Antonio González Vázquez

La entrega de tarjetas por parte de candidatos a cargos de elección popular no es ilegal; es solamente propaganda de mal gustó, definió el consejero del Instituto Nacional Electoral, Ciro Murayama Rendón.

En su intervención ante el pleno del Consejo General, durante la sesión de ayer, en el contexto de la discusión del dictamen de Mónica Liliana Rangel Martínez, el consejero abordó el tema de la entrega de tarjetas por parte de candidatos de varios partidos políticos en distintas entidades federativas.

En San Luis Potosí, José Ricardo Gallardo Cardona, distribuye “La Cumplidora”, motivo por el cual ya fue denunciado ante instancias electorales. El caso potosino no fue mencionado por Murayama Rendón, quien citó especialmente el caso de Nuevo León.

Explicó que, en resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que data de 2017, la entrega de tarjetas no es violatorio de la legislación electoral.

Su postura provocó críticas negativas, especialmente de Morena y del propio presidente Andrés Manuel López Obrador, quien reiteró que la entrega de tarjetas es un fraude que no se puede permitir.

Aquí la versión estenográfica que sobre el tema, expuso el consejero electoral:

“La campaña electoral se fiscaliza una vez que termina la campaña, así como las precampañas se fiscalizan una vez que termina la precampaña, y si esta autoridad sancionó a distintos precandidatos fue porque cuando concluyó el periodo de precampaña y tenían la obligación de rendir sus informes, fueron del todo omisos.

Entonces, la fiscalización se hace etapa por etapa, se cierra la de precampaña, se abre la de campaña, y la pretensión de que esta autoridad se pronuncie a la mitad del camino es una pretensión que no tiene validez en la ley, y en todo caso, no hay revisión de anular candidaturas por hechos de fiscalización durante las campañas.

Lo aclaro porque ahora se ha, incluso, puesto sobre la mesa que distintos candidatos que están repartiendo tarjetas puedan por ese hecho ser sancionados con el retiro de su candidatura, y la verdad es que son candidatos de todos colores y sabores, de las más variopintas fuerzas políticas; no digo que, de todos los partidos, pero sí de muy diversos.

¿Y qué es lo que ha determinado esta autoridad en materia de tarjeta? Pues en 2017 hubo dos campañas en donde se repartieron tarjetas, en el Estado de México una que se llamaba Salario Rosa, y en Coahuila, otras que se llamaban Mi monedero o Mi monedero rosa.

Esta autoridad, cuando se pronunció en los dictámenes de fiscalización, determinó que le entregaron un cartón prometiendo acciones de gobierno era, simplemente, propaganda. Se determinó en votación dividida, para mí debería de haberse sancionado, pero perdí esa votación, a lo hecho, pecho.

En el caso de Coahuila, lo que pasó es que además se pedía información del elector, y eso nos pareció incorrecto, y por eso sancionamos la práctica de entregar una tarjeta a cambio de datos del electorado.

Sin embargo, el Tribunal Electoral revocó esa sanción de este Consejo General y la entrega de tarjetas, prometiendo cosas que se van a echar a andar programas sociales, que se van a ampliar derechos, quedó validada por el órgano jurisdiccional.

Pretender que ahora el candidato a la gubernatura de Nuevo León, de Movimiento Ciudadano, la candidata a la gubernatura de Nuevo León de Morena o el candidato a la Alcaldía de Guadalajara de Morena o un candidato del Partido en otro lado puedan ser retirados de la contienda por esto, pues tiene dos problemas:

Primero. No se retiran candidaturas cuanto estas están en curso, si cumplieron con sus obligaciones como precandidatos o si no hicieron precampaña; y,

Segundo. La mera entrega de cartoncillos o de plásticos si no tiene dinero, bienes o servicios detrás no es en sí ilegal, es una propaganda que nos puede parecer de mal gusto, pero la autoridad jurisdiccional la permitió.

¿Qué es lo que está tajantemente prohibido? Entregar dádivas, dar kits, paquetes con mercancías, entregar boletos para acceso a distintos servicios, incluso de entretenimiento, ya hemos sancionado la entrega de boletos de cine, por ejemplo.

Pero mientras no haya dádivas, los meros cartoncillos pues son propaganda, si se quiere de mal gusto, pero no son violatorios de la legalidad.

Entonces, lo que tenemos lo que tenemos ante nosotros también es la pretensión de que el INE verifique todo lo que está pasando en todas las campañas locales y es una pretensión incorrecta de quien no ha leído la ley, vivimos en una República Federal.

Y las contiendas locales son reguladas por las autoridades locales, por los Organismos Públicos Locales.

Por eso incluso cuando hemos tenido denuncias en la Comisión de Quejas sobre intromisión de autoridades, por ejemplo, el titular del Ejecutivo Federal, en la contienda electoral de Nuevo León, lo que hicimos no fue silenciar o guardar en un cajón esa queja.

Como es una intervención presumiblemente sobre lo que está ocurriendo en Nuevo León, se turnó el asunto a la autoridad electoral de Nuevo León que ya abrió el caso respectivo.

Es decir, el INE no es la única autoridad electoral en el país. Cada queja en materia de contienda política local debe ser resuelta por la autoridad local.

Sí es cierto que en materia de fiscalización somos la única autoridad y por eso vamos a resolver todas las quejas que en materia de fiscalización se interpongan, pero no es el caso de las tarjetas y no es el caso de la intromisión en procesos locales.

Solo, entonces, esta es una reflexión acerca de cómo está el INE atendiendo y velando por la equidad en este proceso.