Alejandro Rubio
Nadie es perfecto, eso es algo que todos sabemos, pero sí hay formas de conducirse y trabajar con responsabilidad, sobre todo cuando se está ejerciendo presupuesto público, es decir, los impuestos de todos y todas.
Tampoco se espera que un gobernador, alcalde o diputado sea un todólogo, pero por algo cada uno tiene la facultad de contratar secretarios, directores, asesores y personal en general especializado en cada área de necesidades que tengan los estados, las ciudades y su población.
Pero cuando la autoridad improvisa, se nota.
Y el problema de un improvisado en el poder es que sus decisiones no solo lo afectan a él, sino que se puede ver afectado desde un vecindario, hasta una colonia, un grupo social, toda una ciudad, un estado o un país.
Esta semana vimos la caída de la “Ley Serrano”, una reforma que, de fondo, tenía bien pensado su objetivo: intimidar opositores, y de alguna u otra forma lo logró al colocar a tres comunicadores en la cárcel.
Pero en su forma era una total improvisación del Congreso del Estado, tal es el caso que se adelantaron a derogarla antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación los volviera a exhibir a nivel nacional echándola abajo.
De haber sido una reforma estudiada, analizada, debatida y bien estructurada, no hubiera habido necesidad de derogarla, aún con la acción de inconstitucionalidad en espera y ante cualquier inconformidad que se hubiera presentado.
Para hacer más notoria la vergüenza, el Poder Legislativo derogó en fast track la “Ley Serrano”, impidiendo el paso de la prensa a la sesión del Pleno, como quien no da la cara ante sus errores.
Este viernes salió el sol con la noticia de que, además del partido político Somos México, el gobierno federal también impugnó la cuestionada reforma electoral de San Luis Potosí. Un golpe duro que la máxima autoridad gubernamental se sume en contra del pequeño congreso local potosino y su cacique, el gobernador.
Si de improvisaciones se trata, el Congreso del Estado es experto en cuanto a las reformas electorales, principalmente por aprobarlas al “ay se va” sin realizar las consultas necesarias a pueblos y comunidades indígenas, así como a personas afromexicanas y con discapacidad.
Todas esas acciones de inconstitucionalidad que se presentan, así como las resoluciones de la Corte, se traducen en tiempo invertido y, a la vez en presupuesto, que si bien no es cuantificable, es un hecho que cada movimiento de la burocracia nos cuesta a todos los mexicanos.
Pero como ese dinero no sale del bolsillo de cada diputado que presenta y aprueba con su manita cada barbaridad, lo seguirán haciendo hasta el fin de los tiempos.
Otra cosa sería que cada reforma que tenga que ser derogada por la Corte les costara en su sueldo a los diputados, ahí sí, tenga por seguro, que cualquier movimiento que hagan en comisiones lo estudiarían punto por punto y cada vez que levanten la mano en el Pleno lo pensarían hasta cinco veces.
Desde hace más de una semana resuenan los comentarios sobre los nuevos reductores de velocidad colocados en la avenida Chapultepec… pero no por su utilidad, sino por los múltiples daños que ocasionó a vehículos al no haber contado desde el principio con una señalética vial adecuada.
Además, la obra fue cuestionada porque, a pesar de que se argumentó que fue realizada para que las personas pudieran cruzar la riesgosa avenida, la realidad es que no estaba planeada para ello. Colectivos de movilidad y personas con discapacidad evidenciaron que no permitía un correcto paso peatonal.
Primero se instalaron los topes; después, al ver los accidentes ocurridos, se optó por instalar señalética y un dispositivo de vialidad consistente en oficiales y patrullas. Finalmente, el jueves por la noche, los topes fueron retirados.
En nuestra vida diaria todos vamos a prueba y error para alcanzar el éxito, el problema es que esta fórmula no debería de aplicar para la administración pública, pero es el problema de tener en cargos a personas que no están capacitadas, de darle prioridad a los amigos, a las cuotas políticas, es decir, corrupción.
No es lo mismo estar jugándole al ingeniero vial o al constructor con tu propio bolsillo, que con el presupuesto público. Tampoco da igual tomar decisiones que solo afectan a uno mismo, que poner la vida de miles de automovilistas y peatones en riesgo. Por fortuna, el “ensayito” del Ayuntamiento capitalino no causó daños mayores que los materiales, pero seguramente sí afectó el patrimonio de varios potosinos.
Los improvisados abundan, así como sus errores. Lamentablemente San Luis vive una crisis de autoridades incompetentes para trabajar, pero no para cobrar.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Es Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Actualmente director editorial de Astrolabio Diario Digital, con interés y experiencia en Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública. Formó parte de la tercera generación del MásterLab en edición de investigaciones organizado por Quinto Elemento Lab.
