Fernanda Durán
Durante años, las exigencias del gremio periodístico hacia el Congreso del Estado parecían repetirse como un disco rayado. Cambiaban los diputados, cambiaban las presidencias de las comisiones, pero el fondo permanecía intacto: reuniones esporádicas, promesas de diálogo y una Comisión Especial de Atención a Periodistas que, en más de una ocasión, fue calificada por los propios comunicadores como un simple “florero”.
Han pasado cerca de cuatro años y, aunque el escenario conserva muchas similitudes, hay una diferencia que resulta preocupante: la simulación dio paso a un contexto más riesgoso.
Antes, las omisiones se limitaban al desinterés. Hoy se suman iniciativas legislativas, denuncias contra periodistas y una narrativa cada vez más cómoda con la idea de regular expresiones críticas bajo distintos argumentos. La preocupación ya no es únicamente que el Congreso no escuche al gremio; ahora también existe el temor de que algunas reformas terminen convirtiéndose en herramientas para inhibir la libertad de expresión.
Durante la LXIII Legislatura, integrantes del propio Mecanismo Estatal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas llegaron a exigir la destitución de la diputada Gabriela Martínez Lárraga como representante del Poder Legislativo dentro del mecanismo. La acusaban de mantener una representación ausente y de encabezar una comisión incapaz de responder a la crisis de agresiones contra periodistas.
Las críticas no se limitaron a esa representación. La propia Comisión Especial de Atención a Periodistas, entonces presidida por el diputado del PVEM Eloy Franklin Sarabia, también fue señalada por la falta de seguimiento a los acuerdos y por la escasa actividad del órgano. Periodistas cuestionaron que las reuniones fueran cada vez más esporádicas y que los compromisos asumidos con el gremio permanecieran sin avances. La presión terminó derivando en su relevo al frente de la comisión, cargo que pasó a manos de otra diputada de la misma bancada.
Se habló de simulación, abandono institucional y de un Congreso que únicamente aparecía cuando había fotografías de por medio. Sin embargo, todo quedó ahí. Hubo reclamos públicos, exigencias y posicionamientos, pero prácticamente ninguna consecuencia.
El cambio de nombres nunca implicó un cambio de fondo. Se sustituyeron presidencias, pero no la forma en que el Congreso se relacionaba con el gremio.
La actual legislatura comenzó siguiendo esa misma ruta.
Apenas en febrero de 2025, periodistas de la Huasteca presentaron una queja contra la diputada del PVEM Roxana Hernández Ramírez luego de que, por error, les enviara un mensaje en el que presuntamente los calificaba de “güeyes”, “gente corriente” y afirmaba que “no tienen nada de intelecto”. El caso generó semanas de críticas, solicitudes de investigación y llamados a sancionar la conducta. Con el paso de los meses, el tema simplemente desapareció de la agenda pública.
Meses después ocurrió otra paradoja.
En septiembre de 2025, durante el Día Internacional del Periodista, varios diputados reconocieron públicamente el rezago en la atención al gremio. Marco Gama afirmaba que existía disposición para retomar la comisión. Carlos Arreola hablaba incluso de un pendiente legislativo. Héctor Serrano justificaba que no se hubiera instalado porque, según dijo entonces, “no había un asunto específico” que la hiciera necesaria. Pero el reconocimiento tampoco se tradujo en acciones concretas.
Hoy, con un debate abierto sobre la utilización del derecho penal frente al ejercicio periodístico, resulta inevitable preguntarse si ese asunto específico finalmente apareció.
Vale también una autocrítica. A veces pareciera que el propio gremio también cae en la lógica de la coyuntura. Se exige con fuerza cuando ocurre un agravio inmediato, pero pocas veces existe la misma constancia para empujar reformas de largo alcance o dar seguimiento a compromisos incumplidos del Congreso o de otras instituciones. Así, la indignación dura días; el rezago institucional, en cambio, lleva años acumulándose.
Ahora la preocupación adquiere otra dimensión por la integración de la propia Comisión Especial de Atención a Periodistas. Resulta difícil ignorar que algunos de sus integrantes han protagonizado episodios que inevitablemente los colocan en tensión con el ejercicio periodístico.
