Adriana Ochoa
Desde hace años que la política en San Luis Potosí ha dejado de ser una cuestión de ideologías para convertirse en una fría aritmética de supervivencia. En este tablero, el Partido Acción Nacional (PAN) se asoma a 2027 con el vértigo de quien mira un precipicio: tiene los números, pero ha perdido los rostros.
La orfandad de perfiles propios con capacidad de triunfo en la capital no es un accidente, sino el resultado de una erosión sistemática que comenzó hace más de una década.
En 2015, el último militante azul que intentó conquistar la alcaldía capitalina, Xavier Azuara Zúñiga, marcó el fin de una era. Desde entonces, el PAN ha vivido de prestado. En 2018 y 2021, la supervivencia electoral de la derecha potosina dependió de figuras externas o alianzas pragmáticas.
En 2018, lograron recuperar con holgura la presidencia municipal de San Luis Potosí con Xavier Nava Palacios, nieto del líder civilista Salvador Nava Martíez. Un liderazgo partidista local poco pulcro desaprovechó la envión de ese triunfo electoral y en lugar de jugar con Nava la gubernatura, a la que aspiraba, asignó la candidatura en alianza con el PRI al exsenador Octavio Pedroza Gaitán y la de alcalde al priista y ex comisionado federal de policía Enrique Galindo Ceballos.
El resultado fue desastroso para el PAN, con una campaña a la gubernatura de vuelo gallináceo, desangelada y sin brújula. Candidato y staff creyeron que se ganaba por glorias pasadas. El extitular de la Policía Federal no se confió y en medio de derrotas panistas en gubernatura, alcaldías y diputaciones federales y locales, sacó la adelante la alcaldía capitalina.
En la última cita con las urnas, el priista Galindo Ceballos no solo mantuvo a flote el barco, sino que revitalizó la marca. Los datos son tercos y crueles para la nostalgia de los partidos que ates gobernaron la entidad: en 2015, el PRI se hundía en la elección capitalina con 28,000 votos y el PAN rascaba 90,000, rebasados por el PRD con Ricardo Gallardo Juárez, padre del actual gobernador, y más de 130 mil sufragios.
Para 2024, ante una alianza Morena-Verde en la elección municipal, Galindo elevó la cosecha azul a 127,000 votos, mientras que su propio partido, el tricolor, aportaba casi 59,000. Hoy, ante la ruptura anunciada de la coalición y la orden de Jorge Romero de competir en solitario bajo una bandera de “apertura ciudadana”, el PAN potosino se queda desnudo.
El único que parece entender que la política se hace en el asfalto y no en los boletines es el diputado Rubén Guajardo, quien mantiene un trabajo de territorio constante, cerca de las bases.
Entra en juego la perversa geometría de los bloques de rentabilidad. Según la regla de los bloques de competitividad dictada por el INE, los partidos políticos no pueden simplemente enviar hombres a los estados con posibilidad de triunfos “seguros” y mujeres a los de mayor riesgo o francamente “perdedores”. No pueden, pero lo harán, con una revolcada de legalidad.
El sistema obliga a dividir los estados (o distritos) en tres bloques: Alta, Media y Baja rentabilidad. La paridad debe cumplirse dentro de cada bloque, lo que impide que un género sea concentrado exclusivamente en las zonas de derrota segura.
Basándonos en los resultados electorales recientes y las proyecciones para 2027, los estados de Alta Rentabilidad para el PAN están en el llamado “Corredor Azul”, Aguascalientes, Querétaro y Guanajuato, bastiones donde el PAN tiene sus mejores números.
Con San Luis Potosí ubicado en el segmento de “Rentabilidad Media”. Son estados donde el PAN es competitivo, usualmente en alianza, pero no tiene el triunfo garantizado o se movió de tiempos de triunfo a zonas de guerra. Aquí es donde más se juega el ajedrez de “equilibrar” el género.
El bisbiseo en los pasillos de la capital potosina y del PAN sugiere que Verónica Rodríguez Hernández, presidenta estatal del partido, podría “asumir el sacrificio” de la candidatura a la gubernatura, si el PAN privilegia sus candidaturas “seguras” para hombres y San Luis queda “de comodín”, obligado el PAN a postular un número equivalente de mujeres en los bloques.
Por si no fuera poco, tampoco se descarta que la senadora Verónica Rodríguez Hernádez compita por la alcaldía capitalina. Ahí la justificación se soporta en una cimbra aún más precaria, porque la idea de motivos sacrificiales no los hay y sí en cambio la realidad de una dirigente de partido distraída en pelear ella misma la alcaldía capitalina y encabezar el trabajo electoral de toda la elección local.
El problema es que el sacrificio no se mide en intenciones, sino en encuestas, y en ellas, el nombre de Rodríguez Hernández brilla por su ausencia. El escenario para 2027 es sombrío para la oposición. Morena domina la fidelidad partidista y el Partido Verde, bajo la sombra del gobernador Ricardo Gallardo, prepara su artillería.
La estrategia del Verde es clara: convencer al empresario Juan Carlos Valladares para que compita por la alcaldía y le sirva de ariete al proyecto de llevar a la senadora Ruth González Silva al Palacio de Gobierno. Si Valladares acepta, la incertidumbre para el PAN podría adquirir la densidad del pánico.
El PAN corre el riesgo de quedar atrapado en su propia retórica. Al rechazar las alianzas que le dieron la vida en los últimos años y carecer de figuras con arraigo popular real, el partido se encamina a una candidatura que podría ser políticamente correcta en términos de equidad, pero electoralmente estéril.
Con frecuencia, en la política moderna, la pureza suele ser el preludio de la irrelevancia. Y en San Luis Potosí, el reloj de la irrelevancia ya ha empezado a correr.
ROLLOS SUELTOS
MUESTRARIO Y RESPUESTAS. Basta ver los estrados de justicia federal para detectar una docena de amparos diarios por lo menos contra instituciones públicas de salud, llámense IMSS, IMSS Bienestar, ISSSTE u Hospital Central, para confirmar que es la única vía para conseguir que las cirugías dejen de aplazarse, que las hemodiálisis se cumplan y que los tratamientos contra cáncer se subroguen. “La salud en México y la imperiosa necesidad de cambiar de rumbo” es justo el tema que tratará el ex rector de la UNAM y ex secretario de Salud José Narro Robles el jueves 30 de abril, en El Taller, presentado por el Grupo Plural de ciudadanos potosinos.
OBVIO, OBVIO. Algo deberían hacer nuestros diputados para ponerle fin a la especulación con licencias para venta de bebidas alcohólicas. Con el cuento eterno de que “no hay”, se traen a antreros y restauranteros con “permisos”, “autorizaciones” o simples “chances” extralegales cuyo pago, en efectivo o por transferencia a cuentas no institucionales, deben hacer puntualmente en el periodo que les indican “para que no pase nada”. Desde luego, ese dinero no entra a las arcas públicas. Y si no pagan, el cierre sale más caro.
¿INCOMPETENTES O CORRUPTOS? Nadie se explica porqué nunca hay los permisos de alcoholes que restaurantes, bares y centros de espectáculos demandan y sea la corrupción, con todas sus letras, la única posibilidad de que operen sin la amenaza de las “autoridades”. ¿O es que alguien más arriba necesita ingresos sin trazabilidad legal?
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Adriana Ochoa es periodista desde 1988. Actualmente es directora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y docente titular de Organización Política y Ciudadanía.
