Por Victoriano Martínez
La aprehensión de Marcelo N., nieto de dos personajes prominentes en la política potosina –el exgobernador Marcelo de los Santos y el exalcalde Guillermo Pizzuto– se da en un momento en el que la procuración de justicia en el Estado, y especialmente el Poder Judicial, enfrentan la prueba de su efectividad con otro caso similar: el de Alejandro N.
Aunque no son totalmente comparables, comparten una condición de los victimarios como integrantes de un sector con poder económico y político y algún grado de influencia en medios de comunicación, que hacen prever –como ya ha ocurrido en el caso de Alejandro N.– presiones que intenten conseguir impunidad para el acusado.
Es indudable que la aprehensión de su nieto representa una afrenta para el exgobernador Marcelo de los Santos, quien ya comenzó a mover sus influencias para evitar, en primer término, la difusión del hecho y, posteriormente, una resolución que le otorgue la libertad. Lo paradójico es que la notoriedad del exmandatario es la que catapulta la difusión del caso.
Si con Marcelo N. su caso adquiere relevancia por la notoriedad de su abuelo, el caso de Alejandro N. se vuelve relevante por la trayectoria del imputado, lo que pone el foco sobre la posibilidad que ambos personajes tienen para que su círculo familiar y social busquen de influir para que se les de un trato especial en la aplicación de la justicia.
Con 18 aplazamientos que han abonado más a favor del victimario en perjuicio de un menor de edad en su calidad de víctima, en los que poco se ha privilegiado en interés superior de la niñez al someterlo a los intereses particulares de la defensa y hasta de los jueces, en el juicio a Alejandro N. ha quedado expuesta la asimetría en las posibilidades desde el entorno que apoya a las partes.
De un lado un Alejandro N. con un círculo familiar, económico, social, mediático y hasta político que le permite, por ejemplo, contar prácticamente con determinaciones de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) con claras intenciones de debilitar la representación y protección del menor.
Del otro, un menor de edad que ante la total disfuncionalidad de su familia, desde muy pequeño quedó bajo la protección de instituciones del Estado cuyos funcionarios demostraron ser tan disfuncionales o más, al grado de someterlo a una secuencia desafortunada de agravios, con una violencia institucional que desembocó en la presunta violación hoy causa del juicio.
Una asimetría que pone a prueba al Tribunal de Enjuiciamiento Colegiado y, a través de esos tres jueces, a todo el Poder Judicial. Pero también pone a prueba a la Fiscalía General del Estado y al Ejecutivo estatal en tanto que desde su ámbito se han dado señales contrarias a procurar justicia para el menor al obstruir una buena representación y suplirla por una muy condescendiente.
Aunque el caso de Marcelo N. apenas comienza, el contraste víctima-victimario es mucho menos asimétrico. Además, aunque su resolución no pondrá a prueba la justicia potosina por ser tramitado en el Estado de Guerrero, un hecho es que mostrará las varas usadas para aplicar justicia con las consecuentes comparaciones que podrían dejar mal parado, o no, al sistema potosino.
Un comparativo que, desde la perspectiva de las víctimas, ya comenzó a abrir algunas dudas. “La Fiscalía, la policía y el poder judicial de Guerrero, hicieron en poco tiempo, lo que no pudo hacer la Fiscalía de San Luis Potosí en cuatro meses”, escribió Gaby Lambert, una de las presuntas víctimas de Marcelo N., en su cuenta de Facebook.
Aunque Astrolabio Diario Digital confirmó en diversas fuentes que hubo coordinación entre las fiscalías de Guerrero y San Luis Potosí para lograr la aprehensión de Marcelo N., el caso es que la comparación está más en el campo de la percepción pública y hay un elemento en el que la Fiscalía potosina tendrá que acreditar mayor voluntad de atención.
“Aún faltan víctimas por atender por la Fiscalía de San Luis, quienes denunciaron aquí y no han tenido avances sus carpetas. Le hago un atento llamado para que actúen con celeridad para protegerlas”, agregó Lambert, quien pidió en su primer mensaje a la Fiscalía potosina “apego a derecho y a defender a una víctima de violación y no a un poderoso amigo del Fiscal”.
¿Hasta dónde es suficiente la colaboración con la Fiscalía guerrerense para acreditar voluntad de procurar justicia para las víctimas sin que se rindan cuentas sobre la existencia o no de casos abiertos aquí contra el mismo presunto perpetrador y sus avances?
¿Hasta dónde los descuidos en el juicio a Alejandro N. y las medidas como las tomadas por la CEEAV, con línea directa a Palacio de Gobierno –al menos conforme al organigrama hasta la Secretaría General de Gobierno– son un mal precedente que anule las esperanzas de justicia de esas otras víctimas de las que se habla?
La aprehensión de Marcelo N. en pleno proceso de desahogo de las audiencias del juicio contra Alejandro N. se vuelve un elemento de contraste que podría exhibir qué tanto los compromisos del gobierno estatal con grupos empresariales (léase Consejo Potosí), la voluntad de la Fiscalía y las presiones sobre el Poder Judicial han logrado cargar los dados a favor de la liberación del inculpado.
