Estela Ambriz Delgado
Autoridades comunitarias náhuatl y tének, y habitantes de la Huasteca Potosina, reiteraron su rechazo al fracking y se pronunciaron por una reorientación de la política energética en el país que involucre al sector social de la economía, que incluya a los pueblos y comunidades indígenas, núcleos agrarios y el sector cooperativista, pues reclaman una verdadera participación en las decisiones de políticas públicas.
Luego de haber realizado el 5º Foro “¡No al fracking! En defensa del territorio, el agua y la vida”, el pasado 5 de junio en el paraje El Nacimiento, municipio de Huehuetlán, la Contraloría Autónoma del Agua de la Huasteca Potosina (CAAHP) emitió un pronunciamiento sobre los planteamientos y acuerdos realizados.
En este se indica que se hizo un balance de las acciones acordadas por los primeros cuatro foros realizados en los municipios de San Antonio, Xilitla, Axtla de Terrazas y San Luis Potosí, así como de las acciones de incidencia ante el Legislativo estatal y el federal, ayuntamientos, y movilizaciones pacíficas, encaminadas todas a frenar la implantación de la fracturación hidráulica y prohibirlo a nivel constitucional.
En este diálogo de saberes, iniciado con un ritual por el agua, se combinaron los puntos de vista de los diversos actores para establecer las rutas a seguir para proteger los bienes comunes frente a la amenaza de la devastadora técnica y otros megaproyectos de muerte.
Se dio lectura a numerosas cartas de solidaridad de colectivos estatales y regionales de diversas partes del país y pronunciamientos del sector de turístico de la Huasteca. Además de que se ratificó su posición y diversos acuerdos, entre estos, que todo intento por aplicar esta técnica devastadora será rechazada de forma organizada, firme y con la movilización pacífica en el marco de las leyes para salvaguardar los derechos humanos y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas.
Asimismo, que la movilización pacífica se seguirá expresando de forma pública, propositiva y cada vez más amplia en todos los espacios de su territorio, en las plazas públicas y en los medios de comunicación, a fin de establecer alianzas en todos los niveles y espacios territoriales, nacionales e internacionales.
“La implantación de proyectos destructivos de nuestro territorio, ajeno a los intereses de los pueblos y de la población que habita en él, no tiene más cabida. Solo podrán ser incluidos aquellos que garanticen la protección de los ecosistemas, mejoren la calidad de vida, y garanticen la participación social”.
En este sentido, se consensó también que la soberanía energética debe orientarse en acelerar la transición hacia el uso de energías renovables con justicia y para beneficio de los sectores mayoritarios de la población.
Por ello, frenar de inmediato el uso del fracking para la extracción de gas y petróleo es una medida necesaria y urgente para evitar la conflictividad social a todas luces innecesaria, y por demás empujada por intereses extranjeros.
Se puntualizó que el grupo de expertos designado por la presidencia de la República tiene la obligación de actuar con honestidad, profesionalismo y ética, pues no existe el “fracking sustentable” y en sus manos está la suerte de miles de familias, cientos de comunidades, decenas de pueblos, de los ecosistemas y de la viabilidad de la vida social, cultural y económica de la región.
De igual forma, se indicó que se mantiene la exigencia al Ejecutivo federal de que cancele esta “técnica de muerte”, para lo cual es imprescindible que se reoriente la política energética contenida en el Plan Estratégico Pemex 2025-2035, se frene de inmediato el uso de la fracturación hidráulica e impulse su prohibición en el marco constitucional.
Asimismo, que en paralelo se acreciente el presupuesto orientado a transitar hacia la adopción de energías renovables, con justicia y para beneficio de los sectores mayoritarios de la población, pues hay recursos económicos y condiciones medioambientales para su concreción. Esta reorientación de la política energética debe involucrar al sector social de la economía, incluyendo a los pueblos y comunidades indígenas, núcleos agrarios y el sector cooperativista.
“La sociedad, y en especial los pueblos y comunidades indígenas que representamos el 70 por ciento de la población de la Huasteca Potosina y la mayor porción de su territorio, reclamamos una verdadera participación en las decisiones de políticas públicas, pues además de proteger la riqueza natural de las aguas, bosques, selvas y tierras, también aportamos a la economía y sustento de la población. Los pueblos y comunidades indígenas, por ende, debemos contar con la garantía del respeto a los derechos para ejercer la libre determinación y autonomía para vivir con dignidad”.
En el evento participaron autoridades comunitarias de los pueblos náhuatl y tének de 13 municipios y diversos organismos civiles de la zona Huasteca, representantes indígenas y del movimiento popular de la Sierra Norte de Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Nuevo León, Querétaro, Tamaulipas, Guerrero, y de redes nacionales como la Contraloría Nacional Autónoma del Agua (CNAA), Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida (ApT), la Red Nacional de Comunidades Envenenadas en Resistencia (RENACER), la Alianza Mexicana Contra el Fracking (AMCF) y la Red Nacional de Sistemas y Comités Comunitarios del Agua.
