Por Victoriano Martínez

Lo ocurrido este domingo en el estadio Alfonso Lastras, como un hecho consumado, muestra que los operativos preventivos –por mucho que se planeen y se involucren en ellos diversas autoridades y actores– no pueden anticiparse a todas las posibilidades, pero también pone a prueba la capacidad de respuesta de las autoridades, especialmente para establecer bases de no repetición.

La Dirección Protección Civil Municipal informó en un comunicado que “todo su personal, paramédicos, brigadistas y voluntarios, estarán en el estadio desde las 2 de la tarde, para tomar las posiciones estratégicas que previamente se definieron a fin de llevar un operativo exitoso”.

A toro pasado, en un comunicado enviado a las 22:29 p.m. del domingo, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado mencionó que “previo a este encuentro deportivo, autoridades estatales, municipales y federales, así como directivos de ambos equipos llevaron a cabo reuniones con las porras y federación para acordar las medidas”.

No hay duda de que se estableció el operativo, pero tampoco la hay de que no fue exitoso.

Fue un operativo que no logró evitar el brote de violencia, pero que además –para el caso de una crisis como la que se presentó– durante el desarrollo de los acontecimientos prácticamente guardó mutis, al menos en vías de comunicación como Twitter, en las que previamente se presumía la marcha del operativo, pero que tras el estallido se suspendieron los tuits.

La Secretaría de Seguridad Pública publicó un video en Twitter a las 17:20 horas en el que una oficial recomienda ser “ejemplo de una afición responsable, contrala tus emociones y respetemos las indicaciones de las autoridades”. Enseguida, 26 minutos después, presentó un video del monitoreo al estadio desde el C5i2, y a las 18:15 horas publicó una foto de la vigilancia dentro del estadio.

Tras la crisis, fue hasta las 20:22 horas cuando la SSP publicó un mensaje dividido en dos tuits para desmentir que haya fallecido una persona como saldo de los enfrentamientos. A las 23:26 horas dio a conocer un comunicado sobre la situación, que una hora antes había enviado a los medios de comunicación.

Se trató de reacciones tardías que poco tuvieron que ver con orientar a quienes previamente convocaban a ser responsables, porque tuvieron más apariencia de un control de daños. Tan es así, que entre el comunicado a medios y la publicación en Twitter por parte de la SSP, el Ayuntamiento difundió, por esa misma vía, a las 23:01 horas, el mismo texto en papel con membrete municipal.

Esa acción de informar no está mal, pero hacerla con tanto retraso, sin utilidad para el momento de la crisis y con titubeos –se enviaron cuatro versiones de comunicados a los medios– deja ver un exceso de confianza en el operativo, al grado de no haber contemplado qué hacer en caso de crisis.

Tras los hechos, lo que ahora está a prueba es la capacidad para investigar qué y quién o quiénes detonaron la violencia, qué medidas adicionales hicieron falta y, sobre todo, deslindar responsabilidades y sancionar lo que deba ser sancionado para evitar que hechos similares se vuelvan a presentar.

Un camino que han comenzado con titubeos reflejados en un comunicado que –en dos versiones, y en el reproducido por el Ayuntamiento– mantiene un señalamiento que resulta inoportuno.

En el texto finalmente difundido en redes se afirma: “presumiblemente integrantes del equipo visitante provocaron a los asistentes, ante lo que elementos de la Policía Estatal junto con elementos auxiliares tomaron la decisión de desalojar una parte de las gradas”.

Independientemente de lo que pueda representar la no distinción entre “integrantes de la porra visitante” e “integrantes del equipo visitante”, se trata de una presunción de culpabilidad que, al provocar la decisión de desalojar una parte de las gradas, puede considerarse un hecho que a esos elementos de la Policía Estatal les consta.

La Fiscalía General del Estado (FGE) ya abrió una carpeta de investigación de la que depende en gran parte que se logren medidas de no repetición.

Los nulos resultados de la FGE en una larga lista de casos emblemáticos para los potosinos dejan ver pocas expectativas para un buen y oportuno resultado en este nuevo caso… a menos que las consecuencias negativas en el ámbito futbolero sean una presión más efectiva para que en este caso la Fiscalía, a cargo de Federico Garza Herrera, ahora sí se aplique.