra sucia que mancha la promoción de la imagen ya no sólo se descalifica, sino que se le sanciona con la oportunidad que dan tipos penales ambiguos para enmascarar presuntas acciones justicieras por la dignidad y en defensa de las familias tras las que se encuentra el rostro de la represión, la intimidación y la inhibición de la libertad de expresión.
Una máscara tan burda, que los delitos incorporados al Código Penal del Estado difícilmente aplican a una modalidad novedosa de conducta antijurídica no contemplada actualmente sobre la que pueda establecerse con claridad un sujeto responsable, y que además el Estado cuente con una capacidad real para investigar, probar y sancionar como se recomendó en a Propuesta de marco normativo para la inteligencia artificial en México.
El documento, elaborado en julio del año pasado por la Comisión de Análisis, Seguimiento y Evaluación sobre la Aplicación y Desarrollo de la Inteligencia Artificial en México del Senado de la República, recomienda además que debe prevalecer el principio de intervención mínima del derecho penal.
Si bien la Ley Serrano cuenta con una cláusula de exclusión para no considerar delito “la generación o difusión de contenidos con fines periodísticos, académicos, artísticos, parodia o de crítica política”, tardaron apenas seis meses y tres días desde su vigencia para demostrar el prevaleciente peligro de la interpretación discrecional de esa cláusula.
¿Cuáles son los criterios para aplicar esa cláusula y quién los aplicara sin que se corra el riesgo de que la exclusión sea arbitraria (como ya ocurrió)?
Esa fue una de las dudas que se planteó cuando el diputado Héctor Serrano Cortés presentó la iniciativa y es la duda que persiste y por la que, con muchas otras razones, un grupo de ciudadanos y la organización Artículo 19 solicitan la derogación de los tipos penales de la Ley Serrano. La petición se puede apoyar a través de change.org.
