Fernanda Durán
La imagen de este miércoles en el Congreso del Estado quizá retrata mejor que cualquier discurso cómo comenzará a construirse la reforma electoral rumbo a 2027 en San Luis Potosí: coordinadores parlamentarios y representantes de prácticamente todas las bancadas reunidos a puerta cerrada, negociando las nuevas reglas del juego mientras la ciudadanía apenas conocerá el resultado final cuando todo esté prácticamente decidido.
No es algo nuevo. Tampoco sorprende. La política mexicana —y particularmente la legislativa— históricamente se ha construido bajo acuerdos privados, negociaciones internas y repartos de poder que después se presentan públicamente bajo el discurso de “consenso”, “civilidad” o “construcción democrática”.
Pero precisamente por eso resulta inevitable cuestionar que una reforma electoral de amplio alcance vuelva a discutirse bajo una lógica cerrada, donde los ciudadanos podrán opinar, enviar propuestas o expresar preocupaciones, aunque al final serán los partidos quienes decidirán qué entra, qué se modifica y qué termina desechándose.
El propio coordinador parlamentario del Partido Verde, Héctor Serrano Cortés, prácticamente lo resumió durante la rueda de prensa posterior a la reunión: la ciudadanía puede presentar propuestas, pero el debate corresponde a los diputados porque “para eso existe la representación popular”. Es decir, la participación pública podrá existir mientras no altere el control político de las negociaciones.
Y quizá ahí está uno de los principales problemas de fondo.
Aunque los legisladores hablen de “dignificar” el servicio público, “fortalecer” la democracia o “blindar” los procesos electorales, las reglas vuelven a construirse exactamente bajo las mismas prácticas que históricamente han generado desconfianza ciudadana: acuerdos internos, reuniones privadas, cálculos partidistas y negociaciones cuya verdadera dimensión solo conoceremos cuando exista un dictamen final.
La diferencia ahora es que las prisas y el contexto político vuelven todavía más delicado el escenario.
En apenas unas semanas el Congreso pasó de discutir iniciativas aisladas a intentar concentrar en un solo gran paquete electoral temas constitucionalmente complejos: controles de confianza para candidaturas, filtros de antecedentes penales, reglas de autoadscripción de género, tiempos de campañas, transfuguismo legislativo, consultas pendientes y posibles nuevos candados electorales.
Y mientras más crece el paquete, más crecen también las dudas jurídicas.
El especialista en Gobierno y Políticas Públicas de la UASLP, Juan Mario Solís Delgadillo, lo dijo con claridad esta semana: muchas de estas propuestas podrían resultar inconstitucionales o vulnerar principios básicos relacionados con igualdad política, derecho a ser votado y equidad en la contienda. Pero incluso más allá de la constitucionalidad, el problema comienza a ser político e institucional.
Porque las prisas no son buenas consejeras. Y los diputados locales tampoco se han caracterizado precisamente por construir reformas ejemplares o técnicamente impecables. El hecho de que una ley pueda “perfeccionarse” posteriormente no debería convertirse en justificación para aprobar legislación ambigua, mal planteada o construida bajo criterios políticos coyunturales.
Mucho menos cuando todavía ni siquiera existe certeza sobre las consultas obligatorias que podrían requerirse para varias de las propuestas que pretenden aprobar antes de que cierre junio. El propio Serrano reconoció que aún no saben si algunas reformas necesitarán consultas indígenas, de discapacidad o de otros sectores, y que apenas el próximo 26 de mayo la Suprema Corte les orientará sobre cómo deben realizarlas.
Es decir: el Congreso intenta construir una reforma electoral integral sin conocer completamente todavía cuáles serán las obligaciones jurídicas necesarias para implementarla, a pesar de que intenten separar las consultas pendientes de las nuevas reformas en construcción.
Y aun así pretenden que todo quede listo antes del arranque formal del proceso electoral.
Mientras tanto, también comienzan a acomodarse las posiciones políticas.
La imagen de unidad mostrada este miércoles dejó ver cómo prácticamente todas las bancadas empiezan a alinearse para negociar lo que cada fuerza considera prioritario rumbo a 2027. Algunos intentarán sacar adelante temas que fortalezcan su narrativa política; otros buscarán evitar afectaciones a sus propios partidos; algunos más negociarán lo que puedan conservar dentro de un tablero donde el margen de maniobra parece cada vez menor.
Incluso las ausencias comenzaron a comunicar mensajes políticos. Movimiento Ciudadano decidió no aparecer en la fotografía conjunta y posteriormente anunció apertura para recibir propuestas ciudadanas, marcando cierta “distancia”, intentando diferenciarse del bloque legislativo que negocia la reforma desde reuniones privadas.
Y si bien el protagonismo mediático de las últimas semanas ha recaído principalmente sobre Héctor Serrano, la realidad es que el resto de las fuerzas políticas también comenzó a colocar sobre la mesa sus propios intereses electorales. El PAN impulsa filtros penales, reglas sobre autoadscripción de género y nuevos criterios de representación, algunos claramente atravesados también por sus propias disputas y cálculos internos; Morena oscila entre cuestionar que el Estado pueda convertirse en juez y parte y mantener una posición todavía ambigua sobre hasta dónde deberían llegar los nuevos “candados”; al tiempo que el resto de las bancadas empieza a acomodarse alrededor de lo que pueda resultar políticamente negociable.
Pero al final, más allá de los posicionamientos públicos, la realidad parece seguir siendo la misma: las reglas del juego vuelven a construirse a beneficio de unos cuantos y no necesariamente pensando en la ciudadanía.
Porque aunque los discursos hablen de “blindar” elecciones o “fortalecer” la democracia, muchas de las reformas que hoy se discuten parecen orientadas más a controlar candidaturas, administrar riesgos políticos o redefinir condiciones de competencia que a resolver problemas estructurales del sistema electoral.
Y en medio de todo esto, la ciudadanía permanece nuevamente en el mismo lugar de siempre: observando cómo los partidos negocian entre sí las reglas con las que después pedirán el voto.
Quizá la mayor preocupación no sea únicamente qué reforma terminarán aprobando, sino la normalidad con la que seguimos aceptando que decisiones públicas de enorme impacto democrático continúen definiéndose bajo acuerdos privados, tiempos apresurados y cálculos partidistas.
Porque las reglas electorales deberían construirse para generar confianza pública, no para profundizar la percepción de que cada proceso termina siendo más opaco, más a modo y más distante de la ciudadanía que dice representar.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Es Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Actualmente se desempeña como reportera en Astrolabio Diario Digital y ha colaborado en El Sol de San Luis, donde fue jefa de información. Su trabajo se enfoca en la cobertura de temas políticos, judiciales y derechos humanos, con experiencia en medios digitales e impresos.
