Por Victoriano Martínez
Si en la revisión de las cuentas públicas los actuales diputados tuvieron la oportunidad para diferenciarse de sus antecesores, los indicios muestran que este tema es uno más que los comienza a igualar.
Pasó casi inadvertido el acuerdo de la Comisión de Vigilancia, pero la nota apareció en el portal Web de Pulso la tarde del jueves y después en La Orquesta, prácticamente en los mismos términos. En el Sitio Web del Congreso del Estado nada se informó de la sesión de esa comisión.
“La Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó ratificar el dictamen de la Legislatura pasada sobre las cuentas públicas 2017”, señalan ambos medios en el primer párrafo de sus respectivas notas.
La primera iniciativa que en la primera sesión aprobó la actual Legislatura fue, incluso sin pasarla a comisiones, la de dejar sin efectos la aprobación de los informes de la Auditoría Superior del Estado sobre las Cuentas Públicas de 2017, que en el artículo tercero ordenó:
“Se repone el procedimiento a efecto de que la Comisión de Vigilancia de ésta Legislatura presente al pleno dictamen sobre Informe General y los Informes Individuales presentados por la Auditoría Superior del Estado, correspondientes al ejercicio fiscal 2017, dentro de los plazos establecidos en el artículo 45 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de San Luis Potosí”.
Reponer el procedimiento supondría que la Comisión de Vigilancia aplicaría de nueva cuenta todo el proceso marcado por la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas para elaborar un dictamen propio, sobre todo, que cubriera las omisiones en que incurrieron sus antecesores.
Basta mencionar que el dictamen que dejaron sin efecto omitió los análisis de los informes individuales, la descripción del análisis pormenorizado, la incorporación de las conclusiones técnicas y la recuperación de las discusiones técnicas realizadas en la Comisión, en desacato a los artículos 43 y 45 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas.
Según la breve información que se conoció sobre la virtual ratificación del dictamen dejado sin efecto, la actual Comisión de Vigilancia sustenta su acuerdo en una consulta con Rocío Elizabeth Cervantes Salgado, titular de la ASE, y con Héctor Mayorga Delgado, titular de la Unidad de Evaluación y Control, quienes fueron… ¡los operadores materiales de la maniobra anulada!
El artículo 44 de la Ley señala que si la Comisión detecta errores o considera necesario aclarar o profundizar en el contenido del informe de la ASE, puede requerirle explicación y hacer comparecer a sus funcionarios e, incluso, “la Comisión podrá formular recomendaciones a la Auditoría Superior del Estado, las cuales serán incluidas en las conclusiones que al efecto emita sobre el Informe General”.
Para detectar errores necesariamente tienen que revisar los 113 informes que les presentó la ASE, más los de las auditorías de desempeño y el general, y no solamente limitarse a una consulta con quien encabezó el trabajo de su elaboración.
A Héctor Mendizábal Pérez se le señaló como operador de una extensión de la ecuación corrupta por promover una aprobación de los informes de la ASE por la vía fast track, sin tomar en cuenta el proceso marcado por la Ley.
De llevar al Pleno una propuesta de ratificación de lo que habían dejado sin efecto, colocaría a los integrantes de la actual Comisión de Vigilancia en el mismo papel que sus antecesores, con la mayor responsabilidad –como entonces lo fue de Mendizábal Pérez– para su actual presidenta, la morenista Marité Hernández Correa.
