Desiree Madrid
El gobernador de Ricardo Gallardo Cardona rechazó que exista una intención política detrás del retraso en la autorización de obras impulsadas por el Ayuntamiento de San Luis Potosí y aseguró que las licitaciones detenidas en la Contraloría General del Estado corresponden a expedientes que no han cumplido con la entrega de documentación requerida.
Las declaraciones del mandatario estatal surgieron luego de que el alcalde capitalino, Enrique Galindo Ceballos, expresara preocupación por la falta de liberación de diversos proyectos de infraestructura, entre ellos el paso a desnivel de El Saucito, cuya licitación permanece en revisión desde marzo pese a que el gobierno municipal sostiene haber atendido las observaciones técnicas y administrativas solicitadas por la autoridad estatal.
Previamente, Galindo había reconocido que el Ayuntamiento mantiene actualmente 12 proyectos en espera de validación ante la Contraloría Estatal, además de otras 14 obras que recientemente fueron ingresadas para revisión.
El alcalde explicó que las obras de menor tamaño continúan avanzando debido a que no requieren licitación, mientras que los proyectos medianos y grandes dependen del procedimiento de autorización establecido en la Ley de Obras del Estado.
Señaló además que varias solicitudes llevan semanas sin registrar movimiento dentro de la plataforma digital donde se realiza el proceso de revisión, situación que calificó como atípica.
“No es normal, pero también espero que no sea malintencionado”, declaró el edil, además de asegurar mantenerse en diálogo con autoridades estatales mientras espera que las licitaciones sean liberadas para arrancar formalmente el programa de obra municipal 2026.
En respuesta a esos señalamientos, Gallardo afirmó que la información con la que cuenta apunta a que existen expedientes incompletos dentro de las licitaciones observadas.
“Yo tengo información de creo que tres licitaciones que no han salido por parte de la Contraloría”, dijo el mandatario, quien adelantó que el contralor estatal emitiría posteriormente una explicación pública sobre las razones específicas por las cuales esas obras continúan detenidas.
Según indicó, la dependencia ha solicitado documentos adicionales al Ayuntamiento sin que hasta el momento hayan sido entregados.
El gobernador sostuvo que los procedimientos de licitación requieren la presentación de información detallada sobre los costos y conceptos de cada obra pública, por lo que las observaciones realizadas forman parte de los controles administrativos habituales.
“Regularmente se manda una licitación y se manda con el desglose, si cuesta diez pesos se manda en qué se gasta un peso, dos pesos, tres pesos”, ejemplificó.
Añadió que las obras señaladas “no han cumplido ni han mandado los documentos faltantes”, por lo que consideró incorrecto atribuir el retraso a una supuesta decisión política del Gobierno del Estado.
Gallardo también criticó que funcionarios municipales hayan llevado el tema al terreno político y consideró “lamentable” que se pretenda responsabilizar al Gobierno del Estado por los retrasos en la autorización de obras.
“Eso no es un tema político ni es un tema de que a fuerzas en entrevistas me tienen que dar lo que quiero”, declaró.
Incluso calificó como una actitud de “niño berrinchudo” la insistencia pública del Ayuntamiento sobre el tema y que ningún municipio recibe trato diferenciado por cuestiones partidistas.
“Que cumplan con la norma y que se haga, no tenemos ningún problema”, expresó el mandatario estatal al rechazar cualquier confrontación institucional con el gobierno capitalino.
De igual forma, el titular del Ejecutivo estatal indicó que diariamente la administración estatal revisa y autoriza proyectos provenientes de los 59 municipios potosinos, incluidos aquellos gobernados por fuerzas políticas distintas al Partido Verde Ecologista de México, pues todas las obras pasan por los mismos procedimientos de validación y observación antes de ser liberadas.
“Eso no tiene nada que ver como para que se politice o se utilice política barata”, insistió.
El gobernador también señaló que cuando las dependencias detectan inconsistencias o posibles irregularidades en los costos de obra, las observaciones se regresan a las autoridades municipales para que sean corregidas sin necesidad de exhibir públicamente a los ayuntamientos involucrados.
“Nosotros nunca hemos querido ventilar a ningún presidente municipal y mucho menos a ningún municipio cuando quieren abusar de los precios de obra”, declaró.
Explicó que el procedimiento habitual consiste en devolver los expedientes para que se hagan las modificaciones necesarias y posteriormente puedan ser aprobados.
“Siempre se les regresa y se les dice: oye esto está mal, corrígelo”, comentó.
Gallardo aseguró que el Gobierno del Estado busca evitar confrontaciones con el Ayuntamiento capitalino debido a que estas disputas terminan por afectar a la ciudadanía y retrasan los proyectos importantes para la capital potosina.
Señaló que la única exigencia hacia las autoridades municipales es cumplir con la documentación y procedimientos establecidos por la ley para que las obras puedan avanzar.
Hasta el momento de esta nota la Contraloría General del Estado sigue sin emitir ningún tipo de información referente a este caso.
