Estela Ambriz Delgado
El Observatorio Indígena Mesoamericano (OIM) señaló al Congreso del Estado que el uso del retraso institucional como estrategia política para congelar los derechos indígenas no pasará desapercibido, y la batalla jurídica continuará en los tribunales para obligar a los legisladores a acatar la ley y respetar la dignidad de los pueblos originarios del estado.
En relación a las declaraciones de los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) —tras sostener una reunión con personal técnico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre un nuevo aplazamiento para cumplir la consulta sobre la transición del sistema de partidos al de usos y costumbres—, Juan Felipe Cisneros Sánchez, del OIM indicó que esto enciende las alarmas entre organizaciones y defensorías de los derechos de los pueblos originarios.
En Consideró que lo que el Poder Legislativo pretende vender como un “blindaje metodológico y financiero” es, en realidad, la consumación de una táctica dilatoria y un atropello flagrante a los derechos político-electorales de las comunidades indígenas potosinas.
El activista apuntó a que, bajo el pretexto de la austeridad y la falta de presupuesto, la Jucopo busca postergar las consultas obligatorias, con lo que los legisladores incurren en desacato directo de las sentencias del Tribunal Electoral del Estado en el juicio TESLP/JDC/04/2026 que les fijó un límite improrrogable hasta el 23 de junio de este año.
Asimismo, puntualizó que el hecho de pretender dejar fuera del proceso electoral estatal de 2027 la exigencia de las comunidades indígenas de Tanlajás, San Antonio y Tamazunchale, es violatorio de derecho y discriminatorio.
“La postura del Congreso local es jurídicamente insostenible. Pretender que el ejercicio de los derechos fundamentales de las comunidades dependa de la suficiencia presupuestal o de convenios de reducción de costos con el Ejecutivo, violenta de forma directa el principio de progresividad mandatado en el artículo primero de la Constitución. Los derechos humanos y políticos no están sujetos a la disponibilidad de caja de una legislatura ni pueden ser suspendidos regresivamente por omisiones de planeación financiera”.
Asimismo, Cisneros Sánchez calificó esta acción del Legislativo como una clara manifestación de violencia institucional. Sin embargo, dijo que al amparo de la burocracia, el Congreso ignora activamente el nuevo paradigma legal que reconoce a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público, de acuerdo con la reforma al artículo 2 constitucional.
Mientras, los legisladores los tratan como objetos de agenda postergables y les niegan las reglas del juego para ejercer su libre determinación en los municipios de la Huasteca y el Altiplano, donde existe una clara predominancia indígena.
Al respecto, el integrante del OIM cuestionó si entonces 23 municipios quedaran excluidos de ejercer su derecho a elegir por usos y costumbres, y si esa es la visión-misión democrática del legislativo potosino, porque en realidad se asemeja más al autoritarismo.
Hizo mención de que la comodidad con la que la Jucoó planea postergar las consultas choca de frente con la realidad jurisdiccional del estado, dadas las sentencias del TESLP en el litigio impulsado por integrantes del Consejo Nacional Indígena y autoridades tradicionales, con términos fijos e improrrogables que vencen el próximo mes de junio
Las sentencias establecen la obligación de realizar la armonización legislativa de las respectivas leyes reglamentarias en materia indígena, con énfasis en el tránsito del sistema ordinario de partidos políticos al sistema de elección por usos y costumbres en los municipios indígenas.
“Es una incongruencia mayúscula que, mientras el tribunal electoral exige acciones inmediatas este año para salvaguardar la certeza jurídica de las comunidades, los coordinadores parlamentarios argumenten que ‘los tiempos ya no dan’ para el 2027. Acudir a la SCJN para diseñar protocolos cupulares antes de consultar a las bases no es un acto de responsabilidad; es la búsqueda de un escudo jurídico para cubrir la negligencia y evadir el cumplimiento forzoso de las sentencias locales”.
De igual forma, el activista precisó que la prórroga fáctica que pretende imponer el Congreso del Estado desobedece directamente el bloque de convencionalidad, particularmente los artículos 6 y 7 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que obligan al Estado mexicano a realizar consultas de buena fe, de manera previa e informada a las comunidades antes de tomar medidas legislativas que les afecten.
“Diseñar un protocolo a espaldas de las autoridades tradicionales indígenas vulnera la naturaleza misma de este derecho convencional. El uso del retraso institucional como estrategia política para congelar los derechos indígenas no pasará desapercibido; la batalla jurídica continuará en los tribunales para obligar a los legisladores a acatar la ley y respetar la dignidad de los pueblos originarios de San Luis Potosí”.
