Fernanda Durán
La diputada presidenta de la Comisión de Movilidad, Comunicaciones y Transportes del Congreso del Estado, Jacqueline Jáuregui Mendoza, reconoció que la actual legislatura no ha sostenido recientemente reuniones con los colectivos impulsores de la iniciativa ciudadana de Ley de Movilidad y Seguridad Vial, conocida como Ley Santi, pese al juicio promovido ante el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí (TEESLP) por la falta de avance legislativo.
El juicio, identificado como TESLP/JDC/09/2026, fue promovido por integrantes de colectivos de movilidad que acusan al Congreso del Estado de omitir el trámite legislativo de la propuesta presentada desde marzo de 2024. El Tribunal concedió una audiencia para que los promoventes expongan directamente las afectaciones que, aseguran, les genera la inacción legislativa.
Cuestionada sobre el estado actual de la iniciativa, Jáuregui Mendoza admitió que no ha existido un nuevo acercamiento con los colectivos desde la última reunión sostenida, pero “no es porque no queramos, sino por motivos de agenda”.
La legisladora explicó que el tema es trabajado junto con el diputado Luis Emilio Rosas Montiel y que la diputada Antonia Castro Castañeda se incorporará como diputada suplente a las mesas de análisis. Sin embargo, aún no existe una fecha programada para retomar formalmente las reuniones con las organizaciones promoventes.
“Todavía no está planeado el día, pero sí tenemos que tenerlo (…) ya hicimos un compromiso y pues ahora sí que tenemos que cumplir nuestro trabajo”.
Sobre el avance legislativo, indicó que el dictamen continúa “en mesa de trabajo” y justificó el retraso con que siguen pendientes consultas y revisiones técnicas relacionadas con infraestructura y presupuesto.
“La consulta sí está pendiente (…) no estamos hablando de un tema muy fácil, sí es un tema delicado y sí es un tema en donde sí va a existir un gran presupuesto que se tiene que dar, tanto municipio como Gobierno del Estado”.
Las declaraciones ocurrieron mientras colectivos cuestionan que la iniciativa siga sin dictaminarse pese a los plazos establecidos en el Reglamento del Congreso del Estado. El artículo 88 señala que las iniciativas deben resolverse en un máximo de diez meses, salvo aquellas que requieran consulta pública.
Por ello, la diputada negó que el proyecto haya quedado fuera de tiempo. “Todavía no pasa el tiempo (…) lo importante es dar solución”.
Jáuregui Mendoza también señaló que uno de los puntos que ha complicado el análisis es la implementación de infraestructura ciclista en zonas como el Centro Histórico.
“No es tan fácil como a veces uno piensa (…) sí se tienen que medir muchas circunstancias”, comentó al referirse a las calles estrechas y a la convivencia entre peatones, ciclistas y automovilistas.
La Ley Santi fue presentada formalmente en marzo de 2024 como una iniciativa ciudadana para expedir una Ley Estatal de Movilidad y Seguridad Vial. La propuesta surgió tras años de exigencias de colectivos y fue nombrada en honor al activista Roberto Josué Rodríguez Santiago.
Aunque en mayo de 2024 el Congreso aprobó la armonización de diversos ordenamientos de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial— con dos años de retraso y tras presiones derivadas de un amparo y exhortos federales—, organizaciones como Pedaleando SLP advirtieron que aquello era solo un primer paso y que seguía pendiente una legislación estatal integral.
