Por Victoriano Martínez
Cuando corre el quinto trienio después de concluido el periodo de Jorge Lozano Armengol como alcalde, los negocios con los que favoreció a empresas –especialmente aquellos con los que ensució la basura, pero no exclusivamente– mantienen bajo presión al erario municipal y con riesgo de ver comprometido el equivalente a un 12.82 por ciento del presupuesto de este año.
Cinco trienios después, aquellas sospechosas licitaciones y asignaciones de contratos con empresas privadas han dejado expuesta una cadena de alcaldes que, sin importar el origen partidista o la corriente política a la que pertenezcan, por alguna razón, si se trata de rescatar en lo posible el patrimonio municipal comprometido, ninguno lo ha hecho.
Quizá entre esos contratos sospechosos, el que menor efecto en el tiempo ha tenido es el que se firmó con la empresa “Vigue, Relleno Sanitario”, S.A. de C.V., con domicilio en Salinas Victoria, Nuevo León, para la remediación y disposición final de los residuos del tiradero a cielo abierto en Peñasco, que tuvo vigencia de 18 meses, pero del que no se supo si se cumplió su cometido.
En ese caso fueron comprometidos casi 40 millones de pesos del erario municipal para una remediación y disposición de la basura que además generó desventajas y mermas en los ingresos municipales por las cuotas de recepción de basura en el tiradero.
Un contrato que se firmó el 12 de marzo de 2007, cuando desde el 8 de julio de 2006 –ocho meses atrás– existía un decreto que autorizaba al Ayuntamiento para contratar los servicios de captura, eliminación y aprovechamiento del gas metano producido en el mismo tiradero de Peñasco, además del generado en el relleno sanitario de Santa Rita.
La incursión de Lozano Armengol para ensuciar la basura no paró en esos dos casos, sino que el 6 de marzo de 2009 firmó con Vigue Red Colector un contrato para concesionarle parcialmente el servicio de limpia, presuntamente para ahorrar recursos en la prestación de ese servicio, lo que no resultó cierto porque se mantuvo la misma plantilla del servicio de limpia.
Otra concesión que, aunque no tiene que ver con la basura, repercute hasta nuestros días con perjuicios para el patrimonio municipal es la otorgada a Aguas del Poniente para prestar el servicio de abasto de agua en ese sector de la ciudad que a 13 años y ocho meses no le ha representado ningún ingresos ni al Ayuntamiento ni al Interapas, a pesar de usar el agua de la ciudad.
Pasaron por la presidencia municipal Victoria Labastida y Mario García Valdez del PRI, Ricardo Gallardo Juárez entonces del PRD, Xavier Nava Palacios por el PAN, y está en funciones Enrique Galindo Ceballos por el PRI-PAN-PRD, y ninguno ha revisado esos contratos con intención de resarcir el daño que cada uno haya provocado –y aún provoque– a las arcas municipales.
Una actitud que también muestra que los personajes que pasan por la alcaldía poco se comprometen con el patrimonio municipal que, si fuera real, advertirían sobre malas prácticas aún después de haber sido alcaldes.
Tal es el caso de Octavio Pedroza Gaitán, que fue a quien, como alcalde, el Cabildo autorizó para buscar la aprobación del Congreso del Estado para contratar los servicios de captura, eliminación y aprovechamiento del gas metano de los tiraderos.
Si Pedroza Gaitán conocía las bondades y el sentido original del proyecto que pervirtió Lozano Armengol, tenía la obligación moral de exponerlo públicamente y denunciarlo en todo caso. Lo mismo con la actualización del contrato hecha por Victoria Labastida el 7 de marzo de 2012 con Energreen, que es el que ahora está por comprometer seriamente el presupuesto municipal.
De los tres contratos con los que Lozano Armengol ensució la basura, este último –renovado por Victoria Labastida– hoy pone a prueba hasta dónde efectivamente el alcalde Enrique Galindo Ceballos está dispuesto a trabajar para desactivar ese riesgo, o solamente le juega a allanarse a los cauces legales para ganar tiempo y heredar el problema a la próxima administración.
