Por Victoriano Martínez
Para el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, licenciado en Derecho por el Instituto Panamericano de Estudios Superiores Abiertos y a Distancia con cédula profesional 11248575 emitida el 31 de agosto de 2018, los juicios de amparo y cualquier medio para reclamar apego a las normas establecidas es un acto que pretende frenarlo.
“Tratan de frenarnos a toda costa, se valen de amparos para que las cosas permanezcan igual que como hace cuarenta años”, dijo durante el mensaje que dio con motivo de su 5º Informe (minuto 2:33:40) el pasado lunes 21.
Una postura que, llevada al colmo, resulta que un juicio de amparo, según Gallardo Cardona, también es utilizado para frenar su determinación para frenar a su vez las obras de otra autoridad, al regatear la autorización de 14 obras de infraestructura municipal.
“Temas que son 100 por ciento administrativos, llevarlos a la Corte es una tontería […] La verdad que el municipio ya anda divagando mucho”, expresó luego de la que Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió una suspensión parcial al Ayuntamiento y ordenó a la Contraloría estatal pronunciarse sobre cada una de las solicitudes de autorización de licitaciones de obra frenadas.
En su afán por descalificar la medida tomada por el Ayuntamiento, Gallardo Cardona exhibe dos conceptos en los que tiene a la SCJN muy alejados de su carácter de institución de control constitucional: (1) la Corte puede ser utilizada como instrumento para gestionar tonterías y (2) se las toma en serio al darles trámite y dar la razón, así sea parcialmente, a quienes así la utilizan.
La más reciente acción de la gallardía en la que la SCJN es utilizada para frenar una de sus pretensiones tiene que ver con la alternancia de género para las candidaturas a la gubernatura cuyas acciones de inconstitucionalidad 81/2026 y su acumulada 86/2026, promovidas por Morena y el Ejecutivo Federal, respectivamente, serán resueltas el próximo lunes.
Entre que son una forma de frenarlo y los llega a calificar algunos casos como tonterías, descalificar de esa manera los instrumentos que abren la posibilidad de que sus actos se sometan a un control de legalidad es más un indicador de lo poco que le importa cumplir con las leyes al evadir justificar sus determinaciones y demostrar que se apegan a Derecho.
Y los juicios de amparo que ha enfrentado así lo han logrado exhibir. En las obras del barrio de San Miguelito quedó expuesto que pretendía realizar una obra que atentaba contra el patrimonio cultural, sin autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia y hasta sin consideraciones a un proyecto inclusivo que respetara las condiciones de movilidad de adultos mayores y personas con discapacidad.
El caso del Cristo en Joya Honda exhibió que tampoco tenía intenciones de respetar un área Natural Protegida. La lista es larga e incluye obras que consumó a pesar de no existir resolución en los juicios de amparo, como la de la Arena Potosí y el balneario Dinoasis.
Una condición que pretendió imponer desde que inició su administración, pero no en todos los casos lo logró, incluso sin que se recurriera a un juicio de amparo, como ocurrió con la pretendida remodelación de la Alameda Juan Sarabia, que incluía puentes peatonales atirantados y que se quedó a la espera de la autorización del INAH.
Ante los cuestionamientos, y aun sin esperar la respuesta del INAH, Gallardo Cardona reaccionó con la advertencia de que no le importaba tomar en cuenta los señalamientos.
“No, porque ya después decían que la cantera, que era histórica, y bueno, puras tonterías alegaron, la verdad es que es gente que no hace ni deja hacer nada, nadie se acordaba de Alameda hasta que yo fui a revisarla para poder hacerle algo y todo mundo brincó, entonces, de todos modos la vamos hacer”, dijo.
Así, una de las características del sexenio es que no se puede exigir apego a la legalidad, respeto al patrimonio histórico, preservar áreas naturales protegidas o impulso a las acciones inclusivas porque hacerlo, así sea por las vías legales que están disponibles, es frenar las acciones impuestas por este gobierno y, según el licenciado en Derecho Gallardo Cardona, hasta tonterías.
