Por Victoriano Martínez
Hace un año, cuando la LXII Legislatura se instaló, se le daba el beneficio de la duda porque se les veía como un grupo que llegaba para trabajar por el rescate de la dignidad institucional del Congreso del Estado, salvo los casos de cinco personajes que repetían como diputados locales y uno más a quien se ubicó como la sombra de la ecuación corrupta en la anterior Legislatura.
Para los 21 que aparentemente llegaban sin vicios se advertía que tendrían que cuidarse de no ser contaminados por sus otros compañeros, pero para el segundo día comenzaron a dar malas señales: cayeron en la trampa de las alianzas para acomodar piezas con el reparto de comisiones y cargos administrativos.
Lo que mal comenzaba, mal continuaría.
Cuatro días después, ese juego de alianzas y disputas por los cargos reveló una disputa entre grupos a favor de alinearse a los intereses del gobernador Juan Manuel Carreras López o por mantener distancia.
Entonces le hicieron el favor a Carreras López de cambiar la fecha de su primera sesión ordinaria para citar a una tercera solemne para recibirle el tercer informe de gobierno al mandatario. Una señal que dejó ver qué grupo prevaleció en la disputa por las comisiones y los cargos administrativos.
Desde un principio los actuales diputados se mostraron empeñados en destrozar el beneficio de la duda que se les pudiera dar, y transcurrido un año son mucho más los casos que los igualan a sus antecesores –si no es que comienza ya a superarlos para mal–, con casos tan vergonzantes como pedir moches a sus asesores por asignarles buenos sueldos.
Son los escándalos y corruptelas con las que los actuales diputados dan de qué hablar, porque sobre el cumplimiento de las funciones sustantivas sólo han exhibido la muy poca voluntad de cumplirlas con apego a la ley y a las mejores prácticas para garantizar el beneficio común.
La acumulación de iniciativas sin ton ni son los coloca con un rezago legislativo mucho mayor que el de sus antecesores en el primer año. La LXI Legislatura recibió en su primer año 487 iniciativas. La actual, 735. La anterior legislatura tenía pendientes al cierre del primer año 387. La actual, 530. Dirían en la jerga dentro del propio Legislativo: llegaron con una mayor diarrea legislativa.
En cuanto a las funciones de control de otros poderes, se han mostrado condescendientes con Carreras López al momento de hacer nombramientos, al grado de designar como su representante ante el Consejo de la Judicatura a un personaje por trayectoria más cercano al Poder Ejecutivo que al Legislativo.
Tan no han sido diligentes con los nombramientos que deben autorizar, que ya pusieron su granote de arena para que el sistema Estatal Anticorrupción siga sin posibilidades de entrar en funcionamiento.
Su función esencial de fiscalización prácticamente la han nulificado al obstaculizar el funcionamiento de la Unidad de Evaluación y Control (UEC) de la Comisión de Vigilancia que, en el diseño institucional de la Ley de Fiscalización y rendición de cuentas, representa el elemento que busca garantizar que el trabajo de la Auditoría Superior del Estado (ASE) se apegue a los mejores estándares de desempeño.
Cual si fueran una prolongación de la ecuación corrupta, los actuales diputados lograron postergar el funcionamiento de ese órgano como para evitar más ojos en la revisión de las cuentas públicas 2018 que pudieran resultar un estorbo para componendas como las descritas por el entonces diputado Enrique Flores el 12 de junio de 2017.
La Comisión de Vigilancia no fue capaz ni siquiera de observar que la Auditoría Superior del Estado realizó la revisión de las cuentas públicas sin cumplir la obligación legal de publicar en el Periódico Oficial del Estado los criterios relativos a la ejecución de auditorías.
Faltan 47 días para que la ASE concluya la entrega de los informes general e individuales de la revisión a las cuentas de los 113 entes fiscalizables y el apego a la legalidad de ese trabajo no tuvo vigilancia… ni de la Comisión de Vigilancia.
Quien haya planeado y orquestado ese artificial retraso en la integración de la UEC –por abrir la sospecha sobre potenciales actos de limpieza en las cuentas públicas– poco se diferencia de quienes en la pasada Legislatura operaron la ecuación corrupta.
En un año, los integrantes de la LXII Legislatura ya han acreditado suficientemente que no llegaron al cargo para tratar siquiera de cumplir mínimamente las funciones sustantivas del Poder Legislativo, sino que están ahí para disputarse parcelas de poder que les permitan una mayor tajada en el reparto del erario y el tráfico de influencias como botín.
