Por Victoriano Martínez
“Las decisiones públicas son más sólidas cuando se construyen con diálogo, con apertura y con responsabilidad institucional” dijo J. Guadalupe Torres Sánchez, secretario General de Gobierno, al iniciar el primer Encuentro Estatal por la Innovación, los Derechos Humanos y la Inteligencia Artificial.
No obstante, la puerta del salón donde se encontraban reunidos se cerró para voces que les resultan incómodas y se limitó el acceso a una lista de preseleccionados para ese diálogo. Así suelen ser las actitudes: resuenan más fuerte que las palabras, exhiben la cerrazón y la incongruencia que merma la responsabilidad institucional.
El rimbombante nombre que se le dio al encuentro terminó en un vil acto más de manipulación para aparentar una voluntad de corrección de una determinación que resultó ser instrumento para enfrentar a sus opositores, sin importar poner en riesgo derechos de toda la población, que exhibieron su talante autoritario y represor.
Un talante que va más allá de la Ley Serrano, que resultó ser el tema central del encuentro, porque si la senadora Ruth González Silva la utilizó para provocar el encarcelamiento de dos mujeres, el propio diputado Héctor Serrano Cortés buscó otros delitos en el Código Penal para denunciar a los directivos de la Revista La Noticia.
Hasta la Guardia Civil Estatal recurrió a una denuncia con otros tipos penales localizados en el mismo Código para encarcelar al dueño de un portal de noticias de Ciudad Valles.
Una presunta corrección para la que se armó, en menos de una semana, toda una parafernalia con la asistencia de representantes de la academia, del sector empresarial y de los medios de comunicación que jugaron más un papel de utilería del escenario para que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona entregara su “derogación de la Ley Serrano”.
“Hoy, ante el Congreso del Estado, su presidenta, quiero firmar la derogación de la mal llamada Ley Serrano y empezar la construcción de una ley que nos permita a todos los potosinos, potosinas y potosinos, defender la dignidad humana. Presidenta, te quiero entregar la derogación de la ley”, dijo previo a la entrega del documento.
La diputada Sara Rocha Medina, presidenta de la Directiva del Congreso del Estado, fue testigo de la firma de “la derogación” y Gallardo Cardona le entregó “la derogación de la ley”. Si firmó la derogación, ¿se da por omitido todo el proceso legislativo y hoy ya aparecerá publicada en el Periódico Oficial del Estado?
¿Ni la diputada ni ningún académico ahí presente pudo hacer la precisión de que, en todo caso, se trataba de una iniciativa para la derogación? ¿Acaso la intención fue dar por derogada la llamada Ley Serrano para ganarle la carrera a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que la acción de inconstitucionalidad quede desde ya sin materia?
Ya se verá cómo el Congreso del Estado acelera el procedimiento para no hacer quedar mal a quien los ha puesto a trabajar al ritmo que le plazca.
“Empezar la construcción de una ley que nos permita a todos los potosinos, potosinas y potosinos, defender la dignidad humana”, fue la motivación que Gallardo Cardona dio para una anunciada continuación del encuentro. Justo la defensa de la dignidad humana fue, según momentos antes expuso en la misma reunión Serrano Cortés, lo que motivo la Ley Serrano.
Desde el 10 de julio, cuando anunció lo que concretó este jueves, Gallardo Cardona se pronunció por regular los portales-fake, “desaparecerlos con la ley” y contar con un registro de los medios, lo que hace prever una nueva vía para atacar medios que le resulten incómodos, otra vez sin importar poner en riesgo derechos de toda la población. ¡Una defensa de la dignidad con un mismo efecto?
A pesar de haber mencionado el registro de medios desde el 10 de julio, ahora Gallardo Cardona asegura que ese registro fue una propuesta que surgió durante el encuentro de este jueves por iniciativa de un periodista y no del Gobierno del Estado.
El resultado de la parafernalia, como suele ocurrir con ese tipo de desplantes, dejó una virtual instrucción al Congreso del Estado para derogar ipso facto lo que en su momento le fue útil a González Silva y, desde lo que deja ver la postura gallardista, en cuestión de ataques a la libertad de expresión habrá nuevos capítulos.
