Por Victoriano Martínez
Las pesquisas en las redes sociales no han parado desde la tarde del 5 de junio y los hallazgos logrados por los colectivos, a los que este jueves se sumó la agrupación Ciudadanos Observando, comienzan a apuntar a que el ataque al Congreso del Estado fue una acción concertada… ¡por las propias autoridades!
A la sospechosa paciencia del secretario de Gobierno, Alejandro Leal Tovías; la permisiva prudencia del secretario de Seguridad Pública, Jaime Pineda Arteaga, y la inquisitoria demanda de castigo a los activistas por parte del diputado Rolando Hervert Lara, con amenazas y violaciones a la presunción de inocencia, se suman nuevos detalles detectados en los videos que proliferan en la Web.
Este jueves, en rueda de prensa, Cambio por San Luis y Ciudadanos Observando presentaron imágenes de Sebastián N., bautizado como #MonoBlanco, y uno de los principales protagonistas de los destrozos, en las que se le ve que platica despreocupado con algunos policías, momentos antes de simular su aprehensión, dado que en el Edificio de Seguridad Pública fue liberado.
Pero los colectivos han encontrado mucho más. En uno de tantos videos detectaron el momento en el que se da una especie de conferencia entre tres personajes clave en los disturbios: Sebastián N., el Naranjillo, y uno más vestido de azul para quien ya lanzaron un hashtag #UbiquemosAlTeletubi, que convoca a identificarlo.
Sebastián N, y el Teletubi posan con el busto de Ponciano Arriaga enfrente y después se les une el Naranjillo. Enseguida Sebastián N. le entrega una especie de expediente –que parece estar sellado– al Teletubi, y éste lo lanza contra el piso y lo pisotean como si intentaran abrirlo. Ante la advertencia por el lanzamiento de un mueble desde la ventana superior, lo recogen y se retiran.
La conferencia de estos tres personajes junto al busto de Ponciano Arriaga es de las más claras muestras de una serie de momentos en los que los colectivos identifican que existió una coordinación de las acciones con objetivos predeterminados, que podrían ser la sustracción de expedientes u otro tipo de objetos de la sede del Congreso del Estado.
Una paciencia y una prudencia para retrasar la intervención policíaca que facilitó la incursión a las oficinas del Congreso, una urgencia de Hervert Lara por que aplique juicio sumario a los activistas hoy vinculados a proceso, la exhibición prácticamente de camaradería entre uno de los principales protagonistas con los policías, y la posible sustracción de documentos del Congreso forman hasta ahora el inexplicable coctel que la autoridad está obligada a aclarar.
Los colectivos entregaron este jueves una solicitud de audiencia al gobernador Juan Manuel Carreras López y anunciaron que el próximo lunes acudirán a la Comisión Estatal de Derechos Humanos que, a pesar de atestiguar los hechos, cumple hoy dos semanas sin pronunciarse.
¿Cómo justifica Carreras López que las fuerzas del orden hayan permitido que el asalto al Congreso del Estado llegara a tales extremos? ¿Qué intereses tienen Hervert Lara y Martin Juárez Córdova para pretender que se cierre con urgencia el expediente con los hoy vinculados a proceso como si protegieran a quienes tuvieron una participación por demás notoria?
Si la incursión fue efectivamente para extraer documentos –lo que necesariamente debe ser investigado y aclarado–, la actitud de los legisladores y del gobierno del estado se vuelve aún más sospechosa.
Y no hay que perder de vista que en las redes –por la proliferación de videos y fotografías sobre lo ocurrido el 5 de junio en el Congreso del Estado– las pesquisas aún no terminan.
