Estela Ambriz Delgado
A las 12:00 horas de este 7 de julio está programada la diligencia para que la agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación y Litigación, con sede en Tampamolón Corona, dé cumplimiento a la suspensión provisional que ordena la restitución de las tierras y viviendas a la población tének y nahua que fue desalojada del predio La Peña, en la localidad Agua Fría.
El secretario del comité estatal de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) Pedro González Gómez, informó que luego de ser notificados sobre la fecha fijada para la diligencia, el pasado viernes 3 de julio realizaron una reunión con los afectados y abogados de la Defensoría Social Federal, para tomar diversos acuerdos en respaldo de la comunidad indígena.
En la reunión se acordó solicitar el apoyo de la Guardia Nacional, lo que fue formalizado mediante el oficio UG/SLP/137/2026 de la Unidad de Gobierno de la representación estatal de la Secretaría de Gobierno, en el que se pide la presencia de elementos al coordinador estatal de la GN General de Brigada, Jorge Enrique Martínez Medina. Esto a solicitud de la representación estatal del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI).
Al respecto, González Gómez indicó que es fundamental resguardar la seguridad de las familias que el pasado 9 de junio fueron desalojadas con violencia, y garantizar que todo se lleve a cabo con civilidad, principalmente porque existe temor de que se repitan agresiones de parte elementos municipales y de la Guardia Civil Estatal, por lo que es necesario que haya una autoridad superior que impida la violencia.
Además, informó que también se acordó que si las cosas no se hacen como se debe de ser, porque se ha evidenciado que buscan sesgar el mandamiento del juez, harán una visita a Palacio Nacional a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y también irá una comisión a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“Si no se aplica la ley correctamente y tratan de hacernos chanchullo, nos moveremos a la Ciudad de México como ya lo teníamos planeado”, advirtió el secretario.
Esta diligencia fue acordada a casi dos semanas de que se emitió la resolución por del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, hecha en acatamiento al fallo del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito sobre la Queja Penal 195/2026, debido a la imposibilidad de notificar al Ministerio Público, lo que llevó a que se vinculara a la Fiscalía General del Estado (FGE), en su calidad de superior jerárquico, para que gestionara el cumplimiento de la orden emitida.
