Vence plazo para reformas electorales; Congreso apuesta por sostener decretos impugnados

Fernanda Durán

El Congreso del Estado quedó impedido, a partir de esta semana, para realizar nuevas modificaciones sustanciales a las reglas que regirán el proceso electoral de 2027, debido al periodo de 90 días previo a su inicio; en este escenario, las posibles variaciones al marco aprobado dependerán ahora de lo que resuelva la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre las acciones de inconstitucionalidad que se encuentran en trámite, explicó el presidente de la Comisión de Régimen Interno y Asuntos Electorales, Rubén Guajardo Barrera.

El legislador señaló que, con el proceso electoral programado para iniciar el próximo 15 de noviembre, concluyó la etapa en la que el Poder Legislativo podía intervenir sobre estas reglas.

“Ahora sí, ya cerramos, ya cerramos la defensa en los 90 días”, expresó.

Guajardo explicó adicionalmente:

“En el Congreso ya no podemos hacer nada, ya se cerró esta etapa. Ahora vamos a pasar a ver qué va a decir la Suprema Corte de Justicia de la Nación con las diferentes controversias que en su momento presentó el gobierno federal, así como el partido político Morena y Somos México”.

La presidenta de la Directiva, Sara Rocha Medina, confirmó por separado que el Congreso ya presentó formalmente sus respuestas ante la Suprema Corte por las acciones de inconstitucionalidad recibidas, aunque hasta el momento no existe una fecha para que sean resueltas.

Una de las controversias corresponde al Decreto 0539, impugnado por Morena y el Poder Ejecutivo Federal mediante las acciones de inconstitucionalidad 81/2026 y 86/2026, respectivamente. Ambas cuestionan las reglas de alternancia de género establecidas para las candidaturas a la gubernatura.

El decreto incorporó la alternancia a la Constitución local y a la Ley Electoral, pero mediante su artículo segundo transitorio permitió que en 2027 los partidos y coaliciones postulen libremente a personas de cualquier género y aplazó la aplicación de la regla hasta la elección de 2033.

Guajardo adelantó que precisamente ese desfase temporal formará parte de los argumentos con los que el Congreso defenderá la reforma ante la Corte.

“Pues esa sería la defensa, o sea, no aplica para el 2027, aplica hasta el 2033, entonces independientemente que pidan que nos modificamos, pues no es un efecto que vaya a aplicarse para el 2027, entonces no tendría ningún perjuicio en las elecciones del 2027, pues creo que por ahí puede desecharse, pero bueno, vamos a esperar”.

La reforma establece que el género de la candidatura registrada por cada partido en 2027 será la referencia para aplicar la alternancia seis años después. Además, contempla una excepción favorable a las mujeres: cuando por alternancia corresponda postular a un hombre, el partido podrá optar nuevamente por una candidata mujer.

Defienden que no era necesaria consulta

Un segundo bloque corresponde al Decreto 0571, impugnado por Somos México y nuevamente por el Ejecutivo Federal. Entre los argumentos planteados contra esta reforma se encuentra que el Congreso volvió a modificar disposiciones electorales sin realizar consultas a pueblos y comunidades indígenas, personas afromexicanas y personas con discapacidad.

Sobre este punto, Guajardo adelantó que la defensa del Congreso partirá de considerar que los cambios realizados no afectaron derechos de los pueblos indígenas y, por tanto, a juicio de los legisladores no existía materia que hiciera necesaria una nueva consulta.

“La verdad es que no se hizo ninguna consulta porque no hay ninguna modificación en parte de la Ley Electoral que nosotros veamos o hayamos visto que trastoque los derechos de los indígenas”.

El legislador también se refirió a las nuevas evaluaciones de control de confianza previstas para aspirantes a cargos de elección popular, otro de los cambios contenidos en el decreto. Consideró que, al tener carácter voluntario, no restringen el derecho a votar y ser votado.

“Como es algo novedoso habría que valorar, aunque desde mi punto de vista, como al no ser obligatorios, pues no violentan los derechos humanos, pero vamos a esperar a ver qué dice la Suprema”.

Guajardo reconoció que todavía no existe una fecha para que la SCJN resuelva las acciones, pero consideró:

“Nuestro proceso electoral empieza el 15 de noviembre, esperemos que antes de que inicie el proceso electoral ya esté definido en este caso la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre todo para tener unas reglas claras para el proceso 2027”.

El diputado defendió en términos generales la reforma electoral aprobada durante los últimos meses y señaló que incluye medidas para incrementar la participación de mujeres, jóvenes y pueblos indígenas, aunque recordó:

“Hay cosas también en las que el PAN no estuvo a favor, como lo que pasó la semana pasada, que fue la reducción de los tiempos para precampaña. ¿Por qué? Porque creo que es un tiempo que se le está quitando a la oposición para dar a conocer las diferentes propuestas en una etapa de precampaña”.

Con el cierre del periodo constitucional para modificar las reglas electorales y las respuestas del Congreso ya entregadas, el futuro de las disposiciones impugnadas queda ahora sujeto a las resoluciones de la Suprema Corte, mientras se aproxima el inicio del proceso electoral 2026-2027.