Por Victoriano Martínez
Las de las víctimas que se atreven a buscar justicia para sus casos son las historias de las razones por las que la gran mayoría de aquella que no reclaman y guardan silencio se resignan.
Quizá ver a Silvia Castillo Hernández desde el mismo balcón de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) reclamar por la falta de atención, no porque no se hayan aprehendido a los asesinos de su hijo que ya ocurrió, sino por la falta de protección para ella ante las amenazas de familiares de los detenidos despierte en otra víctima el deseo de hacer su propio reclamo.
Pero también quizá es muy probable que las burlas de las que fue objeto, la forma en que fue desalojada de la CEEAV e ignorada en el Congreso del Estado las desalienten de inmediato.
“Yo la verdad creo que la institución está trabajando bien, es una institución donde hay muchas personas y muchas voluntades, vamos a revisar, porque debe estar al frente alguien con mucha sensibilidad para entender la condición de víctima”, dijo José Guadalupe Torres Sánchez, secretario de Gobierno, tras la protesta de Castillo Hernández.
Como presidente del Consejo Consultivo de la CEEAV debe contar con información de los funcionarios de ese organismo que le hacen creer que realizan un buen trabajo, pero, o se contradice cuando agrega un “vamos a revisar”, o efectivamente abre la puerta a una revisión necesaria sobre el desempeño del organismo desde su fundación y las inercias que persisten.
Una buena ruta para la revisión que menciona en su declaración Torres Sánchez sería hacer un recuento de los expedientes abiertos en contra de la CEEAV en las comisiones de derechos humanos local y nacional, en juzgados de distrito, en el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa y hasta en la propia Contraloría General de Estado.
Ahí encontraría el resultado de una política establecida por su subsecretario Jorge Vega Arroyo cuando tuvo la titularidad de la CEEAV que consistía en que es preferible litigar contra las víctimas que enfrentar el pago de la reparación del daño.
Ahí se percatará de que las víctimas han tenido que ampararse para ser reconocidas como tales o que el primer acuerdo integral de reparación del daño fue producto de una recomendación de la CEDH, 13 juicios de amparo y la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Un litigio encabezado por Vega Arroyo, quien perdió.
Ahí se dará cuenta de que se acumulan expedientes al grado de que unos se sobreponen con otros que, en los hechos, le recuerdan a la CEEAV que para mentir debe tener buena memoria.
Tal es el caso de Noria de San José, ante cuyas víctimas de propios funcionarios de la CEEAV hace ya casi siete años y medio, la actual CEEAV evade hacer una disculpa pública con el argumento de que el exservidor público responsable fue sancionado con inhabilitación cuando desde hace dos años le notificaron que se levantó la sanción.
O los funcionarios de la CEEAV son negligentes para dar seguimiento a los expedientes que tramitan, o se trata de una mentira deliberada para evadir una responsabilidad institucional vigente ante las víctimas.
“Es una chicanada”, aseguraron las víctimas de Noria de San José, quienes no han dejado de litigar para lograr reponer el procedimiento y que se revoque el acuerdo que anula la sanción al exfuncionario.
Mediante una revisión así, encontrará que –quizá operado por Vega Arroyo– el pasado 22 de agosto la Contraloría General del Estado acordó sobreseer un expediente de responsabilidad contra él mismo y Betzabé Martínez Ledezma, administradora de la CEEAV, por no recurrir el no ejercicio de la acción penal por la destrucción de un restaurante de las víctimas de Noria de San José.
Para las víctimas que persisten en sus reclamos de justicia no hay duda de que enfrentarán por años la revictimización que produce esa violencia institucional como la de la CEEAV. Para las otras víctimas, las que optan por el silencio, resulta lamentable que no tengan posibilidades de ver el reclamo como alternativa sin el temor de ser revictimizadas.
Quizá podría notar –como perciben las víctimas– que su subsecretario Vega Arroyo supo operar para dejar a Miguel Ángel García Amaro a cargo de la CEEAV no sólo para dar continuidad a la confrontación con las víctimas, sino también para que le protegiera las espaldas, y entonces pueda evaluar su “sensibilidad para entender la condición de víctima”.
