Por Victoriano Martínez
Genio y figura…
Desde la llegada de la Minera San Xavier a Cerro de San Pedro en 1995 a la fecha su operación y funcionamiento se ha caracterizado por desatender obligaciones legales y determinaciones de autoridades, sean judiciales o administrativas, por lo que la clausura aplicada por el ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez podría considerarse el arranque de “las del estribo”
¿Cuántas violaciones más acumulará la Minera San Xavier a las normas ecológicas y administrativas mientras se encuentra en el periodo de cierre del proyecto? Desde su llegada hace 27 años, la empresa vendió fantasías para disfrazar su intención depredadora.
Llegaron a plantear ante la prensa que reubicarían toda la flora y fauna del cerro a explotar para regresarla a su lugar original una vez que hubieran terminado de llevarse el oro. Algo que incluso llegó a perfilarse en las 100 condicionantes que le impuso la Dirección de Ordenamiento Ecológico e Impacto ambiental en una autorización condicionada emitida en 1999.
Hoy que el gigantesco socavón dejado por la desaparición del Cerro de San Pedro da cuenta del ecocidio (además de agravio de haber dejado el Escudo de Armas con una montaña desaparecida) aquel planteamiento de reinstalar la flora y fauna deja un tono de imperdonable burla en una expresión de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de la Minera San Xavier.
“No se tienen propósitos de establecer otro tipo de actividades diferentes al minero por parte de la empresa. Se piensa que las áreas afectadas y restituidas para su uso podrán ser utilizadas en el pastoreo de ganado si la revegetación tiene éxito”, señala con clara evasiva de responsabilidad la empresa en la MIA.
Desde el periodo preparatorio del proyecto hasta el de la explotación propiamente, la Minera San Xavier enfrentó sentencias judiciales que lo anulaban por violaciones a diversas normas legales.
En 2004 el Frente Amplio Opositor (FAO) logró una sentencia definitiva que anuló el proyecto, pero dos años después la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) expidió una nueva autorización que también fue combatida y declarada ilegal por un Tribunal Colegiado.
En 2011 el gobierno federal emite un decreto que declara a Cerro de San Pedro para explotación minera y la Semarnat le vuelve a emitir otra autorización ambiental a la Minera San Xavier. Aunque el FAO logró que se declarara inconstitucional el decreto, la minera no dejó de operar.
Lo señalado en los dos párrafos anteriores es apenas un pequeña muestra de todos los procesos jurídicos que perdió la Minera San Xavier, pero también de la forma en que los gobiernos de Vicente Fox Quezada y Felipe Calderón Hinojosa, con Marcelo de los Santos como aliado local, favorecieron a la minera canadiense.
En varias Mañaneras el presidente Andrés Manuel López Obrador ha puesto el caso de Minera San Xavier como ejemplo de lo que no debe hacerse. “¡Imagínense cuánta vergüenza!”, expresó el 15 de agosto de 2019 para enseguida preguntarse cómo contaría Marcelo de los Santos a sus nietos sobre la existencia del cerro del escudo de armas que él permitió que se destruyera.
“Lo permitieron las autoridades mexicanas desgraciadamente, el cerro ya se acabó y fue una minera canadiense con el apoyo, la complicidad del gobierno estatal y del gobierno federal de aquel entonces”, acusó en la Mañanera del 17 de marzo de 2019.
Una depredación ecológica que tiene responsables, tanto empresariales como de parte de autoridades, sobre las que no sólo las actuales autoridades ambientales deben vigilar con rigor que se cumplan las medidas de remediación en el sitio, sino también deslindar responsabilidades sobre el daño ecológico y al patrimonio cultural.
El 28 de junio de 2021, integrantes del FAO sostuvieron una reunión con María Luisa Albores para tratar el tema de la Sierra de San Miguelito, pero además acordaron la creación de una comisión para analizar los incumplimientos de la Minera San Xavier con respecto a la remediación del sitio.
“Para nosotros no es nada más la remediación, es el castigo a los que fueron responsables del desastre ambiental”, señaló en esa ocasión Carlos Covarrubias, integrante del FAO.
Si la Minera San Xavier aún tiene muchos pendientes en cuanto a la remediación y el deslinde de responsabilidades sobre los daños al patrimonio ecológico y cultural del estado, vale recordar que en septiembre de 2019, Ricardo Gallardo Cardona en su carácter de diputado federal presentó, junto con otros 18 legisladores, un punto de acuerdo relacionado con Minera San Xavier.
En su planteamiento, el hoy gobernador del Estado, abordó el impacto en la salud pública y pidió que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhortara al gobierno de San Luis Potosí a dos cosas:
Uno. Que a través de la dependencia correspondiente en materia de salud pública, realice los estudios sobre los impactos en la salud que producen las actividades de la Minera San Xavier en la población que trabaja en la mina y vive cerca de ella.
Dos. Que, en caso de existir daños en la salud de los trabajadores de la mina y habitantes cercanos a ella, tome las medidas necesarias para que la empresa New Gold-Minera San Xavier se haga responsable del tratamiento de los afectados.
Si se aprobó o no ese punto de acuerdo hoy ya es irrelevante, dado que el proponente hoy ocupa el lugar del exhortado. En consecuencia, hoy está en sus manos asumir las acciones que pretendió se pusieran en marcha… Aunque en siete meses al frente del gobierno parece que el documento aquel ya fue olvidado, o bien pudo ser una pose políticamente correcta en su momento.
El hecho es que parece que cualquier medida, como la emprendida por el ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, no significan más que una ampliación de su amplio catálogo de cómo ningunear a las autoridades mexicanas con tal de llevarse el oro, sin importar la devastación que provoque.
