Fernanda Durán
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad promovidas contra la reforma político-electoral de San Luis Potosí, entre ellas una presentada por el partido político Somos México y otra por el Poder Ejecutivo Federal, ambas registradas esta semana.
De acuerdo con la lista de notificaciones de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad, las demandas quedaron registradas como las acciones de inconstitucionalidad 94/2026 y su acumulada 98/2026, promovidas por Somos México y el Poder Ejecutivo Federal, respectivamente.
Con esta determinación, la Comisión de Receso de la SCJN resolvió admitir ambos medios de control constitucional por haber sido promovidos por partes legitimadas y de manera oportuna.
Asimismo, dio vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo estatal para que rindan sus informes; ordenó dar traslado a la Fiscalía General de la República; solicitó a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitir una opinión sobre los medios de control constitucional, y requirió al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) informar la fecha de inicio del próximo proceso electoral en la entidad.
También pidió al Instituto Nacional Electoral (INE) remitir copia certificada de los estatutos vigentes de Somos México, así como documentación para acreditar el registro y representación legal del partido.
La impugnación de Somos México busca la invalidez del Decreto 0571, mediante el cual el Congreso del Estado reformó la Constitución local, la Ley Electoral, la Ley Orgánica del Municipio Libre y la Ley de Control de Confianza. El partido argumenta que las modificaciones fueron aprobadas sin realizar previamente consultas a pueblos y comunidades indígenas, personas afromexicanas y con discapacidad, pese a una sentencia previa de la propia Suprema Corte que ordenó llevar a cabo esos procesos de consulta.
Entre las reformas cuestionadas se encuentran la reducción de dos a una sindicatura en los ayuntamientos, cambios en la integración de planillas municipales, la incorporación de evaluaciones voluntarias de control de confianza para aspirantes a cargos de elección popular y el registro electrónico de candidaturas, entre otras disposiciones.
Hasta ahora, el contenido de la acción promovida por el Poder Ejecutivo Federal aún no es público; sin embargo, su presentación implica que el Gobierno de México también solicitó a la SCJN revisar la constitucionalidad de la reforma electoral aprobada por el Congreso potosino.
