Por Victoriano Martínez
Todo indica que la degradación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) se da sin límites, al grado de que la toma de su edificio para exigir la renuncia de su titular se ha vuelto una constante.
Desde su primer periodo como presidenta del organismo, Giovana Argüelles Moreno comenzó a marcar distancia con las víctimas de violaciones a derechos humanos, que es la principal función de la CEDH.
Tiene tiempo que la CEDH ya no defiende a las víctimas, las confronta. Son frecuentes los reclamos y las protestas en su sede al grado de que resulta difícil enumerarlas una por una, lo que obliga a mencionar algunos de los casos que muestran cómo el organismo garante de los derechos humanos se degrada hasta dejar de ser lo que debe ser.
Durante el primer semestre de 2024, la CEDH enfrentó manifestaciones que incluyeron la toma del edificio por un periodo de 70 días que concluyó con la firma de una minuta cuyos acuerdos reflejaron una serie de agravios contra las víctimas al grado de reconocer la existencia de expedientes que se concluyeron para abatir el rezago, pero sin mediar investigación y trabajo de campo que diera paso a la protección de las víctimas.
Parte de los compromisos de aquella minuta tenían que ver con reaperturar expedientes cerrados sin haber cumplido con su trámite y que, en consecuencia, habían dejado desprotegidas a las víctimas.
La confrontación y el poco respeto a las víctimas quedó expuesto cuando en dos ocasiones, para que no se afectara la visibilidad de las víctimas y por encontrarse la sede en un edificio rentado, retiraron las fichas de búsqueda que familiares manifestantes colocaron en la fachada de la sede de la CEDH, lo que fue cuestionado por familiares y colectivos.
Sobre los casos de desapariciones, no sólo les faltó al respeto de esa forma, sino que desde 2019 mantiene pendiente un informe sobre desaparecidos que, al no elaborarlo, el 14 de junio de 2025 el colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros presentó un “informe sombra”, ante el que Argüelles Moreno se comprometió a elaborar el oficial en seis meses. Sigue sin cumplir.
En el extremo de la confrontación contra las víctimas, en diciembre de 2024 circuló la versión de una agresión por parte de María de Jesús Arméndarez Prieto “Mary Chuy” contra Argüelles Moreno, confirmada por Miguel Ángel García Amaro, titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV).
No obstante, la titular de la CEDH evitó salir a aclarar si ocurrió o no la agresión ni se exhibieron los videos del lugar y el momento de los hechos como pidió Mary Chuy. El episodio fue más un intento por desacreditar a una víctima cuya presunta agresión no se acreditó como real.
Desde las movilizaciones contra la CEDH de Argüelles Moreno surgió una solicitud de juicio político en contra de la funcionaria, promovida por Mery Chuy, que finalmente el Congreso del Estado declaró improcedente en marzo de este año.
Mary Chuy denunció irregularidades en el trámite y resolución del juicio político porque además de los retrasos en su resolución, estuvo marcado por inconsistencias en la integración y entrega del expediente.
Inconsistencias que podrían tener su origen en una actitud de correspondencia con la actuación de Argüelles Moreno al frente de la CEDH en tanto que ya acumulaba varios casos en los que se opuso a promover acciones de inconstitucionalidad contra decretos expedidos por la Legislatura que sí retomó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)
El 30 de mayo de 2025, la organización Cambio de Ruta solicitó a la CEDH promover una acción de inconstitucionalidad contra el decreto 0207, que tipificó como delito el halconeo a propuesta del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, pero Argüelles Moreno se negó, por una actitud sumisa ante el gobierno estatal.
La más reciente negativa a una acción de inconstitucionalidad tiene que ver con modificaciones a la Ley Electoral del Estado, solicitada por un grupo de ciudadanos que acusa al Congreso local de volver a legislar sin consultar previamente a personas con discapacidad y a pueblos y comunidades indígenas.
En su degradación sin límites, la CEDH se exhibe más al servicio de quienes ostentan el poder en perjuicio de las víctimas. La recomendación 10/26, sobre el Caso Serrano, rompe un límite más en la degradación: la CEDH ahora ya relega a las víctimas en condiciones de vulnerabilidad para privilegiar la atención a quien desde el poder se victimiza.
