Angélica Campillo

Los ex diputados locales José Belmárez Herrera, del Partido del Trabajo, y la priista Martha Orta Rodríguez, usaron a una empresa del emprendedor Gabriel Salazar Soto, así como a una de sus socias, para facturar servicios.

Se dio a conocer un documento en donde el ex diputado José Belmárez solicitó, el 6 de septiembre del 2017, por medio del oficio JPC/1533/2017, a la Junta de Coordinación Política del Poder Legislativo, que se autorizara el pago por 72 mil 300 pesos a la empresa Cano Soto y Asociados por haberle brindado un supuesto curso de capacitación en materia de derechos del trabajador y prestaciones. El pago lo hizo el Congreso del Estado el 27 septiembre del 2017 con el cheque 67291 del banco Banorte.

La compañía Cano Soto y Asociados está conformada por Gabriel Alan Salazar Soto, su hermano Jonathan Alfonso, su esposa Flor Janeth Rivera Aguilar y el ex empleado municipal en tiempos de Mario García, Reynaldo Castañeda Cuevas.

A su vez, la ex diputada Martha Orta Rodríguez solicitó a la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado la autorización para el pago por 75 mil pesos a Benita Cano Aguillón, por supuestamente haber proporcionado servicios de alimentos en el informe de la legisladora. Este pago fue realizado el 3 de septiembre del 2018 con el cheque 69840 del banco Banorte.

Benita Cano Aguillón aparece como socia de Gabriel Alan Salazar en las empresas Outcome Human Services México, S.A. de C.V. y Desarrollos e Infraestructura Potosina Absac, S.A. de C.V.

Al respecto, el vocero de Ciudadanos Observando, José Guadalupe González Covarrubias, manifestó que “hay unos tentáculos” de la gente que se dedica a vender facturas a funcionarios públicos y a representantes populares que dañan el dinero público, “por algo es llamada la peor legislatura de la historia”. 

Aseveró que todo esto sucede porque hay impunidad, ya que si hubiera casos donde a ex funcionarios o ex diputados, o ex gobernadores, se les castigue por actos de corrupción, San Luis Potosí sería otro.

Refirió que el problema es que estas redes operan con total impunidad y el que ahora se hayan descubierto las “tranzas” que hacían los ex diputados, también ligados con las empresas del emprendedor Gabriel Salazar, viene a demostrar lo podrido del sistema y de lo que está pasando en San Luis Potosí, tanto en el Congreso como en el Gobierno.