Fernanda Durán
Luego de meses de reuniones, oficios, requerimientos judiciales y negociaciones con personal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Congreso del Estado perfila un nuevo aplazamiento en el cumplimiento de las consultas indígenas y de personas con discapacidad ordenadas por el máximo tribunal del país, lo que prácticamente dejaría fuera del proceso electoral de 2027 cualquier modificación relacionada con elecciones por usos y costumbres en municipios indígenas de San Luis Potosí.
Este martes, coordinadores parlamentarios y representantes del Congreso sostuvieron una nueva reunión presencial con funcionarios de la Corte encargados del seguimiento a las acciones de inconstitucionalidad 141/2022 y su acumulada 152/2022, relacionadas con la invalidez de reformas electorales aprobadas sin consulta previa a pueblos indígenas, afromexicanos y personas con discapacidad, así como de la acción de inconstitucionalidad 67/2023, vinculada a la Ley de Educación.
Entre los funcionarios presentes estuvieron el secretario de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y Acciones de Inconstitucionalidad, Fermín Santiago Santiago; la secretaria de Estudio y Cuenta, Arely Hernández Jiménez; y Daniel Fajardo Ortiz, titular de la Unidad General de Enlace con los Poderes.
De acuerdo con la información presentada por el Congreso, durante los últimos meses se han desarrollado “marcos lógicos” para ambas consultas y se han sostenido reuniones con instancias estatales como el Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas (INDEPI) y la Coordinación de Atención a Personas con Discapacidad. Sin embargo, insisten que el principal obstáculo sigue siendo el presupuesto.
Entre las opciones planteadas por el Congreso aparece nuevamente la posibilidad de transferir la operación al Ejecutivo estatal mediante un convenio con el INDEPI, pese a que durante meses el Legislativo intentó que fuera el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) quien absorbiera la responsabilidad de organizar las consultas, propuesta que terminó descartándose por falta de facultades legales.
“Tratar de firmar un convenio con el Gobierno del Estado para que quien lo aplique sea el Gobierno del Estado, otra vez el instituto”, señaló el coordinador del PVEM, Héctor Serrano Cortés.
El coordinador parlamentario del PAN, Rubén Guajardo Barrera, reconoció que la reunión no resolvió el problema central sobre el financiamiento de las consultas.
“Uno de nuestros grandes problemas con la consulta es que no contamos con la parte presupuestal y que aparte con la reforma constitucional (federal) ya no podemos tener aumentos presupuestales”.
Según explicó, la alternativa planteada ahora por la Corte sería avanzar “por etapas”, mientras el Congreso intenta incluir recursos en el presupuesto del próximo año.
“Estamos viendo si de alguna forma podemos hacer lo que mejor se haga para el próximo año, para que una vez aprobado el presupuesto para el 2027, ya se incluya y ya pueda tener una determinación presupuestal”.
El propio legislador admitió que los tiempos electorales complican incorporar cualquier resultado de consulta indígena a la reforma electoral rumbo a 2027, debido a que las leyes deben aprobarse al menos 90 días antes del inicio formal del proceso electoral, el cual iniciará el 15 de noviembre.
“Hay algo donde estamos ahorita en el diálogo para cumplir con este mandato que nos está dando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (…), pero que pueda ser una vez concluido o después del proceso electoral del 2027”.
Aunque posteriormente matizó que aún podrían intentar gestionar una ampliación presupuestal con el Ejecutivo estatal, admitió que el Congreso se encuentra en una situación de presión jurídica y presupuestal por la contradicción entre la prohibición constitucional establecida por la Federación de ampliar presupuestos legislativos y la obligación judicial de cumplir las consultas.
Tras la reunión, la dirigencia del Congreso insistió en que el nuevo eje será construir primero un “protocolo” avalado por la Corte para evitar nuevas impugnaciones, argumento que el Legislativo ha sostenido desde hace meses para justificar la falta de consultas.
Serrano Cortés aseguró que el objetivo es evitar repetir el escenario de la consulta realizada durante la pasada legislatura, la cual terminó invalidada judicialmente.
“Lo que haremos es formalizar una propuesta de protocolo para que la Corte lo avale. Y entonces, una vez que tenga la metodología, no haya cabida a posibles impugnaciones”.
Serrano afirmó que la intención es reducir significativamente el costo de las consultas, cuyo cálculo actual oscila entre 15 millones de pesos.
“Hablamos de tratar de bajarlo a un 80 por ciento lo que cuesta”, dijo.
No obstante, pese al discurso de “cumplimiento”, los propios diputados reconocieron que la consulta indígena vinculada al sistema de usos y costumbres difícilmente impactará el próximo proceso electoral.
Aunque el Congreso habló de avanzar “por etapas” en el cumplimiento de las consultas, hasta ahora no se han definido públicamente cuáles serían esas fases, ni existe un calendario formal para iniciar las consultas en comunidades indígenas.
