Foto tomada de internet

Alejandro Hernández J.

La jornada nacional de sana distancia ha llegado a su tercera fase, por lo que la distanciación social deberá ser mayor. Sin embargo, muchas personas no pueden trabajar desde sus hogares y necesitan seguir circulando por la ciudad. Además, todos tenemos que reabastecer nuestros víveres de vez en cuando y, evidentemente, el personal médico tiene que llegar a los centros de salud. En cualquier caso, los desplazamientos urbanos deben ser seguros y eficaces para evitar la propagación del COVID-19. ¿Cómo han respondido las autoridades locales y los prestadores del servicio de transporte público potosino ante estos nuevos retos? 

La semana pasada, el único sistema de transporte colectivo de nuestra ciudad se vio rebasado por la situación actual y decidió lanzar una amenaza disfrazada de diálogo. El dirigente de permisionarios, Marco Antonio Uraga Rodríguez, anunció el interés del gremio que representa por retirar todas las unidades debido a la falta de usuarios. “Se pierde menos parando las unidades. (…) Nos hemos solidarizado con la ciudadanía, pero estamos en una situación crítica”, declaró el ingeniero Uraga, no sin asegurar que la decisión sería comunicada a la ciudadanía y a las autoridades para evitar que se tomase como una medida unilateral. Inmediatamente después, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno del Estado, Fernando Chávez Méndez, advirtió que ese acto violaría la Ley del Transporte Estatal y aseguró que el servicio de transporte público no se detendría bajo ninguna circunstancia. 

Sea como fuere, la circulación de autobuses urbanos tal como se presenta es una respuesta más que torpe ante los desafíos de movilidad en el marco de la reciente pandemia. Operadores y pasajeros se exponen al contagio (del coronavirus y de cualquier cantidad de patologías…) cuando los unos siguen cobrando dinero en efectivo al tiempo que conducen y los otros no logran respetar la sana distancia dentro de las unidades. En efecto, ninguna autoridad o prestador de servicio pudo prever que, si la circulación de los camiones es extremamente esporádica y no se anuncian horarios, las unidades y los parabuses podrían frecuentemente saturarse con los usuarios que esperaron durante decenas de minutos a que la unidad por fin llegara. Tampoco pensaron que, en un momento tan difícil para la economía personal y familiar, desembolsar dinero para pagar un taxi —porque el camión no pasa— refuerza el sufrimiento y la desesperación. 

Si alguna vez pensábamos (tal vez ingenuamente) que el transporte público de nuestra ciudad mejoraría algún día, las declaraciones de los permisionarios nos hacen ver que esto podría nunca ocurrir. Después de todo, las palabras citadas más arriba por parte del dirigente de la Central 2000 Línea Morales S.A. de C.V. confirman que el transporte público potosino es, ante todo, un negocio, el cual estaría por perder hasta el 90% de sus ganancias. Cuando había dinero, el sistema no logró siquiera atender asuntos básicos como la homologación de las tarjetas de prepago; tampoco se interesaba mucho por la integridad de sus operadores —quienes, al trabajar un promedio de 16 horas al día por 500 pesos se encuentran prácticamente en condiciones laborales semejantes a las de los trabajadores de maquila de inicios del siglo pasado—. ¿Qué podremos esperar ahora que las arcas se vacían?

De cualquier forma, cuando la marea del COVID-19 comience a descender, la movilidad urbana podría nunca ser igual que antes. Especialistas como el politólogo Jesús Freire aseguran que, en todo el mundo, un rechazo colectivo a los transportes públicos comienza a gestarse. Así, de Colombia hasta Nueva Zelandia, pasando por varios países europeos, los ciudadanos comienzan a desempolvar sus bicicletas y las administraciones mundiales actúan, en varios casos, en consonancia. La ciudad de Bogotá desplegó 117 kilómetros de ciclovías temporales; en Berlín, los carriles exclusivos para bicicletas fueron ensanchados (de hecho, el Ministro de Salud alemán recomendó a sus ciudadanos realizar sus desplazamientos en dos ruedas). Países como Francia o España piensan incluso en llevar esta nueva tendencia hasta sus últimas consecuencias, considerando ya hacer de este medio de transporte el principal. 

En San Luis Potosí capital, también hay más bicicletas en las calles desde hace varias semanas. Pero, para nuestra poca sorpresa, las autoridades locales se han quedado inmóviles ante los cambios de movilidad que comienzan en el mundo. A pesar de que el flujo de automóviles ha bajado drásticamente, y de que, como hemos visto ya, el transporte público es más un lastre que una solución, nadie ha pensado, por lo menos, en habilitar ciclovías temporales. Lo más inquietante es que, mientras varias administraciones del mundo comienzan a darse cuenta de que un cambio en los servicios de transporte será fundamental para salir de la pandemia, en nuestra ciudad (y tal vez en el país) aún no llega el mensaje. 

Ojalá que los ciudadanos aprovechemos de estos momentos inauditos de cambio para abrocharnos el casco y pedalear por la predominancia de la modalidad de desplazamiento que, hasta hace poco, era considerada como una alternativa —que de alternativa no tenía nada, pero, como sabemos todos, los intereses de producción manipulan hasta el lenguaje—. Después de todo, como se preguntaba recientemente un buen amigo mío (Daniel): “¿realmente hace falta una máquina de una tonelada para que cualquier individuo de unos 75 kilos (peso del mexicano promedio) y sin problemas corporales de movilidad realice cada uno de sus viajes por la ciudad?” 

“Ya es tiempo de dejar atrás nuestra obsesión enfermiza por los automotores indivuales” (o algo más o menos parecido dijo recientemente el filósofo esloveno Slavoj Zizek).