Por Victoriano Martínez

Tras la publicación de los programas municipales de desarrollo urbano en el Periódico Oficial del Estado, los efectos muestran el mismo contraste que durante su elaboración: inconformidad por parte de quienes resultan afectados y no fueron tomados en cuenta y una autoridad en atender a los desarrolladores inmobiliarios.

A tres días de la publicación de los programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (PMOTDU) y de Desarrollo Urbano del Centro de Población (PMDUCP), el Ayuntamiento pagó cuatro planas en diversos medios impresos para presentar la versión abreviada de ambos documentos, como limitado esfuerzo hasta ahora para divulgar su contenido, pero sin publicar esas síntesis en sus plataformas Web.

En los sitios Web del Ayuntamiento y del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) no hay más información sobre los planes de desarrollo urbano que el acceso a los dos ejemplares del Periódico Oficial que reproducen los documentos. El IMPLAN mantiene un video que publicó el pasado 27 de enero que promociona las presuntas ventajas de los programas sin mayor información.

Sin explicaciones claras y directas, la autoridad municipal le sigue debiendo a los habitantes de la ciudad una exposición que le ayude a entender la importancia de los documentos y sus alcances, tanto en lo que les puede beneficiar como en lo que pudieran considerar que los perjudica.

En cuanto a la perspectiva de quienes se sienten afectados por las disposiciones que incluyen los programas de desarrollo urbano, dos días después de la publicación de los documentos se dio el primer caso de reclamo con una denuncia por delitos ecológicos ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Se trata de una denuncia presentada por Eulogio López Delgado, Juan Hernández Hernández y Ma. del Carmen Gómez Silva, presidente, secretario suplente y tesorero, respectivamente, de la mesa del Comisariado Ejidal del Ejido La Pila, por considerar que los cambios de uso de suelo les afectas e “implican actividades altamente riesgosas”.

“En nuestro Ejido no se han celebrado Asambleas para el cambio de Destino de Tierras, adquisición del Dominio Pleno como tampoco existe ningún estudio de carácter ambiental tal y como establece el Registro Agrario Nacional en su Circular Número 03/2017 que establece los Trámites que requieren dictamen u opinión técnica de la Dirección General de Gestión Forestal y Suelos de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)”, le expusieron a la Profepa.

Señalan como denunciados al Ayuntamiento de San Luis Potosí y a la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (SEDUVOP) por la emisión de los programas de desarrollo urbano y los efectos que tendrán para la superficie de su Ejido.

“Los instrumentos antes referidos que modifican el uso de suelo el destino de las tierras de nuestro Ejido y en su lugar se determina sin los estudios y autorizaciones necesarias con objetivos que pueden constituir infracciones de carácter ambiental”, señalaron.

Se trata de la primera reacción legal ante la publicación de los programas de desarrollo urbano que se da en contra, mientras desde el sector empresarial se celebra, incluso con el anuncio de 60 desarrollos inmobiliarios que esperaban la entrada en vigencia de los programas para empezar a gestionar las autorizaciones municipales.

Una gestión que arranca con la certeza de haber librado el principal y mayor obstáculo, según el comunicado del Ayuntamiento sobre la publicación de los programas, que termina con el anuncio de la “migración del anterior programa, que quedó obsoleto”.

Anuncian que el IMPLAN los auxiliará “para elaborar los documentos que apoyarán a la municipalidad y a los usuarios de los programas, refiriéndose a inversionistas, arquitectos, ingenieros y desarrolladores inmobiliarios”.

¿Un desliz o una confesión involuntaria sobre para quién trabajaron los programas de desarrollo urbano? Si los usuarios de los programas sólo son los inversionistas, arquitectos, ingenieros y desarrolladores inmobiliarios, bien pudieron evitarse la consulta pública de hace un año y evitar engañar a los más de dos mil 400 participantes.