Por Victoriano Martínez

Convertidas en duelos de posturas para ver quién logra un mejor efecto personal ante el público –asistente y a través de los medios–, las comparecencias ante el Congreso del Estado con motivo del cuarto informe del gobernador Juan Manuel Carreras López, aún sin proponerse despejar dudas sobre el estado que guarda la administración pública –su razón de ser–, algo han dejado ver.

Un claro ejemplo se dio este lunes, con el torneo de egos en torno al tema de mayor preocupación entre la población: la seguridad pública.

Durante las cuatro horas de la comparecencia, no hubo cuestionamientos sobre el destino y lo alcanzado con la aplicación de los 2 mil 415 millones 875 mil 568 pesos que Carreras López informó haber aplicado al eje estratégico “San Luis Seguro”.

Se repitió cuando menos en dos ocasiones la justificación de que la inseguridad que se padece en territorio potosino es producto de una situación generalizada en el país, con uno que otro reclamo por parte de algún legislador, pero si cuestionar sobre la consecuente reacción ante una explicación como esa.

Si la inseguridad es un efecto que viene de fuera, ¿por qué no se hace una descripción detallada de las medidas que se han tomado para contrarrestarlo?

Si los diputados hubieran consultado los documentos presentados por Carreras López, en la página 645 del complemento Programático habrían encontrado un dato revelador: La Secretaría de Seguridad Pública cuenta con un operativo de resguardo y vigilancia denominado Cucaracha, que seguramente es para contener la delincuencia que viene de fuera.

No obstante, la importancia que se la da a una medida como esa está claramente reflejada en el presupuesto que en el operativo Cucaracha se aplicó: tres millones 200 mil pesos. Apenas el 0.13 por ciento de los recursos aplicados a lograr un “San Luis Seguro”.

Entre los intercambios de loas y poses para el respetable, el titular de la SSP Jaime Pineda Arteaga reveló que sólo seis de los 58 ayuntamientos cuentan con policías certificados y apoyo federal, y aunque presumió programas de capacitación, no hizo referencia a que en el anexo Programático del cuarto informe sólo se mencionan 10 acciones de diversas capacitaciones (ver tabla).

El presupuesto aplicado en esas capacitaciones fue de apenas el 0.31 por ciento (7 millones 720 mil 450 pesos), una cifra que es un claro indicador del bajo nivel de prioridad que le dan al tema, a pesar de lo trascendente que resulta para mejorar el sistema de seguridad. No basta con decir que se le da importancia si presupuestalmente lo tienen tan relegado.

Exhibiciones voluntarias e involuntarias que fueron coronadas con la intervención del diputado Edgardo Hernández Contreras, quien reveló actos de corrupción de tres funcionarios y del propio titular de la SSP, cuya permanencia resumió en una pregunta: “¿Qué compromiso tan fuerte tiene (el gobernador) para tenerlo ahí nada más usurpando ese poder? Usted debería estar en la cárcel”.

“Yo le exijo, viéndolo a la cara, que renuncie”, remató. “Y usted es un cobarde. ¿Por qué? Porque tengo un amparo de protección a la vida y no lo puedo exponer por sus cobardías. Espero que renuncie, si tiene vergüenza. Es cuanto y me retiro”.

Con esas palabras, Hernández Contreras aportó el clímax de una comparecencia que dejó una descripción del estado que guarda la administración pública: en ella no están quienes debieran estar, y la ocupan quienes menos deberían hacerlo.