Sara Rocha Medina denunció al periodista y columnista Juan José Rodríguez por presunta violencia política contra las mujeres en razón de género. La Sala Regional Monterrey terminó desechando el asunto y recordó un principio básico de cualquier democracia: quienes ejercen cargos públicos están sujetos a un mayor nivel de escrutinio y crítica.
Héctor Serrano Cortés, por su parte, ha promovido la iniciativa para sancionar el uso indebido de inteligencia artificial y también presentó una denuncia penal contra el periodista Juan Pablo Moreno, director de Revista La Noticia, además de anunciar que también recurrirá a la vía civil.
Marco Antonio Gama Basarte preside la Comisión de Derechos Humanos. Durante buena parte de la legislatura defendió el actuar de la Comisión Estatal de Derechos Humanos pese a las críticas de colectivos y organizaciones. Sólo recientemente ha reconocido la necesidad de revisar su funcionamiento, aunque ese cambio de discurso todavía no se refleja en una verdadera exigencia institucional hacia el organismo.
Y sobre otros integrantes, como Dolores Robles Chairez, poco puede decirse en materia de defensa del ejercicio periodístico. Su trabajo legislativo se ha concentrado principalmente en los temas presupuestales.
Nada de esto significa que quienes integran la comisión no puedan desempeñar adecuadamente esa responsabilidad. Pero sí obliga a formular una pregunta incómoda: ¿quién vigila los derechos de la prensa cuando algunos de sus representantes han mantenido confrontaciones con ella o han impulsado acciones que terminan afectando el debate público?
La Comisión Especial de Atención a Periodistas no necesita convertirse en un espacio de respaldo corporativo para los medios. Su función tampoco consiste en proteger a periodistas de las críticas.
Su verdadera responsabilidad debería ser mucho más sencilla y mucho más importante: garantizar que ninguna ley, ninguna institución y ningún servidor público utilicen el poder para inhibir el derecho a informar.
Porque el mayor riesgo para la libertad de expresión rara vez aparece de un día para otro. Empieza, casi siempre, con pequeñas normalizaciones: con comisiones que dejan de escuchar, con reclamos que nunca encuentran respuesta, con mecanismos que únicamente existen en el papel.
Y cuando finalmente llegan las reformas, las denuncias y los intentos por regular aquello que incomoda al poder, quizá ya sea demasiado tarde para recordar que todo comenzó con una simple simulación.
Y ya estando…
NEGOCIAR DESDE LA DEBILIDAD: El verdadero mensaje del registro de Morena no estuvo en quienes se apuntaron, sino en quienes no aparecieron. San Luis Potosí llegó al proceso interno sin una figura dominante, sin un liderazgo indiscutible y con un partido dividido entre corrientes que llevan años disputándose el control político sin traducir esa lucha en cuadros competitivos. La ausencia del PVEM, el registro de Gerardo Sánchez Zumaya por el PT y una lista integrada, en su mayoría, por perfiles de alcance local terminaron retratando a un Morena que, al menos en esta primera etapa, luce desdibujado frente al escenario de 2027.
Quizá ahí radique una de las mayores dificultades de Morena para negociar con el Partido Verde en San Luis Potosí. Mientras el gallardismo llega a la mesa con una aspirante claramente identificada y una estructura de poder en funciones, Morena arribó a su proceso interno sin un liderazgo estatal capaz de equilibrar esa negociación. El margen para imponer condiciones se reduce y la tentación de ceder aumenta… otra vez.
LEGISLAR, CORREGIR Y REPETIR: Resulta difícil entender cómo un Congreso con decenas de asesores termina aprobando reformas que, apenas unos meses después, necesitan ser corregidas porque omitieron aspectos básicos de su aplicación. La reforma judicial ya tuvo marcha atrás en puntos centrales entre sus ajustes técnicos y políticos; mientras la extinción de la CEGAIP requirió modificar el propio régimen transitorio para evitar dejar acéfalo al organismo. Más que ajustes, el Congreso parece dedicar buena parte de su tiempo a corregir errores que pudieron evitarse si las reformas hubieran sido revisadas con mayor cuidado desde el principio.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Es Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Actualmente se desempeña como reportera en Astrolabio Diario Digital y ha colaborado en El Sol de San Luis, donde fue jefa de información. Su trabajo se enfoca en la cobertura de temas políticos, judiciales y derechos humanos, con experiencia en medios digitales e impresos.
