Fernanda Durán
Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Transparencia y Gobernación, del Congreso del Estado, aprobaron este lunes el dictamen que reforma la Constitución Política del Estado para eliminar la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) como órgano constitucional autónomo y transferir sus funciones a instancias del Poder Ejecutivo y a los órganos internos de control de cada institución pública.
El dictamen, que acumula iniciativas presentadas por los diputados Sara Rocha Medina, Carlos Arreola Mallol y Diana Ruelas Gaitán, fue avalado “procedente con modificaciones”, con lo que se formaliza el cambio del modelo estatal de transparencia hacia uno descentralizado y bajo control administrativo.
La reforma elimina de la Constitución local la referencia a un organismo autónomo encargado de garantizar el acceso a la información y la protección de datos personales, sustituyéndolo por un esquema en el que estas funciones serán ejercidas por las propias autoridades obligadas y supervisadas por instancias internas.
En el caso de la administración pública estatal y los municipios, la tutela de estos derechos quedará a cargo de un organismo desconcentrado sectorizado a la Contraloría General del Estado, dependiente del Poder Ejecutivo, el cual tendrá atribuciones en materia de transparencia, revisión de procedimientos, verificación e imposición de sanciones.
Por su parte, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y los organismos autónomos asumirán directamente la responsabilidad de garantizar el acceso a la información a través de sus propios órganos internos de control, lo que modifica el modelo actual basado en un ente externo e independiente.
De acuerdo con el diputado Carlos Arreola Mallol, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, este rediseño institucional responde a la reforma constitucional federal en materia de simplificación orgánica, mediante la cual se extinguió el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública (INAI) y se trasladaron sus funciones a dependencias administrativas, bajo el argumento de eliminar duplicidades, reducir costos y mejorar la eficiencia del Estado.
El decreto establece que la CEGAIP no desaparecerá de inmediato, sino hasta que el Congreso expida la legislación secundaria correspondiente, para lo cual tendrá un plazo de hasta 120 días naturales. Durante ese periodo, el organismo continuará operando de manera transitoria hasta concretar la transferencia de funciones, recursos, plataformas y personal al nuevo esquema institucional.
Además, se prevé que los recursos materiales, sistemas electrónicos y registros de la CEGAIP pasen a formar parte del nuevo organismo adscrito al Ejecutivo, mientras que los comisionados concluirán sus funciones una vez que entre en vigor el nuevo marco legal.
Aunque el dictamen sostiene que el derecho de acceso a la información no desaparece, sino que se mantiene bajo una nueva estructura administrativa, el cambio implica la eliminación del órgano autónomo que hasta ahora revisaba las decisiones de las autoridades en esta materia y la reasignación de sus funciones a instancias que forman parte de los propios poderes públicos.
Los artículos transitorios establecen que todas las resoluciones, contratos y acuerdos emitidos por la CEGAIP seguirán siendo válidos y obligatorios, incluso después de su extinción, y serán asumidos por las instituciones que hereden sus funciones.
Asimismo, los recursos materiales, archivos, plataformas y sistemas del organismo pasarán al nuevo órgano desconcentrado del Poder Ejecutivo; la CEGAIP continuará operando de forma temporal hasta que se emita la legislación secundaria, momento en el que los comisionados cesarán en sus cargo; y el personal conservará sus derechos laborales y será incorporado al nuevo ente.
El dictamen aprobado en comisiones se someterá ahora a votación del Pleno del Congreso este martes 24 de febrero para su aprobación definitiva y, posteriormente, remitido a los ayuntamientos como parte del proceso de reforma constitucional local.
