Por Victoriano Martínez
El Congreso del Estado va por su tercera sesión ordinaria y los indicadores de que renuncia a su obligación de contrapeso al Poder Ejecutivo se acumulan.
La primera iniciativa dictaminada y aprobada por el Congreso del Estado por arrolladora mayoría y un solo voto en contra fue para hacer de la protesta de Ricardo Gallardo Cardona un evento de culto a la personalidad a su gusto, sin importar que el decreto tuviera vicios de origen, al no cubrir los requisitos legales del procedimiento legislativo.
Con esa primera señal quedó claro que a los nuevos diputados no les importará ignorar la Ley si representa un obstáculo para dar cauce a lo que desde el Palacio de Gobierno –o, para ser más precisos, desde la torre administrativa del Centro de Convenciones– requiera de su autorización.
“Con la ayuda de mis diputados, porque ahora sí tengo, le falta pelo, pero le sobra inteligencia a mi compadre”, dijo al comprometer al diputado José Luis Fernández Martínez públicamente en un evento en la colonia Cactus a que “la semana que entra el Congreso autorice” la entrega de licencias de manejo y placas de automóvil de manera gratuita.
Gallardo Cardona aseguró que ya envió al Congreso del Estado la “solicitud” para que se modifique la Ley de Ingresos, para poder entregar placas y licencias de manera gratuita.
Si es solicitud, el documento tendrá que gestionarse en la sesión de mañana como correspondencia para ser turnado a la comisión que pudiera dar cauce a generar la iniciativa de modificaciones a la Ley de Ingresos del Estado.
Si el gobernador equivocó el término y no fue solicitud sino iniciativa, da el caso de que en la Gaceta Parlamentaria publicada este martes, conforme a la previsión de la Ley Orgánica del Poder Legislativo (LOPL), no aparece publicada la propuesta, por lo que no podrá ser turnada a comisiones para su dictamen en la sesión de mañana.
La única manera de que este mismo jueves la iniciativa pase a comisiones sería mediante un acto más de sumisión al Ejecutivo al recurrir a considerar la propuesta como “de urgencia calificada por las dos terceras partes de los diputados presentes” y así “dispensar o abreviar los trámites establecidos” (artículo 134, LOPL).
Para cumplir la “autorización” (reforma a la Ley de Egresos) para la semana próxima, como pidió públicamente Gallardo Cardona a Fernández Martínez, a esa primera genuflexión la Legislatura tendría que agregar otra: que la comisión correspondiente dictaminara “fast-track” y se convocara para el día que les indique el gobernador para aprobarla.
¿Dentro de lo posible? Sí, en la medida en que los legisladores no tengan el más mínimo escrúpulo de exhibirse al servicio del Ejecutivo y no como un poder que debe ser contrapeso y promover que los otros poderes se ajusten a los cauces de la legalidad en los asuntos en los que deben intervenir.
Si en la aprobación de la primera iniciativa que recibieron la arrolladora mayoría muestra que no sólo los diputados afines por cuestión partidista atienden a los intereses del gobernador, en la Gaceta Parlamentaria de este martes aparecen dos iniciativas con apariencia de otros servicios a favor de Gallardo Cardona.
José Antonio Lorca Valle, diputado por MORENA, presentará este jueves una propuesta de acuerdo económico para entregar en comodato a asilos, albergues, casas hogar o instituciones de asistencia social que el DIF estatal determine, los vehículos que antes tenían asignados los diputados y funcionarios y sólo dejar para el Congreso los indispensables para cuestiones administrativas.
“Solicitar encarecidamente a la Junta de Coordinación Política del Honorable Congreso del Estado que los vehículos que formen parte de los activos del Congreso del Estado bajo ninguna circunstancia sean asignados para uso de los legisladores, ni de su personal”, así describió Lorca Valle su propuesta (página 3 de la Gaceta Parlamentaria).
Dotar de vehículos a instituciones de asistencia social luego de los antecedentes que señala en su exposición de motivos hace de su propuesta algo loable. No obstante, encausarlo a través de una instancia del Ejecutivo no deja de tener cierto “tufillo” de ofrenda para rendir pleitesía a Gallardo Cardona.
El diputado Juan Francisco Aguilar Hernández, dirigente estatal del PAN, presentará este jueves una iniciativa para reformar a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para prohibir a todos los entes públicos “programar, autorizar o contratar, en favor de sus funcionarios o empleados, seguros de gastos médicos privados” (página 96 de la Gaceta Parlamentaria).
Una propuesta en la línea de necesarias medidas de austeridad, pero que los antecedentes recientes dan a la propuesta del dirigente panista una apariencia de intento de dar continuidad a una paparrucha en la que, incluso, se pretendió involucrar a Astrolabio Diario Digital el pasado 17 de agosto.
Aquella noticia falsa bien pudo ser un intento, por parte de quienes hoy ya están en la administración pública estatal, para tratar de generar un clima favorable a suspender el servicio médico privado para los burócratas estatales, al grado de atribuir a Bernardina Lara Argüelles, secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estada esta declaración:
“La lideresa Sindical, señaló que ante la inminente cancelación del servicio médico, los agremiados cuentan con la seguridad social qué brinda el IMSS, servicios de “calidad” por lo que la atención médica estará disponible en todo momento” (sic).
Lara Argüelles negó esa declaración e hizo referencia a una modificación legal pendiente en el Congreso del Estado para reafirmar el servicio médico para los burócratas y, de no hacerlo, advirtió que recurrirían al amparo.
“Es tendenciosa y mal hecha esa nota falsa”, dijo, “se hizo con dolo, tenía como fin confundir a los trabajadores sindicalizados, no sé qué ganan con estar diciendo mentiras quienes la arreglaron; pero no trascendió porque los agremiados saben bien que nosotros tenemos derechos adquiridos y que siempre vamos a defenderlos”.
