María Ruiz
El colectivo Pedaleando SLP exigió al Ayuntamiento de San Luis Potosí dejar de responder con prohibiciones a los problemas de seguridad vial y cumplir con el Acuerdo de Cabildo de Cruces Seguros, tras las declaraciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) sobre restringir la circulación de vehículos eléctricos tras el accidente mortal del pasado 17 de julio en el Distribuidor Juárez.
Víctor Hernández, especialista en movilidad inclusiva e integrante del colectivo, informó que este miércoles entregaron oficios a las direcciones de Obras Públicas, Policía Vial, Tesorería, Comunicación Social y a la Comisión de Movilidad del Cabildo para exigir avances concretos en la implementación de acciones de seguridad vial.
Explicó que las dependencias deberán presentar un plan técnico basado en la Norma Oficial 004 de Sedatu 2023 para cruces seguros, detallar el presupuesto asignado y activar campañas de educación vial.
La entrega de oficios ocurrió luego de que el secretario de Seguridad, Juan Antonio Villa Gutiérrez, anunciara que el Ayuntamiento analiza regular y prohibir la circulación de vehículos eléctricos en ciertos puntos.
“Nuestra postura es de absoluto rechazo. Esta postura es errónea, es negligente, es inaceptable. Teniendo la obligación legal de pacificar ese y otros entornos viales, la única respuesta con la que salen es proponer restricciones o prohibiciones contra este tipo de movilidad”, manifestó.
Hernández aclaró que el colectivo no se opone a regular vehículos que superen ciertas velocidades y que por sus características deban sujetarse a reglas de motocicletas; sin embargo, advirtió que aplicar ese esquema en la capital es inviable por la carencia de infraestructura ciclista.
“Supongamos que deciden regularlos bajo esos mismos criterios. ¿Dónde están las ciclovías y dónde está la red de infraestructura segregada en San Luis Potosí para hacer esa distinción? Simplemente no existe”, señaló.
Para el activista, el problema radica en la ausencia de calles seguras para todos y aseguró que las intenciones de regulación de la autoridad ocultan prohibiciones.
“Cuando la autoridad habla de regular sabemos que en los hechos lo único que pretende es prohibir, y eso es absurdo”, sostuvo.
Asimismo, advirtió que responsabilizar a los usuarios más vulnerables tras un siniestro sienta un precedente peligroso.
“¿Qué va a pasar la próxima vez que un automovilista atropelle a un usuario de estos vehículos, a un ciclista o a un peatón? ¿La solución también va a ser prohibirles el acceso a las calles? Eso encubre la incapacidad que tienen de gestionar la velocidad y de proteger a las personas”, cuestionó.
El activista sostuvo que las políticas públicas de movilidad continúan privilegiando al automóvil sobre el resto de los usuarios de la vía pública, lo que, dijo, contribuye a mantener condiciones de riesgo.
Finalmente, exigió al gobierno municipal dejar de aplazar sus compromisos:
“La exigencia es que dejen de eludir su responsabilidad y comiencen a aplicar la infraestructura y las políticas de seguridad vial que por ley ya están obligados a acatar”.
