Fernanda Durán
El rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Alejandro Zermeño Guerra, confirmó que dará seguimiento al conflicto surgido en el Instituto de Investigación en Comunicación Óptica (IICO), luego de que, previo a la presentación de su informe anual de actividades, recibiera directamente una petición entregada por la docente Luz María Lastras, junto con los doctores Alfonso y Luis Felipe Lastras Martínez, relacionada con denuncias, medidas precautorias y señalamientos cruzados entre integrantes de esa entidad académica.
En entrevista, Zermeño explicó que el caso ya se encuentra en revisión por las instancias universitarias competentes, luego de que una profesora presentara una queja ante la Defensoría de Derechos Universitarios contra una persona de la comunidad, por lo que subrayó que el procedimiento debe analizarse con base en ambas versiones antes de emitir cualquier conclusión.
“Una maestra puso una queja en Defensoría sobre una persona, eso se tiene que investigar de entrada. Yo no te puedo decir si la maestra tiene razón o no porque yo no soy juez ni conozco el expediente, pero se tiene que investigar”.
El rector insistió en que, por tratarse de un procedimiento en curso, la universidad debe respetar el debido proceso institucional.
“Siempre hay dos versiones (…) esas dos versiones tienen que analizarse por gente competente: es Defensoría, es Abogacía General, y ya que decidan ellos que realmente hubo alguna cuestión que sea sancionable, se pasa a la Comisión de Justicia Universitaria”.
El origen del conflicto
De acuerdo con la relatoría presentada por Alfonso y Luis Felipe Lastras, el conflicto reciente comenzó durante marzo, en el marco de la convocatoria para renovar el Consejo Consultivo del IICO, cuando ambos acudieron a solicitar documentación necesaria para integrar sus expedientes de participación.
Según su versión, tras varios intentos por obtener hojas de actividades y constancias requeridas, encontraron respuestas evasivas por parte del área directiva encabezada por la doctora Marisol Reyes Reyes y personal administrativo, lo que derivó en momentos de tensión verbal y reclamos por la negativa a recibir documentación.
Posteriormente, ambos fueron citados por la Abogacía General para comparecer por hechos ocurridos en marzo y abril, incluidos incidentes relacionados con una interacción posterior con la directora, quien denunció sentirse vulnerada en sus derechos y señaló conductas como acorralamiento o persecución.
Los hermanos Lastras sostienen que las medidas precautorias emitidas por Defensoría —que restringen el contacto con la directora— fueron dictadas sin pleno acceso al expediente ni garantías suficientes de audiencia, motivo por el cual promovieron inconformidades internas, presentaron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y solicitaron una revisión externa del procedimiento, al considerar que podría existir vulneración a sus derechos de debido proceso.
La postura de otros sectores del IICO
Sin embargo, el conflicto también ha sido interpretado de forma distinta por otros académicos del propio Instituto, quienes sitúan la controversia dentro de una disputa institucional de larga duración, vinculada al liderazgo histórico del doctor Alfonso Lastras Martínez, exdirector del centro durante más de tres décadas.
En ese posicionamiento, se recuerda que el IICO fue creado en 1990 bajo impulso del entonces rector Alfonso Lastras Ramírez y que Alfonso Lastras Martínez encabezó su desarrollo inicial, pero también se sostiene que, con el paso de los años, el instituto comenzó a experimentar fracturas profundas derivadas —según esa versión— de estilos de conducción marcados por exclusión, confrontación profesional, celos académicos y hostilidad hacia investigadores cuyas trayectorias o líneas de trabajo no coincidían con su visión.
Los firmantes aseguran que, a partir de principios de los años 2000, varios grupos de investigadores destacados se separaron del Instituto o fueron marginados, incluyendo perfiles que posteriormente alcanzaron niveles altos dentro del Sistema Nacional de Investigadores lo que, desde esta óptica, habría limitado el potencial de crecimiento del IICO y derivado en una pérdida de capital académico.
En ese contexto, consideran que la decisión de Rectoría de renovar direcciones de institutos con permanencias prolongadas —incluida la salida de Alfonso Lastras tras más de tres décadas— fue vista por diversos sectores como una corrección institucional necesaria.
Respecto a la etapa reciente, los académicos que respaldan a la actual dirección sostienen que, desde la salida de Lastras, persiste una dinámica de confrontación hacia quienes han encabezado el Instituto, primero con el exdirector Daniel Campos y actualmente con la doctora Marisol Reyes Reyes.
Bajo esa interpretación, la disputa por documentación, elecciones internas y medidas precautorias no sería un hecho aislado, sino parte de una cadena más amplia de desacuerdos y resistencias frente a nuevas formas de conducción institucional. Incluso argumentan que las medidas restrictivas recientes responden a la necesidad de proteger a la actual directora y evitar escenarios de tensión o intimidación.
Por un lado, los hermanos Lastras denuncian arbitrariedad institucional y posibles abusos procesales; por otro, sectores académicos del Instituto advierten que reducir el caso a una persecución administrativa invisibiliza décadas de confrontación y disputas internas previas.
Por ahora, el caso permanece bajo análisis de Defensoría y Abogacía General; en tanto, las medidas precautorias y las quejas promovidas continúan activas. Hasta ahora, la posición pública de Rectoría se mantiene en una ruta de revisión institucional sin prejuzgar responsabilidades.
