Por Victoriano Martínez
Cuando el gobernador Ricardo Gallardo Cardona presentó su garrote empresarial anti manifestaciones, en la figura del Consejo Ciudadano por la Seguridad de San Luis Potosí, el 10 de noviembre, sólo usó (por ingenuos o convenencieros) a sus integrantes para proyectar un aval de la iniciativa privada a los alcances que podría tener su guardia pretoriana creada el 15 de octubre.
“Estamos totalmente en contra de que unos cuantos ciudadanos estén deteniendo a la mayor parte de todas y todos los ciudadanos”, dijo entonces Carlos Mendizábal Pérez, presidente de Canacintra con referencia a los plantones del SUTSGE y el SITTGE frente al Palacio de Gobierno.
“No es posible (…) que la economía potosina se pare en un momento por únicamente tener el interés de unos cuantos salvaguardados”, fue la expresión de Juan Servando Branca Gutiérrez, presidente de la Canaco, quien mencionó el plantón del SITTGE frente a la Casa de la Cultura. Doce días después, el 22 de noviembre, se dio un operativo que levantó esa manifestación.
“Hoy es un Consejo que va a tomar decisiones importantes como es liberación de calles, de tomas, de protestas…”, fue la conclusión de Gallardo Cardona en su intervención, en la sesión de presentación.
Para quienes circularon por el cruce de la Calle Picachos y la avenida Montes Cárpatos, en Loma Alta, la tarde noche de ayer se toparon con un panorama propio de estado de sitio por el impresionante despliegue de patrullas y elementos de las corporaciones de seguridad que acordonaron la zona.
A quienes saben que por la calle Picachos vive Gallardo Cardona y están enterados de que salió positivo a Covid, seguramente les pareció un excesivo operativo para poner en cuarentena a tan relevante personaje.
Para los vecinos del mandatario, esa movilización representó un obstáculo incómodo para regresar a sus viviendas. Circuló en redes el video de una persona que regresaba de pasear a su perro y para llegar a su casa tuvo que saltar entre las patrullas.
Los integrantes del Consejo Ciudadano por la Seguridad quizá hayan sido de los pocos ciudadanos que previamente, por ser la prioridad que establecieron en su primera sesión, se hayan enterado del verdadero motivo de esa movilización policiaca: impedir que los burócratas afiliados al SITTGE se manifestaran frente a la casa de Gallardo Cardona.
El garrote empresarial anti manifestaciones se estrenó el 22 de noviembre en contra de un plantón del SITTGE y hoy se vuelve a mostrar, con un mayor despliegue policiaco, nuevamente contra el SITTGE.
Un despliegue policiaco que seguramente tiene una justificación adicional en el decreto administrativo que modificó la estructura orgánica de la Unidad Administrativa de la Secretaría Particular del Gobernador para “proteger y salvaguardar la integridad física y moral del Ciudadano Gobernador y su familia, directos y consanguíneos en todo momento y lugares”.
Más vale evitarle el disgusto de una manifestación frente a su vivienda a un gobernador contagiado de Covid que podría afectarlo adicionalmente en su integridad física y moral, y hasta en su personalidad, como ordena proteger el decreto, que impedir el derecho humano de manifestación a los integrantes del SITTGE, que sólo tratan visibilizar el incumplimiento de compromisos escritos.
José Guadalupe Torres Sánchez, secretario de gobierno, le recomendó al SITTGE acudir al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA) como si no existieran ya un buen número de demandas y como si no entendiera que la protesta es por el incumplimiento de compromisos.
Quizá el incumplimiento que muestra lo burdo de lo poco válida que es la palabra empeñada por el actual gobierno sea la minuta que se firmó el 8 de abril para que se levantara el plantón y se pudiera realizar la Procesión del Silencio. Si el máximo evento religioso del Estado ya se realizó… ya para que cumplirle a los sindicatos de burócratas. Los chamaquearon en la opacidad, pues.
El impresionante despliegue policíaco en el cruce de la Calle Picachos y la avenida Montes Cárpatos exhibe además que Gallardo Cardona salió peor que Juan Manuel Carreras López y sus funcionarios que tanto criticó por tener escoltas.
Fue un despliegue que adicionalmente mostró, pues, los alcances de la creación de su guardia pretoriana que dispone libremente de las corporaciones policiacas… hasta para impedir que se ejerza un derecho humano.
