Por Victoriano Martínez
“Nosotros tenemos por ahí dos personas detenidas, no hay una situación de que nos hayan dicho que hayan sido periodistas”, expresó Manuela García Cázares, Fiscal General del Estado sobre los casos que la propia dependencia señaló como relacionados con el uso indebido de la inteligencia artificial.
Por su parte, el Mecanismo Estatal de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, adscrito a la Secretaría General de Gobierno, consideró que los hechos investigados no pueden ser catalogados, hasta el momento, como parte de una actividad periodística protegida por los marcos legales nacionales e internacionales.
¿Pueden esas dos instancias –la Fiscalía General del Estado y el Mecanismo Estatal de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas– concluir de esa manera que dos personas relacionadas con una página en Facebook que presenta como lema la frase “Las noticias de San Luis de Primera Mano” no son periodistas?
¿Acaso no tendrían que echar mano de la definición que aparece en el artículo 2º fracción XIV de la Ley para la Protección al Ejercicio de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para definir la condición de las dos mujeres detenidas? Esa Ley define a los periodistas de la siguiente manera:
Periodistas: las personas físicas, así como medios de comunicación y difusión públicos, comunitarios, privados, independientes, universitarios, experimentales o de cualquier otra índole cuyo trabajo consiste en recabar, generar, procesar, editar, comentar, opinar, difundir, publicar o proveer información, a través de cualquier medio de difusión y comunicación que puede ser impreso, radioeléctrico, digital o imagen.
Podrá ser considerada una página muy tendenciosa; podrá tener un patrocinio con intereses sesgados, podrá ser un dudoso ejercicio periodístico que no se apegue a los estándares del oficio, pero lo cierto es que se trata de una práctica de la libertad de expresión que, en su forma, se ajusta a lo que la Ley mencionada describe como periodista.
En tal sentido, García Cázares no tendría por qué esperar que alguien le dijera si son o no periodistas, sino evaluarlo a la luz de lo que dice la Ley, en tanto que el Mecanismo de Protección no tendría por qué apresurarse concluir que los hechos investigados no pueden ser catalogados como parte de una actividad periodística,
Ambas posturas muestran una clara intención de evitar la aplicación de la cláusula de exclusión que colocaría a las detenidas dentro de las excepciones para la aplicación del tipo penal del que se les acusa.
Un sesgo dentro del margen de discrecionalidad que se advirtió como riesgo desde la discusión de la reforma que incorporó ese delito al Código Penal en noviembre y que hoy se materializa más como vendetta, sobre todo por quienes se encuentran en la lista de ocho personas más con órdenes de aprehensión.
El caso, cual reactivo que saca a flote actitudes no expresadas por parte de quienes ocupan el poder, del lado de la autoridad estatal expone que los temores de uso faccioso de la figura delictiva no eran gratuitos, en tanto que surge una postura que pareciera pretender ampliar el alcance de ese tipo penal.
“Yo todos los días veo que se usa mi imagen, mi voz, me caricaturizan, todos los días se usa”, expresó el alcalde Enrique Galindo Ceballos. “A veces se están metiendo conmigo, aunque no haya inteligencia artificial, eso también hay que decirlo; no se necesita la inteligencia artificial para agredirnos”.
Galindo Ceballos ve en la crítica agresión y, prácticamente, se pronuncia por que no sólo se sancione a quien usa la inteligencia artificial para esos fines.
“Creo que soy de los alcaldes más agredidos en ese sentido y creo que es parte del juego político, nomás que hay que ver cómo termina esto”, dijo.
¿Cómo esperará ver que termine esto? ¿Como algo que se pueda replicar y ampliar a otros tipos de expresiones que les incomoden?
Adictos a la promoción personalizada y el halago constante, incluso con el derroche de recursos públicos, tanto a Galindo Ceballos como al gobernador Ricardo Gallardo Cardona les incomoda la crítica y si hoy la logran sancionar con impunidad habrán logrado ponerle más límites ilegítimos a la libertad de expresión.
