Por Victoriano Martínez
El asalto y agresión sexual a una estudiante de secundaria en San Miguelito, la exhibición pública del video de ese hecho y casos como el del abogado Martín Salas Mexicano, quien de representar a las víctimas pasa a defender al feminicida, son sólo ejemplos de los tipos de violencia que enfrentan las mujeres y van mucho más allá de las agresiones físicas.
La protesta de la colectiva feminista “La Resistencia” realizada a las afueras de la Fiscalía General del Estado (FGE), donde exhibió en decenas de fotocopias la imagen del rostro del violentador de la joven agredida en San Miguelito expuso, en las rejas de la dependencia, otra violencia que tampoco cesa: la violencia estructural.
Una violencia sistémica ante la que la sociedad en su conjunto no reacciona y más bien parece comenzar a normalizar las escenas en una especie de aceptación de los niveles de injusticia que provoca una escalada en la violencia física ante la violencia estructural que enfrentan quienes reclaman justicia.
Como violentadora estructural, por ejemplo, la propia FGE se ha visto desplazada de la investigación en el caso Karla Pontigo Lucciotto por haberse considerado la existencia de un conflicto de interés por el que la Fiscalía General de la República debió atraer el caso.
Una violencia estructural que llega a los extremos en los que los propios abogados que deben honradez para con las víctimas a quienes se han comprometido a defender, incurren impunemente en una deslealtad profesional por la que no enfrentan consecuencia alguna.
Son innumerables los casos en los que, incluso los funcionarios de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, aprovechan la posición para, por la vía particular, captar como clientes a los victimarios de quienes tendrían que defender como servidores públicos.
Los casos de Noria de San José y de Laguna de San Vicente son emblemáticos por haber sido documentados judicialmente.
Martín Salas Mexicano es uno de esos abogados que representa el prototipo de la deslealtad profesional. El caso de la traición a los familiares de Alejandra Reséndiz García, víctima de feminicidio en Rioverde, no es el único.
Fue destituido como juez mixto de Primera Instancia en el municipio de Rioverde por el trato que dio a una víctima de violación al extremo de mofarse de la víctima.
Una forma desleal de operar de un abogado que no sería posible sin la impunidad con la que operan las instancias de procuración de justicia que permiten pulular de diversas formas a personajes que pueden aprovecharse de la vulnerabilidad de las víctimas para aprovecharse de ellas y favorecer a los victimarios.
Un aparato de justicia al que, por la vía de tolerar una injusticia abre las puertas a las siguientes en una espiral creciente en perjuicio de las víctimas, se suma una violencia cultural que tiene que ver con una violencia simbólica, presente en el morbo que despierta y alienta la publicación de imágenes como las captadas por las cámaras de seguridad en el caso del barrio de San Miguelito.
Una revictimización inconsciente desde la sociedad sobre la que hay actores específicos que pueden tomar conciencia para actuar en consecuencia y que, ante la facilidad de difusión que a todo mundo ofrecen las redes sociales, involucra a prácticamente toda la población, tanto quien opta por difundir las imágenes, como quien las observa y hasta tiene la posibilidad de reenviarlas.
La escalada de violencia dispara las estadísticas sobre casos concretos de agresiones físicas que tienen como extremo los feminicidios. Poco podrá lograrse para revertirla si no se toman medidas para corregir la violencia institucional y estructural que padecen las víctimas, ni se impulsa un cambio en la forma en que como sociedad se abordan los casos.
