Por Victoriano Martínez
¿Cuántas personas físicas y morales que se inscribieron para la subasta de inmuebles municipales habrán participado en la junta de aclaraciones programada para este lunes 9 de marzo (página 18) y, si se realizó, cuántos habrán preguntado sobre la posibilidad de que los vecinos en los casos de áreas de donación podrían inconformarse?
Cuando menos en el caso del Fraccionamiento Puerta de Piedra, los vecinos no sólo tienen elementos para señalar la ilegalidad de la desincorporación de su área de donación, sino que cuentan con trabajo en esos terrenos que demuestran su utilidad como espacio de rescate ecológico y de reconstrucción del tejido social como área de convivencia frecuente.
¿Acaso para el alcalde Enrique Galindo Ceballos es más importante construirle una vía rápida a los automóviles al grado de que será capaz de bloquear o destruir áreas verdes que los propios de Puerta de Piedra construyeron desde 2024 y su efecto positivo en la recuperación ambiental y la cohesión social que ha propiciado?
Por lo menos en el caso de Puerta de Piedra, su intención de subastar las áreas de donación, que son definidas por la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano como “la superficie de terreno que los fraccionadores deberán donar a título gratuito al Ayuntamiento (…) para áreas verdes y equipamiento”.
Si el principio del derecho dice que la autoridad sólo puede hacer lo que la ley le permite y la ciudadanía lo que no está prohibido, en el caso de Puerta de Piedra la citada Ley le ordena al Ayuntamiento que la superficie que recibió como donación es para áreas verdes y equipamiento.
El proyecto integral de recuperación urbana que iniciaron en 2024 los vecinos del fraccionamiento Puerta de Piedra resulta coherente con la finalidad de ese terreno y, hasta donde se sabe, no existe una ley que les prohíba realizarlo, es decir, si no está prohibido los ciudadanos pueden realizarlo en tanto se trata de una labor de beneficio público.
En cambio, la pretendida venta cuyo proceso ya inició Galindo Ceballos con las inscripciones entre el 27 de febrero y el 2 de marzo, siguió con la junta de aclaraciones este lunes 9 de marzo y continuará con la presentación de posturas el próximo viernes, es algo que las leyes le permiten condicionado a requisitos que son candados de protección del patrimonio municipal que, según la documentación que ha hecho pública, no cumple.
Desde hace una semana, Galindo Ceballos sabe cuántos postores se inscribieron para la subasta y si los hay suficientes para los 16 primeros predios que pretende vender. Este lunes se limitó a decir que hay 13 postores, sin más datos, en una actitud que confirma su vocación de opacidad tras la que se esconden intenciones que resultan sospechosas.
¿Será que sólo hay 13 postores con capacidad de entrar a una subasta de terrenos con precios base que van, entre los más caros, de los 47 a los 198 millones de pesos? Un detalle que hace relevante la transparencia en cada etapa del proceso de la subasta para disipar toda clase de sospecha sobre un posible proceso a modo de grandes desarrolladores inmobiliarios.
De los 16 predios sobre los que ya se abrió la subasta, en once ya se ha logrado confirmar que se trata de áreas de donación, esas que conforme a los fraccionamientos en los que se encuentran, corresponden a superficies para áreas verdes o de equipamiento, como la parte proporcional que no puede utilizarse para construcción de vivienda, sea horizontal o vertical.
Entre el 27 y 28 de febrero, de acuerdo con la relación de ingresos del Ayuntamiento, se emitieron cinco recibos de entero relacionados con las inscripciones a la subasta: dos a nombre de Alberto Celis Montenbruck, relacionado con Inmobiliaria Celis (recibos PR000019662 y PR000019663); dos a nombre de Gestión y Proyectos Inmobiliarios Altavista (AM001393424 y AM001393425, este por cero pesos).
El quinto recibo (PR000019729 del 28 de febrero) se reporta a nombre de Francisco José de la Rosa Carpizo, dueño de la inmobiliaria HABI, S.A. de C.V., de quien existen antecedentes sobre maniobras irregulares para obtener terrenos, incluso con manipulación de asambleas ejidales, como ocurrió en 2015 en el ejido “Estancia de Machado”, en complicidad con la Procuraduría Agraria.
¿Quiénes son los postores que se registraron entre el domingo 1 y el lunes 2 de marzo? ¿También se trata de desarrolladores inmobiliarios?
Una circunstancia que le da a la subasta el objetivo de sustituir áreas verdes y de equipamiento al servicio de los vecinos con la saturación de viviendas horizontales y verticales, con sus efectos negativos para los vecinos de esos predios.
Algo así como un San Luis muy poco amable con los vecinos de los terrenos puestos a la venta con tal de ser muy amable con el lucro desproporcionado de los fraccionadores y con, al menos tres de las obras a financiar, ser más amable con los automóviles…
Ni qué decir del medio ambiente: ya les hicieron ver a los vecinos de Puerta de Piedra que la venta va y poco les importa su proyecto integral de recuperación urbana ni los logros como espacio de rescate ecológico y de reconstrucción del tejido social al contar con un área de convivencia frecuente.
