Por Eduardo Martínez Benavente

Texto de la ponencia presentada por Eduardo Martínez Benavente durante el Foro Estatal para el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, como parte del Eje 1: Justicia y Estado de Derecho, Tema 3: Medidas Anticorrupción.

La principal preocupación y el compromiso más reiterado del gobierno de Andrés Manuel López Obrador es abatir el fenómeno de la corrupción que permea en todas nuestras instituciones y en la vida pública de los ciudadanos, y que parece no tener una solución inmediata, si acaso, a largo plazo, pero siempre y cuando se apliquen y funcionen diferentes medidas para combatirla. Es tan desalentador el panorama en esta materia que creo que a esta generación no le tocará vivir en un país libre de corrupción, que la traemos profundamente enraizada en nuestros usos y costumbres.

En el caso de los organismos que están diseñados para combatir la corrupción, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que son inoperantes y decepcionantes, y no tanto porque las leyes que los rigen sean deficientes u omisas, sino principalmente por las personas que están a su cargo y la tramitomanía que los caracteriza.

Hoy como nunca en la historia de México existe un presidente con la disposición absoluta de abatir la corrupción, pero necesita de la participación y del valor civil del grueso de la población para que prospere su objetivo.

No creo que el presidente López Obrador vaya a cumplir con el compromiso que en diversas ocasiones ha manifestado de no perseguir a sus antecesores y a todos aquellos funcionarios y demás beneficiarios que a sus sombras se enriquecieron ilegalmente. Los está cazando. Le queda mucho tiempo. Está esperando el momento oportuno para lanzarse sobre ellos. No es nada sencillo armar en su contra una buena averiguación y acreditar sus maniobras delictivas, pues cuentan con los mejores penalistas y fiscalistas y algunos de ellos hasta con jueces y magistrados corruptos que los protegen. Es muy complicado integrar una carpeta en la que los indiciados no tengan por donde escabullirse, pues si no se arma esto, es preferible no alardear de justiciero y lanzar falsas y fallidas expectativas. Es casi imposible fincarle responsabilidades directas a un expresidente por la aplicación ilícita de recursos públicos cuando sabemos que no administran el presupuesto, no asignan obras públicas ni adjudican la compra de bienes y servicios, y no están facultados para expedir cheques y ordenar transferencias bancarias.

Son muchas las medidas que se pueden proponer para abatir la corrupción, pero cualquier receta que se pretenda implementar conlleva un alto grado de resistencia. Sabemos, para nuestra vergüenza, que México está catalogado como uno de los países más corruptos del planeta, de acuerdo con el Barómetro Global de Corrupción de Transparencia Internacional, y que la impunidad, que va dela mano, alcanza el cuarto lugar en el mundo, lo que se desprende de las investigaciones del Índice Global de Impunidad (IGP) 2018. Sin duda alguna que Ia publicidad que se ha hecho en el sentido de que el 98 por ciento de los delitos que se cometen quedan impunes ha sido un factor decisivo para alentar los actos de corrupción y criminalidad. Tengo serias dudas de la veracidad de esta estadística, pues creo que la percepción ciudadana no la comparte. Todo esto está provocando un colapso en la aplicación de la justicia en el país, y ahora queda demostrado que el Sistema Nacional Anticorrupción no funcionan. El SNA debió haber empezado a operar en julio de 2017 y hasta hace menos de un mes se eligió al Fiscal Anticorrupción; y aún faltan por designar a 18 magistrados anticorrupción y que terminen de integrarse todos los Sistemas Locales Anticorrupción con sus correspondientes nombramientos. Por cierto, el Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de San Luis Potosí (SEA) es fecha de que todavía no se instala porque sus integrantes no han sido capaces de nombrar a un Secretario Ejecutivo por las discrepancias e intereses que existen entre los miembros del Comité de Participación Ciudadana, pues tres de ellos se disputan el cargo de presidente, que es a quien le corresponde presidir el SEA. El Congreso del Estado debe encontrar una solución inmediata para destrabar el conflicto, dándoles a los consejeros ciudadanos un plazo no mayor de cinco días para que se pongan de acuerdo y reconozcan a su presidente o para que presenten sus renuncias, o bien, para que se inicien los trámites para cesarlos de sus cargos y reponer el procedimiento.

El informe del organismo que se menciona al principio del párrafo anterior reportó que la mayoría de los mexicanos reconocieron haber dado sobornos por diferentes servicios o para evitar sanciones y multas. Hemos llegado a tales extremos que la corrupción en el país es tolerada y culturalmente aceptada, y hasta parece imposible la convivencia entre el ámbito público y el privado sin este ingrediente; aunque todavía encontramos empresas, particulares y funcionarios que bajo ninguna circunstancia dan o reciben mordidas, no obstante, las complicaciones y contratiempos que esto significa. Así de mal estamos. La corrupción no solo consiste es dar dinero a un funcionario público, sino que va más allá, como es el abuso de poder, la defraudación fiscal, los conflictos de interés y el lavado de dinero, para enumerar algunos ejemplos. Diversos estudios calculan que la corrupción le cuesta al país entre el 2 y el 10 por ciento del Producto interno Bruto. Por eso, el presidente del gobierno de la Cuarta Transformación se atreve a presupuestar miles de millones de pesos que se invertirían en obras de infraestructura y programas sociales, confiado en que la disponibilidad financiera saldrá de los recursos que resulten del abatimiento de la corrupción.

