Fernanda Durán
A pesar de que en la legislatura pasada se señaló que, una vez existiera sentencia firme, podría analizarse el retiro de la Presea Plan de San Luis otorgada a Alejandro Fernández Montiel, actualmente el Congreso del Estado no cuenta con un procedimiento específico para revisar la vigencia de este reconocimiento cuando la persona distinguida es sentenciada por delitos graves.
Para este tema se buscó la postura de integrantes de distintas fracciones parlamentarias, entre ellos legisladores de Morena, Nueva Alianza y el PAN, así como de la Comisión de Educación y de la Comisión de Niñas, Niños y Adolescentes; sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se emitió una postura formal por parte de dichos espacios legislativos.
Quien sí fijó postura fue el diputado Rubén Guajardo Barrera, coordinador parlamentario del PAN, quien reconoció que se trata de un escenario sin antecedentes dentro del Congreso del Estado.
“Hasta el día de hoy es un caso inédito. No existe tan siquiera en nuestros órganos internos, ya sea la Ley Orgánica o el Reglamento del Congreso, algún procedimiento de que alguien haya recibido la Presea Plan de San Luis y después haya sido sentenciado judicialmente”.
Ante esta ausencia normativa, el legislador indicó que el tema podría ser llevado a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para analizar los posibles alcances legales.
“Creo que vale la pena en el órgano político, que es la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, ponerlo a consideración para ver qué alcances podemos tener jurídicamente. Es importante llevar todo del lado de la legalidad y que no vaya a ser otro procedimiento distinto”.
Guajardo Barrera reiteró que, al no existir precedentes ni un supuesto previsto en la legislación interna, cualquier determinación tendría que analizarse de manera colegiada.
“No teníamos ningún precedente y no tenemos este supuesto. Tendríamos que analizarlo de primera instancia en la Junta de Coordinación Política para ver hasta dónde pueden ser los alcances jurídicos”.
Al ser consultado sobre la pertinencia de revisar institucionalmente el reconocimiento otorgado a Alejandro Fernández Montiel, el diputado señaló que una eventual decisión no podría tomarse a partir de criterios individuales, sino a través de un acuerdo formal del Congreso.
“La decisión que se debe llevar a tomar debe ser colegiada porque al final todos tenemos que estar de acuerdo en esta decisión”, dijo, al recordar que al momento de otorgarse la presea no existía sentencia firme ni se conocía el caso penal. Añadió que, aunque se trata de otra legislatura, el reconocimiento fue otorgado por la institución, por lo que su eventual revisión tendría que darse en ese mismo ámbito.
No obstante, el coordinador del PAN aclaró que, desde la perspectiva de su grupo parlamentario, el tema no forma parte de su agenda prioritaria. “Nosotros tenemos otras prioridades en nuestra agenda legislativa. Puede ser algo que se debe dialogar, analizar y darle seguimiento, pero no es la agenda del PAN”, afirmó, al señalar que su bancada se encuentra enfocada en temas como seguridad pública, participación ciudadana, salud y desarrollo social.
El debate contrasta con lo expresado en noviembre de 2022 por la entonces presidenta de la Comisión de Educación del Congreso, María Claudia Tristán Alvarado, quien sostuvo que, una vez agotado el debido proceso y con sentencia firme, dicha comisión presentaría la petición para retirar la Presea Plan de San Luis, misma que sería dictaminada y sometida a votación del pleno.
En ese momento se indicó que, con el voto de las dos terceras partes del Congreso, es decir, al menos 18 diputadas y diputados, el reconocimiento podría ser retirado.
La Presea Plan de San Luis fue otorgada a Alejandro Fernández Montiel en noviembre de 2012 por unanimidad del pleno, mientras que años después fue sentenciado a 12 años de prisión por violación agravada contra un menor de edad. A la fecha, el Congreso no ha definido si existe una ruta institucional clara para revisar la vigencia de este reconocimiento.