Para el combate a la corrupción y la impunidad no basta con asumir el compromiso moralizador al que ha convocado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Resulta necesario que toda la población tome conciencia del daño que se le provoca al país cuando se cometen actos de corrupción. Se trata de una medida que necesariamente comienza en el seno familiar, desde donde –con el ejemplo– se deben inculcar los valores que la previenen, para después ser reforzados en la educación básica, en la que resulta imperativo recuperar las clases de civismo.

EI funcionamiento en puerta de la Guardia Nacional, como un cuerpo de seguridad que tiene la función principal de prevenir el delito, debe estar alineado con esos valores, pero a la vez reforzado con una instancia especializada en sancionar los actos de corrupción. A menor impunidad, la corrupción también se vería reducida. Una política anticorrupción que debe tener en cuenta a las Contralorías internas municipales que, como el ente fiscalizador de la autoridad más cercana a los servicios básicos para la población, tienen que mejorar sus capacidades para investigar, documentar e integrar expedientes de casos de corrupción, incluyendo el conocimiento para utilizar instancias alternas en casos graves, como los tribunales de Justicia Administrativa.

La fiscalización del uso de recursos públicos es esencial en un sistema anticorrupción que se precie de serlo. Por ello, al Sistema de Fiscalización en el país se le deben incorporar una serie de candados que eviten que esta acción se desvirtúe a tal grado que se conozcan casos como el que se dio aquí en San Luis Potosí, con la ecuación corrupta, que exhibió los acuerdos entre diputados, funcionarios de la Auditoría Superior del Estado y alcaldes para lograr dictámenes en los que las cuentas públicas tenían resultados de administraciones inmaculadas, como fue el caso de la Cuenta Pública 2016 de Ricardo Gallardo Juárez, que tuvo cero pesos de observaciones.

Entre las medidas que, no sólo darían credibilidad, sino que harían realmente creíbles y confiables los procesos de fiscalización, se proponen -con el uso de las ventajas de las tecnologías de la información- las siguientes:

Concientizar a los niños y jóvenes del grave daño que la corrupción le causa al país y de la obligación que tenemos de ser honestos y respetar las leyes.

Difundir programas de educación orientados a combatir la corrupción utilizando a todos los medios de comunicación.

Publicación diaria de los cortes de caja que permitan a cualquier persona consultar los ingresos y egresos, con archivo histórico que evite su manipulación posterior.

Rotación frecuente de los auditores para evitar confabulaciones con los auditados.

Auténtica publicidad de las declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal de los funcionarios públicos. La Ley Modelo Sobre Declaración de Intereses, Ingresos, Activos y Pasivos de Quienes Desempeñan Funciones Públicas elaborada por la Convención Interamericana Contra la Corrupción, a la que México se adhirió el 26 de marzo de 1996, señala 19 grupos de datos que deben incluir las declaraciones patrimoniales, y sólo a tres les da el carácter de confidenciales. El resto deben ser publicados en formatos abiertos, incluida información relativa al grupo familiar del sujeto obligado.

Los funcionarios que acepten un cargo público, por ese sólo hechos, deben aceptar las condiciones de transparencia de su función y, en el caso de aquellos que administren recursos públicos, deben depositar una fianza que garantice la correcta aplicación de los mismos.

Cada etapa del proceso de fiscalización, una vez concluida, debe difundirse de oficio de manera inmediata como una forma de garantizar un proceso sin influencias o alteraciones posteriores a modo. Esto es, los reportes de trabajo de los auditores deben ser publicados una vez entregados para la siguiente etapa y así cada uno de los actos que forman parte del proceso de fiscalización. Es más valioso que la ciudadanía esté informada paso a paso y no que al final se le traten de dar explicaciones que sólo generan dudas y hacen poco confiables los informes de auditoría.

Además de dotar de claridad y confiabilidad al Sistema de Fiscalización, resulta necesaria la adopción de medidas generales que involucren tanto a las instituciones estatales como a la ciudadanía:

Mecanismos de consulta que permitan detectar movimientos inusuales o extraordinarios de los contribuyentes que puedan ser reportados y se adopten las medidas correspondientes.

Mecanismos que permitan el cotejo entre el manejo de tarjetas de crédito y débito, como mecanismo para detectar posibles actos de lavado de dinero.

Exhibir la lista de los actores, tanto públicos como privados, que hayan sido sancionados en firme por actuaciones irregulares, como una forma de inhibir que existan más tratos de otras personas con ellos.

Establecer una recompensa para cualquier ciudadano que detecte y denuncie debidamente acreditado cualquier acto de corrupción, mediante un porcentaje del monto recuperado a partir de su denuncia.

Mecanismos abiertos de licitaciones para asignación de obras o adquisiciones, que faciliten la detección de empresas fantasma o la confabulación entre empresas como una forma de impedir que las asignaciones se den a modo o por previo pacto.

Desarrollar un catálogo de 20 o 30 trampas o mecanismos utilizados tanto por licitantes como participantes en las licitaciones para orientar la determinación de los ganadores.